Siguen las reacciones por el informe de Contraloría que detectó un mal uso de 25 mil millones de pesos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los alumnos más vulnerables, entregados por el Estado a municipios y corporaciones municipales.
Recordemos que a esta denuncia se sumó una investigación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que arrojó que un 25 por ciento de los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana cometieron fraude para obtener mayor dinero por parte del Estado, principalmente mediante la adulteración del registro de asistencias.
Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena, (Conatech), sostuvo que es negativo que mientras los estudiantes se manifiestan por una mejor educación, se siga produciendo este tipo de irregularidades.
Por esta razón, el dirigente gremial enfatizó que deben tomarse medidas desde los distintos poderes del Estado.
“Vamos a exigir una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos pedido una audiencia con la comisión de Educación para solicitarle ésta comisión investigadora, porque la situación no puede quedar sólo en una denuncia, pero también vamos a pedir que el Gobierno se haga parte a través del Consejo de Defensa del Estado porque son recursos públicos que se están utilizando para el enriquecimiento de ciertos grupos y aquí se perjudica la calidad de la educación de los más pobres”, explicó Pastene.
Pastene señaló que esta no es una práctica nueva y recordó que la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, fue acusada constitucionalmente por el mismo tema, por lo que llamó a las autoridades de educación y, particularmente, al subsecretario Fernando Rojas, a reconocer las responsabilidades administrativas.
Ello porque, según la investigación periodística, no existe un registro de las multas cursadas o pagadas en 2010 y que más de 200 colegios infractores fueron perdonados sin conocerse las razones.
El secretario general de la CAT recalcó además que no puede seguir ocurriendo que los investigadores de subvenciones del ministerio visiten los colegios sólo una vez al año y muchas veces con un aviso previo.
El representante de Conatech advirtió que en estos establecimientos subvencionados, donde se prohíbe las organizaciones sindicales, hay un problema adicional respecto de los dineros que se han entregado para el mejoramiento de rentas que no son entregados a los profesores por lo que solicitaron que haya una fiscalización de la Dirección del Trabajo.
El diputado Rodrigo González, miembro de la Comisión de Educación, recalcó que ya se votó una Comisión Investigadora sobre el tema de la SEP, que entonces no hubo los votos suficientes por la poca voluntad de los parlamentarios oficialistas de investigar, pero que es pertinente que se insista en esta ocasión porque el uso de los recursos es escandaloso.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes destacó la importancia de indagar en el problema. “Se está estudiando el hecho de que se relajara mucho todo el sistema de control y no operaron los municipios, el ministerio de Educación y la Contraloría llegó muy tarde. Ahora se empieza a destapar esto, pero ya cuando han habido desviaciones de fondos a objetivos que no eran los que se contemplaban. El ministerio de Educación incluso lo toleró con documentos internos, incluso en el Parlamento una ley en la misma dirección. Todo eso tenemos que reunirlo para evitar que siga ocurriendo más que para mayores sanciones. También hay que establecer responsabilidades políticas, pero aquí hay un tema de evitar que esto siga”.
El parlamentario aseguró que la solicitud de una Comisión Investigadora ya está formulada y que se están recopilando las firmas necesarias para que sea votada el próximo miércoles.
Siguen las reacciones por el informe de Contraloría que detectó un mal uso de 25 mil millones de pesos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los alumnos más vulnerables, entregados por el Estado a municipios y corporaciones municipales.
Recordemos que a esta denuncia se sumó una investigación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que arrojó que un 25 por ciento de los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana cometieron fraude para obtener mayor dinero por parte del Estado, principalmente mediante la adulteración del registro de asistencias.
Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena, (Conatech), sostuvo que es negativo que mientras los estudiantes se manifiestan por una mejor educación, se siga produciendo este tipo de irregularidades.
Por esta razón, el dirigente gremial enfatizó que deben tomarse medidas desde los distintos poderes del Estado.
“Vamos a exigir una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos pedido una audiencia con la comisión de Educación para solicitarle ésta comisión investigadora, porque la situación no puede quedar sólo en una denuncia, pero también vamos a pedir que el Gobierno se haga parte a través del Consejo de Defensa del Estado porque son recursos públicos que se están utilizando para el enriquecimiento de ciertos grupos y aquí se perjudica la calidad de la educación de los más pobres”, explicó Pastene.
