Ante la solicitud de los diputados Alberto Robles (PRSD), Pedro Araya (PRI), Enrique Jaramillo (PPD), José Pérez Arriagada (PRSD) y Marcelo Schilling (PS) de incorporar al personal de servicio a personas con quienes tienen lazos de parentesco, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara cerró la puerta.
En el caso de Robles, el diputado radical había pedido la incorporación de su pareja, siendo rechazada por unanimidad. En las demás resoluciones sobre las peticiones de los parlamentarios, no se especificó el grado de parentesco ni el número de personas con dicha condición que cada diputado pidió contratar como asesor.
Según la normativa vigente, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias establece que los congresistas deben efectuar este paso para velar por la transparencia en la selección del personal que presta servicios de ayuda a su labor legislativa.
El diputado DC Patricio Vallespín, presidente de la comisión que rechazó la solicitud, señaló que se ciñeron a lo que dispone la ley, es decir, que en este caso no se cumplía con la excepcionalidad significativa, por lo que los solicitantes deben desistir.
“Las presentaciones que se hicieron fue que en algunos casos que era un abogado muy connotado, que hacía bien su trabajo, era una persona de mucha confianza, el conductor que tenía mucha experiencia. Son todas razones que la puede cumplir cualquier otra persona, no necesariamente un pariente. Esa excepcionalidad significativa tiene que ver, por ejemplo, cuando algún parlamentario tiene algún tipo de discapacidad o inconveniente significativo, pero hasta el minuto no ha llegado ninguna solicitud que a nuestro modo de ver tenga peso suficiente”, indicó Vallespín.
María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la Corporación Participa, valoró que se cumpla con un procedimiento que está establecido y recordó que se trata de una excepción a la norma, porque generalmente no pueden hacerse ese tipo de contrataciones.
“No por el hecho de que se haya dicho que no, sino porque hay un procedimiento establecido que se lleva por parte de los diputados que hacen la solicitud, que es totalmente legítima todavía por ley; por parte de la comisión que define; y ahora lo que corresponde es que se acate lo que definió la comisión. Eso es un buen signo y es que las cosas están funcionando como tienen que funcionar”, sostuvo De Ferrari.
Por su parte, Juan José Soto, gerente general de la Fundación Ciudadano Inteligente, destacó el hecho como “extremadamente positivo”, pues reafirma el anhelo de la ciudadanía de una transparencia absoluta en el trabajo parlamentario y que idealmente se corten los vínculos entre parientes y legisladores.
“Más allá de que un pariente pueda hacer un muy buen trabajo es mucho mejor para el sistema y la imagen del sistema que esto se separe y que no dé espacio a ningún tipo de comentarios malintencionados. Hacen muy bien los diputados, porque al cortar esta relación entre sus parientes y ellos mismos, y el pago que hace que es de todos los chilenos, cortan cualquier comentario o suspicacia que se pueda dar y eso, finalmente, refuerza al sistema político en su totalidad”, aseguró Soto.
El integrante de Ciudadano Inteligente contrastó esta información positiva a otros episodios cuestionados por la sociedad civil como el aumento de la asignación de los senadores en dos millones de pesos y la entrega de “I-Pad 2” para los diputados.
Cabe recordar que numerosos parlamentarios han contratado a familiares, entre ellos, el diputado Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Marisol Turres, y Jorge Tarud, aunque uno de los más recordado es el ex senador socialista Jaime Naranjo que no reconoció trabajar con su esposa en un programa de televisión en 2002.
Ante la solicitud de los diputados Alberto Robles (PRSD), Pedro Araya (PRI), Enrique Jaramillo (PPD), José Pérez Arriagada (PRSD) y Marcelo Schilling (PS) de incorporar al personal de servicio a personas con quienes tienen lazos de parentesco, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara cerró la puerta.
En el caso de Robles, el diputado radical había pedido la incorporación de su pareja, siendo rechazada por unanimidad. En las demás resoluciones sobre las peticiones de los parlamentarios, no se especificó el grado de parentesco ni el número de personas con dicha condición que cada diputado pidió contratar como asesor.
Según la normativa vigente, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias establece que los congresistas deben efectuar este paso para velar por la transparencia en la selección del personal que presta servicios de ayuda a su labor legislativa.
El diputado DC Patricio Vallespín, presidente de la comisión que rechazó la solicitud, señaló que se ciñeron a lo que dispone la ley, es decir, que en este caso no se cumplía con la excepcionalidad significativa, por lo que los solicitantes deben desistir.
“Las presentaciones que se hicieron fue que en algunos casos que era un abogado muy connotado, que hacía bien su trabajo, era una persona de mucha confianza, el conductor que tenía mucha experiencia. Son todas razones que la puede cumplir cualquier otra persona, no necesariamente un pariente. Esa excepcionalidad significativa tiene que ver, por ejemplo, cuando algún parlamentario tiene algún tipo de discapacidad o inconveniente significativo, pero hasta el minuto no ha llegado ninguna solicitud que a nuestro modo de ver tenga peso suficiente”, indicó Vallespín.
María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la Corporación Participa, valoró que se cumpla con un procedimiento que está establecido y recordó que se trata de una excepción a la norma, porque generalmente no pueden hacerse ese tipo de contrataciones.
