El fiscal Ernesto Vásquez, del Séptimo Juzgado de Garantía, informó a la justicia que no perseverará en la investigación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpter, y a la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, por la represión policial ocurrida el 4 de agosto del año pasado en una manifestación estudiantil.
La querella había sido presentada por la Confech, denunciando exceso de violencia por parte de Carabineros, luego que esta marcha no fuera autorizada por la Intendencia y los estudiantes decidieran manifestarse en las calles de igual manera.
Para el abogado de los estudiantes universitarios, Rodrigo Román, la decisión es una señal más del triunfo de las presiones políticas en la Fiscalía y la impunidad de quienes tienen más poder.
“Es lamentable, pero el Ministerio Público ha dado señales potentes en el último tiempo de que le cuesta mucho abstraerse de las presiones políticas, poniéndose del lado del poder político y no cumpliendo con su cometido. Cuando en su momento interpusimos la querella teníamos la convicción y de hecho hay bastante información allegada en la misma carpeta de la indagación, de que se habían cometido múltiples delitos aquel día. Es una pésima señal para una sociedad que se dice democrática. Se produce la criminalización de ciertas conductas y para otras abunda la impunidad”, sostuvo el jurista.
En tanto, el vocero de la Federación de Estudiantes Mapuches (FEMAE), José Ancalao, aseguró que la justicia está dando una mala señal al no investigar la violencia desmedida de la fuerza policial en las manifestaciones, lo que no otorga garantías para futuras protestas sociales.
“Es tremendamente negativo y es un mal signo para las movilizaciones que se puedan dar. Aquí cualquiera pega y nadie tiene sanciones. No se están dando garantías para poder manifestarnos pacíficamente estando con el miedo del abuso policial. Aquí pegan, matan a niños y nadie se hace responsable. No es una lógica muy buena estarse protegiendo, cuando sabemos que hay un tremendo vínculo entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior”, sentenció el dirigente.
Por otro lado, Ancalao criticó que mientras el actuar desmedido de las autoridades queda en la impunidad, se criminalice al movimiento estudiantil y sus dirigentes, a través de querellas por la toma de edificios públicos en 2011, como la que ahora lo mantiene con una orden de detención pendiente por no presentarse al juicio, que calificó como “viciado”.
“Fiscalía no está presentando pruebas y se nos quiere sentenciar sobre la base del informe policial que es la evidencia. Eso es algo que rechazamos porque hay un juicio que está totalmente viciado. Hay una clara intención política de perjudicar al movimiento estudiantil y a sus dirigentes”, dijo.
La misma situación está viviendo el presidente de la Federación de Los Lagos, Patricio Contreras, contra quien se querelló la Intendencia de dicha región por la toma del edificio perteneciente al Consejo Regional de Puerto Montt.
La decisión del Ministerio Público se suma a otras instancias que han desestimado la excesiva fuerza policial orientada desde el Ministerio del Interior, como el rechazo de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional presentada en contra del ministro Hinzpeter por el abuso de violencia de las fuerzas de orden durante las manifestaciones en la región de Aysén.
El fiscal Ernesto Vásquez, del Séptimo Juzgado de Garantía, informó a la justicia que no perseverará en la investigación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpter, y a la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, por la represión policial ocurrida el 4 de agosto del año pasado en una manifestación estudiantil.
La querella había sido presentada por la Confech, denunciando exceso de violencia por parte de Carabineros, luego que esta marcha no fuera autorizada por la Intendencia y los estudiantes decidieran manifestarse en las calles de igual manera.
Para el abogado de los estudiantes universitarios, Rodrigo Román, la decisión es una señal más del triunfo de las presiones políticas en la Fiscalía y la impunidad de quienes tienen más poder.
“Es lamentable, pero el Ministerio Público ha dado señales potentes en el último tiempo de que le cuesta mucho abstraerse de las presiones políticas, poniéndose del lado del poder político y no cumpliendo con su cometido. Cuando en su momento interpusimos la querella teníamos la convicción y de hecho hay bastante información allegada en la misma carpeta de la indagación, de que se habían cometido múltiples delitos aquel día. Es una pésima señal para una sociedad que se dice democrática. Se produce la criminalización de ciertas conductas y para otras abunda la impunidad”, sostuvo el jurista.
En tanto, el vocero de la Federación de Estudiantes Mapuches (FEMAE), José Ancalao, aseguró que la justicia está dando una mala señal al no investigar la violencia desmedida de la fuerza policial en las manifestaciones, lo que no otorga garantías para futuras protestas sociales.
