Un llamado a no intimidar a la ciudadanía con sus declaraciones a favor de la construcción de la termoeléctrica Castilla fue la petición concreta que realizó un grupo de activistas de Greenpeace Chile, en el edificio de una de las compañías a cargo del proyecto, la brasileña MPX.
Los ambientalistas desplegaron un lienzo de poco más de 10 metros, a 17 pisos de altura, con las consignas “El carbón mata” y “Castilla es ilegal”.
Esto último, en referencia a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que consideró como ilegal el proceder del seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien modificó la calificación ambiental del proyecto, lo que permitió, en su momento, la aprobación de la central.
Mientras el proyecto se encuentra estancado, a la espera que la Corte Suprema defina su futuro, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que “estamos exigiendo que se respete el estado de Derecho, que la empresa cese y desista de mantener esta inversión que es nefasta para el país, que va a destruir una zona de alto valor para nosotros y para las comunidades que viven ahí”.
“Por el contrario, lo que deberíamos estar exigiendo es -si hay tanta intención de generación de energía- una co-responsabilidad en la inversión en energías renovables no convencionales de bajo impacto, sustentables, y una inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Queremos que la central Castilla desista, que sea un sueño solo en la cabeza de quienes hoy creen que el carbón es una alternativa para Chile”, agregó.
El ambientalista denunció que la empresa ha levantado una campaña comunicacional basada en el terror, “con amenazas de un futuro negro para las inversiones en Chile si el proyecto no se materializa”, afirmó.
Al respecto, reiteró que se trata de mentiras, ya que el proyecto “sólo existe para concretar un negocio multimillonario y para entregar energía barata a las compañías mineras, sin asumir los costos ambientales y sociales”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Asún enfatizó que estos argumentos carecen de sustento y lo relacionó con la modificación, “al margen de la ley”, que realizó el seremi de Atacama: “El lobby comunicacional lo pueden ver en distintos medios, señalando que la judicialización de proyectos es un atentado a la seguridad de las inversiones mineras. Y la verdad es que no tener energía sin duda que es un riesgo para las inversiones mineras, pero otra cosa muy distinta es que para ello haya que violar la ley. No podemos basar nuestro desarrollo en delinquir”, indicó.
Junto con reiterar la necesidad de fomentar la producción de energías limpias y renovar la institucionalidad ambiental, el vocero de Greenpeace Chile llamó a las autoridades de Gobierno a no intervenir a favor de Castilla y respetar la autonomía del Poder Judicial: “Es importante que desde las autoridades haya señales serias, permitir que las instituciones funcionen, es un credo republicano de este país”, dijo.
De acuerdo a Asún, “desde el minuto de la aprobación de Hidroaysén el año pasado, cuando horas antes el ministro del Interior señala que es necesario el proyecto, se abre la puerta para que cualquier autoridad venga a decir que no respetar el estado de Derecho es necesario. No lo han dicho de esa manera, por supuesto, han dicho que judicializar los proyectos es nefasto (y tienen toda la razón), pero entonces hay que mejorar la evaluación ambiental y la planificación energética e incentivar el crecimiento de energías renovables no convencionales”.
Finalmente, el vocero declaró que con la acción de protesta buscaron “alertar a la ciudadanía de que Castilla es ilegal”, además de comunicar lo nefasto que es para el país, en relación a su alto grado de contaminación versus su escaso aporte energético.
Un llamado a no intimidar a la ciudadanía con sus declaraciones a favor de la construcción de la termoeléctrica Castilla fue la petición concreta que realizó un grupo de activistas de Greenpeace Chile, en el edificio de una de las compañías a cargo del proyecto, la brasileña MPX.
Los ambientalistas desplegaron un lienzo de poco más de 10 metros, a 17 pisos de altura, con las consignas “El carbón mata” y “Castilla es ilegal”.
Esto último, en referencia a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que consideró como ilegal el proceder del seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien modificó la calificación ambiental del proyecto, lo que permitió, en su momento, la aprobación de la central.
Mientras el proyecto se encuentra estancado, a la espera que la Corte Suprema defina su futuro, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que “estamos exigiendo que se respete el estado de Derecho, que la empresa cese y desista de mantener esta inversión que es nefasta para el país, que va a destruir una zona de alto valor para nosotros y para las comunidades que viven ahí”.
“Por el contrario, lo que deberíamos estar exigiendo es -si hay tanta intención de generación de energía- una co-responsabilidad en la inversión en energías renovables no convencionales de bajo impacto, sustentables, y una inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Queremos que la central Castilla desista, que sea un sueño solo en la cabeza de quienes hoy creen que el carbón es una alternativa para Chile”, agregó.
El ambientalista denunció que la empresa ha levantado una campaña comunicacional basada en el terror, “con amenazas de un futuro negro para las inversiones en Chile si el proyecto no se materializa”, afirmó.