“No por el hecho de que se haya dicho que no, sino porque hay un procedimiento establecido que se lleva por parte de los diputados que hacen la solicitud, que es totalmente legítima todavía por ley; por parte de la comisión que define; y ahora lo que corresponde es que se acate lo que definió la comisión. Eso es un buen signo y es que las cosas están funcionando como tienen que funcionar”, sostuvo De Ferrari.
Por su parte, Juan José Soto, gerente general de la Fundación Ciudadano Inteligente, destacó el hecho como “extremadamente positivo”, pues reafirma el anhelo de la ciudadanía de una transparencia absoluta en el trabajo parlamentario y que idealmente se corten los vínculos entre parientes y legisladores.
“Más allá de que un pariente pueda hacer un muy buen trabajo es mucho mejor para el sistema y la imagen del sistema que esto se separe y que no dé espacio a ningún tipo de comentarios malintencionados. Hacen muy bien los diputados, porque al cortar esta relación entre sus parientes y ellos mismos, y el pago que hace que es de todos los chilenos, cortan cualquier comentario o suspicacia que se pueda dar y eso, finalmente, refuerza al sistema político en su totalidad”, aseguró Soto.
El integrante de Ciudadano Inteligente contrastó esta información positiva a otros episodios cuestionados por la sociedad civil como el aumento de la asignación de los senadores en dos millones de pesos y la entrega de “I-Pad 2” para los diputados.
Cabe recordar que numerosos parlamentarios han contratado a familiares, entre ellos, el diputado Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Marisol Turres, y Jorge Tarud, aunque uno de los más recordado es el ex senador socialista Jaime Naranjo que no reconoció trabajar con su esposa en un programa de televisión en 2002.
Ante la solicitud de los diputados Alberto Robles (PRSD), Pedro Araya (PRI), Enrique Jaramillo (PPD), José Pérez Arriagada (PRSD) y Marcelo Schilling (PS) de incorporar al personal de servicio a personas con quienes tienen lazos de parentesco, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara cerró la puerta.
En el caso de Robles, el diputado radical había pedido la incorporación de su pareja, siendo rechazada por unanimidad. En las demás resoluciones sobre las peticiones de los parlamentarios, no se especificó el grado de parentesco ni el número de personas con dicha condición que cada diputado pidió contratar como asesor.
Según la normativa vigente, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias establece que los congresistas deben efectuar este paso para velar por la transparencia en la selección del personal que presta servicios de ayuda a su labor legislativa.
El diputado DC Patricio Vallespín, presidente de la comisión que rechazó la solicitud, señaló que se ciñeron a lo que dispone la ley, es decir, que en este caso no se cumplía con la excepcionalidad significativa, por lo que los solicitantes deben desistir.
“Las presentaciones que se hicieron fue que en algunos casos que era un abogado muy connotado, que hacía bien su trabajo, era una persona de mucha confianza, el conductor que tenía mucha experiencia. Son todas razones que la puede cumplir cualquier otra persona, no necesariamente un pariente. Esa excepcionalidad significativa tiene que ver, por ejemplo, cuando algún parlamentario tiene algún tipo de discapacidad o inconveniente significativo, pero hasta el minuto no ha llegado ninguna solicitud que a nuestro modo de ver tenga peso suficiente”, indicó Vallespín.
María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la Corporación Participa, valoró que se cumpla con un procedimiento que está establecido y recordó que se trata de una excepción a la norma, porque generalmente no pueden hacerse ese tipo de contrataciones.
“No por el hecho de que se haya dicho que no, sino porque hay un procedimiento establecido que se lleva por parte de los diputados que hacen la solicitud, que es totalmente legítima todavía por ley; por parte de la comisión que define; y ahora lo que corresponde es que se acate lo que definió la comisión. Eso es un buen signo y es que las cosas están funcionando como tienen que funcionar”, sostuvo De Ferrari.
Por su parte, Juan José Soto, gerente general de la Fundación Ciudadano Inteligente, destacó el hecho como “extremadamente positivo”, pues reafirma el anhelo de la ciudadanía de una transparencia absoluta en el trabajo parlamentario y que idealmente se corten los vínculos entre parientes y legisladores.
“Más allá de que un pariente pueda hacer un muy buen trabajo es mucho mejor para el sistema y la imagen del sistema que esto se separe y que no dé espacio a ningún tipo de comentarios malintencionados. Hacen muy bien los diputados, porque al cortar esta relación entre sus parientes y ellos mismos, y el pago que hace que es de todos los chilenos, cortan cualquier comentario o suspicacia que se pueda dar y eso, finalmente, refuerza al sistema político en su totalidad”, aseguró Soto.
El integrante de Ciudadano Inteligente contrastó esta información positiva a otros episodios cuestionados por la sociedad civil como el aumento de la asignación de los senadores en dos millones de pesos y la entrega de “I-Pad 2” para los diputados.
Cabe recordar que numerosos parlamentarios han contratado a familiares, entre ellos, el diputado Pedro Araya, Gabriel Ascencio, Marisol Turres, y Jorge Tarud, aunque uno de los más recordado es el ex senador socialista Jaime Naranjo que no reconoció trabajar con su esposa en un programa de televisión en 2002.
