En el ojo del huracán se encuentran nuevamente magistrados de la Corte Suprema, luego que la Agrupación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (ANEIICH) denunciara conflictos de interés detrás del fallo que dejó sin efecto la resolución de la Corte de Apelaciones, que había declarado como “ilegales y arbitrarios” una serie de descuentos salariales que efectuó el servicio en enero de 2010 a más de dos mil trabajadores que participaron en el paro por el reajuste.
Según acusaron desde el gremio, la jueza María Eugenia Sandoval debió inhabilitarse de la decisión, ya que tiene vínculos con el director del organismo público, Julio Pereira. Ambos compartirían labores académicas y habrían trabajado juntos en la cuestionada auditora PriceWaterhouse Coopers, relacionada con el escándalo La Polar.
Pero además, presentaron un reclamo contra el ministro Pedro Pierry, quien habría estado vinculado laboralmente a la abogada del SII que intervino en el proceso. Pierry ya enfrenta una indagación en la Comisión Ética del máximo tribunal del país por no haberse abstenido de votar recursos de protección interpuestos contra Hidroaysén, pese a tener más de 52 millones de pesos en acciones en Endesa, titular del proyecto.
El presidente de la ANEIICH, Carlos Insulza, aseguró que la instancia compuesta por el presidente de la Corte, Rubén Ballesteros, y los ministros Jaime Rodríguez y Rosa Egnem, ya acogió los requerimientos y se aprestaría a comenzar las diligencias de este caso.
“Nos informaron que efectivamente los antecedentes que presentamos han sido acogidos por la Comisión de Ética y que están siendo parte de un proceso de indagación. Además se nos indicó que esto culmina con un informe de la comisión que es presentado en el pleno de la Corte, que es el organismo que tiene que determinar las acciones que se van a seguir respecto de lo que hemos reclamado”, precisó el dirigente.
Y pese a que no existe un plazo establecido para que la Suprema entregue sus conclusiones, los funcionarios ya trazaron una estrategia en caso de que éstas no sean favorables y no logren revertir los descuentos aplicados.
“Vamos a hacer presente este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque nos parece que se ha producido una vulneración grave de la libertad sindical de los trabajadores de impuestos internos. Por lo que se vio, la jurisdicción chilena no ha dado una solución razonable a estos hechos y por lo tanto, vamos a recurrir a instancias internacionales. Esperamos que con los antecedentes que tenemos, el Estado pague los daños ocasionados a los empleados de nuestro servicio”, indicó Insulza.
En septiembre de 2011, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al SII devolver el dinero descontado a los funcionarios que formaron parte de las movilizaciones que se realizaron entre noviembre y diciembre de 2010. El organismo, tenía un plazo de 30 días para cumplir con el fallo, sin embargo, la Corte Suprema dejó la disposición sin efecto.
Desde el Servicio de Impuestos Internos declinaron referirse a este caso.