Al respecto, reiteró que se trata de mentiras, ya que el proyecto “sólo existe para concretar un negocio multimillonario y para entregar energía barata a las compañías mineras, sin asumir los costos ambientales y sociales”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Asún enfatizó que estos argumentos carecen de sustento y lo relacionó con la modificación, “al margen de la ley”, que realizó el seremi de Atacama: “El lobby comunicacional lo pueden ver en distintos medios, señalando que la judicialización de proyectos es un atentado a la seguridad de las inversiones mineras. Y la verdad es que no tener energía sin duda que es un riesgo para las inversiones mineras, pero otra cosa muy distinta es que para ello haya que violar la ley. No podemos basar nuestro desarrollo en delinquir”, indicó.
Junto con reiterar la necesidad de fomentar la producción de energías limpias y renovar la institucionalidad ambiental, el vocero de Greenpeace Chile llamó a las autoridades de Gobierno a no intervenir a favor de Castilla y respetar la autonomía del Poder Judicial: “Es importante que desde las autoridades haya señales serias, permitir que las instituciones funcionen, es un credo republicano de este país”, dijo.
De acuerdo a Asún, “desde el minuto de la aprobación de Hidroaysén el año pasado, cuando horas antes el ministro del Interior señala que es necesario el proyecto, se abre la puerta para que cualquier autoridad venga a decir que no respetar el estado de Derecho es necesario. No lo han dicho de esa manera, por supuesto, han dicho que judicializar los proyectos es nefasto (y tienen toda la razón), pero entonces hay que mejorar la evaluación ambiental y la planificación energética e incentivar el crecimiento de energías renovables no convencionales”.
Finalmente, el vocero declaró que con la acción de protesta buscaron “alertar a la ciudadanía de que Castilla es ilegal”, además de comunicar lo nefasto que es para el país, en relación a su alto grado de contaminación versus su escaso aporte energético.
Un llamado a no intimidar a la ciudadanía con sus declaraciones a favor de la construcción de la termoeléctrica Castilla fue la petición concreta que realizó un grupo de activistas de Greenpeace Chile, en el edificio de una de las compañías a cargo del proyecto, la brasileña MPX.
Los ambientalistas desplegaron un lienzo de poco más de 10 metros, a 17 pisos de altura, con las consignas “El carbón mata” y “Castilla es ilegal”.
Esto último, en referencia a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que consideró como ilegal el proceder del seremi de Salud, Nicolás Baeza, quien modificó la calificación ambiental del proyecto, lo que permitió, en su momento, la aprobación de la central.
Mientras el proyecto se encuentra estancado, a la espera que la Corte Suprema defina su futuro, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que “estamos exigiendo que se respete el estado de Derecho, que la empresa cese y desista de mantener esta inversión que es nefasta para el país, que va a destruir una zona de alto valor para nosotros y para las comunidades que viven ahí”.
“Por el contrario, lo que deberíamos estar exigiendo es -si hay tanta intención de generación de energía- una co-responsabilidad en la inversión en energías renovables no convencionales de bajo impacto, sustentables, y una inversión en infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Queremos que la central Castilla desista, que sea un sueño solo en la cabeza de quienes hoy creen que el carbón es una alternativa para Chile”, agregó.
El ambientalista denunció que la empresa ha levantado una campaña comunicacional basada en el terror, “con amenazas de un futuro negro para las inversiones en Chile si el proyecto no se materializa”, afirmó.
Al respecto, reiteró que se trata de mentiras, ya que el proyecto “sólo existe para concretar un negocio multimillonario y para entregar energía barata a las compañías mineras, sin asumir los costos ambientales y sociales”.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Asún enfatizó que estos argumentos carecen de sustento y lo relacionó con la modificación, “al margen de la ley”, que realizó el seremi de Atacama: “El lobby comunicacional lo pueden ver en distintos medios, señalando que la judicialización de proyectos es un atentado a la seguridad de las inversiones mineras. Y la verdad es que no tener energía sin duda que es un riesgo para las inversiones mineras, pero otra cosa muy distinta es que para ello haya que violar la ley. No podemos basar nuestro desarrollo en delinquir”, indicó.
Junto con reiterar la necesidad de fomentar la producción de energías limpias y renovar la institucionalidad ambiental, el vocero de Greenpeace Chile llamó a las autoridades de Gobierno a no intervenir a favor de Castilla y respetar la autonomía del Poder Judicial: “Es importante que desde las autoridades haya señales serias, permitir que las instituciones funcionen, es un credo republicano de este país”, dijo.
De acuerdo a Asún, “desde el minuto de la aprobación de Hidroaysén el año pasado, cuando horas antes el ministro del Interior señala que es necesario el proyecto, se abre la puerta para que cualquier autoridad venga a decir que no respetar el estado de Derecho es necesario. No lo han dicho de esa manera, por supuesto, han dicho que judicializar los proyectos es nefasto (y tienen toda la razón), pero entonces hay que mejorar la evaluación ambiental y la planificación energética e incentivar el crecimiento de energías renovables no convencionales”.
Finalmente, el vocero declaró que con la acción de protesta buscaron “alertar a la ciudadanía de que Castilla es ilegal”, además de comunicar lo nefasto que es para el país, en relación a su alto grado de contaminación versus su escaso aporte energético.
