Frente a la bella fachada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es uno de los edificios emblemáticos de la educación pública de nuestro país, se construyó hace algunos años una mole imponente de concreto, cuyas medidas y formas no guardan ninguna consideración hacia el patrimonial barrio Bellavista en el cual está emplazado. Se trata de la Universidad San Sebastián, de la cual Cristián Boza fue el arquitecto.

Esta incapacidad para sentirse parte de una comunidad tiende a reflejar pulsiones más profundas. Es cosa de cruzar la calle para entender cómo funciona esta vecindad representativa de la educación superior del país. Al pasar por el puente Pío Nono, cada principio de año se pueden ver las diferencias éticas y estéticas entre ambos edificios. Mientras la Fachada de la Escuela de Derecho no despliega publicidad, la otra fachada desaparece tras lienzos monumentales con leyendas del tipo “¡Matricúlate!” “¡Aquí empieza tu futuro! y otras equivalentes. En la vereda de enfrente, los únicos lienzos que se despliegan, a veces, son los de los estudiantes que realizan elecciones o exigen cambios estructurales en la educación.

Mientras la Universidad de Chile se ha convertido en el gran símbolo meritocrático del país, la Universidad del frente parece rendirse y no querer involucrarse en este propósito. Al menos así se deduce si se va al fondo de las declaraciones de Boza, las cuales le costaron el cargo de decano.

Dice Boza, en resumen, que debió reducir los alcances de su programa académico porque sus alumnos, provenientes de los estratos C2 y C3, son incultos y poco sofisticados. Hijos de camioneros, resume, los que sin embargo pagan en torno a los 300 mil pesos mensuales por estudiar. ¿Fue insensible Boza? Por cierto ¿Discriminador? Es evidente. Pero hay también en sus palabras una franqueza que sirve para desmontar falacias usadas para defender este sistema.
Porque de sus declaraciones se evidencia: primero, que hay universidades que concentran a los alumnos de menor capital sociocultural y con problemas de formación de base; segundo, que a estos alumnos se les grava con altísimos aranceles para torcer la historia familiar y lograr la  movilidad social; y tercero, que esa promesa no se cumple, por lo cual lo único que queda es el negocio de la universidad.

Esta verdad fácil y penosa es la causa de la perplejidad internacional respecto a Chile. Basta citar, entre innumerables fuentes posibles, un trabajo periodístico reciente de la BBC, donde registra cosas que allá son inconcebibles y acá son parte del paisaje. Se pregunta, por ejemplo, por qué una estudiante debe a los 23 años 20 mil dólares, comprometidos para estudiar antropología. O cómo es posible que si termina de cursar las materias y debe alguna cuota, de todos modos no pueda titularse. Lo peor es que, como nos recuerda Boza, es posible que al final de este camino ni siquiera haya horizonte.

Esta historia, que afecta a buena parte de los 900 mil estudiantes universitarios del país, ha convertido a Chile en el país con la educación superior más cara del mundo según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Es, además, el único en América Latina donde todas las universidades son pagadas.

Estas razones explican la persistencia de un movimiento estudiantil que sabe que sin reformas estructurales continuará La Gran Estafa. Y que en cierta medida explican el actual descrédito del Gobierno: donde ellos anuncian grandes transformaciones, los estudiantes sólo ven actos de maquillaje.

Definitivamente, vivimos en otro mundo. En Chile, el presidente Piñera inaugura un edificio del Duoc en San Joaquín –más grande que todos los edificios públicos de la comuna- y afirma que “la educación es un bien de consumo”. En Francia, el presidente François Hollande, un socialdemócrata moderado, dice en su discurso de asunción que “la escuela pública es un elemento vital para la cohesión del país, el éxito económico y la promoción social”. Al menos respecto a la educación privada chilena, el arquitecto y ex decano Boza no lo cree posible.