De acuerdo con Débora Aranha, presidente del MCTP, el Movimiento está dialogando con los integrantes de las Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) sobre el Tráfico de Personas instaladas en el Senado Federal y en la Cámara de Diputados y también ya denunció el caso a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés). A comienzos de este mes, la denuncia por la omisión del Estado brasilero fue realizada por medio de una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA). El objetivo fue conseguir el apoyo del organismo para encontrar mecanismos jurídicos legales de protección a los Derechos Humanos e investigar el caso con rigor.

 El año pasado hubo una gran movilización por parte de la sociedad civil organizada a causa de la formulación del II Plan. Se realizaron plenarias y consultas a fin de que la población pudiera discutir el tema y hacer sugerencias. Según Débora, una de las propuestas presentadas por el MCTP fue la ampliación del plazo de vigencia del Plan. El I sólo duró dos años, plazo considerado insuficiente. “La cuestión es compleja y necesitamos acciones de mediano a largo plazo. No va a ser en dos años que vamos dar una respuesta a la altura de un delito como el tráfico de seres humanos”, explica.

A pesar de la amplia participación popular, hoy los movimientos y organizaciones que contribuyeron y la misma sociedad están sin respuesta o justificación. No se sabe cuándo se implantará el Plan, ni mucho menos si se finalizará. El Comité Nacional de Enfrentamiento al Tráfico de Personas, que también ya debería estar estructurado y en funcionamiento, se encuentra en la misma situación.

“Esa situación no tiene justificación. No se puede justificar la omisión del Estado. En 2010 terminó el I Plan y estamos desde hace casi un año y medio sin Plan de enfrentamiento al tráfico de personas. No tenemos cómo justificar esta situación a las víctimas. Queremos que el II Plan salga del papel lo más rápido posible, lo que sólo puede ocurrir mediante un decreto de la presidencia”, critica Débora.

Con la ausencia del plan para enfrentar uno de los delitos más lucrativos del planeta, buena parte de las acciones que comenzaron a funcionar con la implementación del I Plan están paradas. La presidente del Movimiento Contra el Tráfico de Personas denuncia que hubo una evidente discontinuidad de servicios como el hotline (línea telefónica que funciona las 24 horas para recibir denuncias de tráfico de personas), iniciativas de protección a las víctimas, comités estaduales, además del retroceso en los trabajos por falta de monitoreo, presupuesto y por omisión del Estado.

“Nuestra demanda es que los servicios no se discontinúen, que las políticas públicas de enfrentamiento al tráfico de personas sean prioridad del Estado y principalmente que la vida humana sea tratada con el respeto que se merece”, apela.

Ante esta realidad, el Movimiento Contra el Tráfico de Personas y las organizaciones que lo componen denuncian la lentitud en el lanzamiento y la implementación del II Plan Nacional de Enfrentamiento y piden que el Gobierno brasilero se manifieste a fin de impedir que las políticas de prevención, represión y responsabilización de los acusados y de protección a las personas en situación de tráfico sean todavía más perjudicadas, permitiendo la violación de los derechos humanos de cientos de brasileros y brasileras