“Es tremendamente negativo y es un mal signo para las movilizaciones que se puedan dar. Aquí cualquiera pega y nadie tiene sanciones. No se están dando garantías para poder manifestarnos pacíficamente estando con el miedo del abuso policial. Aquí pegan, matan a niños y nadie se hace responsable. No es una lógica muy buena estarse protegiendo, cuando sabemos que hay un tremendo vínculo entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior”, sentenció el dirigente.
Por otro lado, Ancalao criticó que mientras el actuar desmedido de las autoridades queda en la impunidad, se criminalice al movimiento estudiantil y sus dirigentes, a través de querellas por la toma de edificios públicos en 2011, como la que ahora lo mantiene con una orden de detención pendiente por no presentarse al juicio, que calificó como “viciado”.
“Fiscalía no está presentando pruebas y se nos quiere sentenciar sobre la base del informe policial que es la evidencia. Eso es algo que rechazamos porque hay un juicio que está totalmente viciado. Hay una clara intención política de perjudicar al movimiento estudiantil y a sus dirigentes”, dijo.
La misma situación está viviendo el presidente de la Federación de Los Lagos, Patricio Contreras, contra quien se querelló la Intendencia de dicha región por la toma del edificio perteneciente al Consejo Regional de Puerto Montt.
La decisión del Ministerio Público se suma a otras instancias que han desestimado la excesiva fuerza policial orientada desde el Ministerio del Interior, como el rechazo de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional presentada en contra del ministro Hinzpeter por el abuso de violencia de las fuerzas de orden durante las manifestaciones en la región de Aysén.
El fiscal Ernesto Vásquez, del Séptimo Juzgado de Garantía, informó a la justicia que no perseverará en la investigación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpter, y a la intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, por la represión policial ocurrida el 4 de agosto del año pasado en una manifestación estudiantil.
La querella había sido presentada por la Confech, denunciando exceso de violencia por parte de Carabineros, luego que esta marcha no fuera autorizada por la Intendencia y los estudiantes decidieran manifestarse en las calles de igual manera.
Para el abogado de los estudiantes universitarios, Rodrigo Román, la decisión es una señal más del triunfo de las presiones políticas en la Fiscalía y la impunidad de quienes tienen más poder.
“Es lamentable, pero el Ministerio Público ha dado señales potentes en el último tiempo de que le cuesta mucho abstraerse de las presiones políticas, poniéndose del lado del poder político y no cumpliendo con su cometido. Cuando en su momento interpusimos la querella teníamos la convicción y de hecho hay bastante información allegada en la misma carpeta de la indagación, de que se habían cometido múltiples delitos aquel día. Es una pésima señal para una sociedad que se dice democrática. Se produce la criminalización de ciertas conductas y para otras abunda la impunidad”, sostuvo el jurista.
En tanto, el vocero de la Federación de Estudiantes Mapuches (FEMAE), José Ancalao, aseguró que la justicia está dando una mala señal al no investigar la violencia desmedida de la fuerza policial en las manifestaciones, lo que no otorga garantías para futuras protestas sociales.
“Es tremendamente negativo y es un mal signo para las movilizaciones que se puedan dar. Aquí cualquiera pega y nadie tiene sanciones. No se están dando garantías para poder manifestarnos pacíficamente estando con el miedo del abuso policial. Aquí pegan, matan a niños y nadie se hace responsable. No es una lógica muy buena estarse protegiendo, cuando sabemos que hay un tremendo vínculo entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior”, sentenció el dirigente.
Por otro lado, Ancalao criticó que mientras el actuar desmedido de las autoridades queda en la impunidad, se criminalice al movimiento estudiantil y sus dirigentes, a través de querellas por la toma de edificios públicos en 2011, como la que ahora lo mantiene con una orden de detención pendiente por no presentarse al juicio, que calificó como “viciado”.
“Fiscalía no está presentando pruebas y se nos quiere sentenciar sobre la base del informe policial que es la evidencia. Eso es algo que rechazamos porque hay un juicio que está totalmente viciado. Hay una clara intención política de perjudicar al movimiento estudiantil y a sus dirigentes”, dijo.
La misma situación está viviendo el presidente de la Federación de Los Lagos, Patricio Contreras, contra quien se querelló la Intendencia de dicha región por la toma del edificio perteneciente al Consejo Regional de Puerto Montt.
La decisión del Ministerio Público se suma a otras instancias que han desestimado la excesiva fuerza policial orientada desde el Ministerio del Interior, como el rechazo de la Cámara de Diputados a la acusación constitucional presentada en contra del ministro Hinzpeter por el abuso de violencia de las fuerzas de orden durante las manifestaciones en la región de Aysén.