Pastene señaló que esta no es una práctica nueva y recordó que la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, fue acusada constitucionalmente por el mismo tema, por lo que llamó a las autoridades de educación y, particularmente, al subsecretario Fernando Rojas, a reconocer las responsabilidades administrativas.
Ello porque, según la investigación periodística, no existe un registro de las multas cursadas o pagadas en 2010 y que más de 200 colegios infractores fueron perdonados sin conocerse las razones.
El secretario general de la CAT recalcó además que no puede seguir ocurriendo que los investigadores de subvenciones del ministerio visiten los colegios sólo una vez al año y muchas veces con un aviso previo.
El representante de Conatech advirtió que en estos establecimientos subvencionados, donde se prohíbe las organizaciones sindicales, hay un problema adicional respecto de los dineros que se han entregado para el mejoramiento de rentas que no son entregados a los profesores por lo que solicitaron que haya una fiscalización de la Dirección del Trabajo.
El diputado Rodrigo González, miembro de la Comisión de Educación, recalcó que ya se votó una Comisión Investigadora sobre el tema de la SEP, que entonces no hubo los votos suficientes por la poca voluntad de los parlamentarios oficialistas de investigar, pero que es pertinente que se insista en esta ocasión porque el uso de los recursos es escandaloso.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes destacó la importancia de indagar en el problema. “Se está estudiando el hecho de que se relajara mucho todo el sistema de control y no operaron los municipios, el ministerio de Educación y la Contraloría llegó muy tarde. Ahora se empieza a destapar esto, pero ya cuando han habido desviaciones de fondos a objetivos que no eran los que se contemplaban. El ministerio de Educación incluso lo toleró con documentos internos, incluso en el Parlamento una ley en la misma dirección. Todo eso tenemos que reunirlo para evitar que siga ocurriendo más que para mayores sanciones. También hay que establecer responsabilidades políticas, pero aquí hay un tema de evitar que esto siga”.
El parlamentario aseguró que la solicitud de una Comisión Investigadora ya está formulada y que se están recopilando las firmas necesarias para que sea votada el próximo miércoles.
Siguen las reacciones por el informe de Contraloría que detectó un mal uso de 25 mil millones de pesos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada a los alumnos más vulnerables, entregados por el Estado a municipios y corporaciones municipales.
Recordemos que a esta denuncia se sumó una investigación del Centro de Investigación Periodística (CIPER) que arrojó que un 25 por ciento de los colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana cometieron fraude para obtener mayor dinero por parte del Estado, principalmente mediante la adulteración del registro de asistencias.
Alfonso Pastene, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) y de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena, (Conatech), sostuvo que es negativo que mientras los estudiantes se manifiestan por una mejor educación, se siga produciendo este tipo de irregularidades.
Por esta razón, el dirigente gremial enfatizó que deben tomarse medidas desde los distintos poderes del Estado.
“Vamos a exigir una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos pedido una audiencia con la comisión de Educación para solicitarle ésta comisión investigadora, porque la situación no puede quedar sólo en una denuncia, pero también vamos a pedir que el Gobierno se haga parte a través del Consejo de Defensa del Estado porque son recursos públicos que se están utilizando para el enriquecimiento de ciertos grupos y aquí se perjudica la calidad de la educación de los más pobres”, explicó Pastene.
Pastene señaló que esta no es una práctica nueva y recordó que la ex ministra de Educación, Yasna Provoste, fue acusada constitucionalmente por el mismo tema, por lo que llamó a las autoridades de educación y, particularmente, al subsecretario Fernando Rojas, a reconocer las responsabilidades administrativas.
Ello porque, según la investigación periodística, no existe un registro de las multas cursadas o pagadas en 2010 y que más de 200 colegios infractores fueron perdonados sin conocerse las razones.
El secretario general de la CAT recalcó además que no puede seguir ocurriendo que los investigadores de subvenciones del ministerio visiten los colegios sólo una vez al año y muchas veces con un aviso previo.
El representante de Conatech advirtió que en estos establecimientos subvencionados, donde se prohíbe las organizaciones sindicales, hay un problema adicional respecto de los dineros que se han entregado para el mejoramiento de rentas que no son entregados a los profesores por lo que solicitaron que haya una fiscalización de la Dirección del Trabajo.
El diputado Rodrigo González, miembro de la Comisión de Educación, recalcó que ya se votó una Comisión Investigadora sobre el tema de la SEP, que entonces no hubo los votos suficientes por la poca voluntad de los parlamentarios oficialistas de investigar, pero que es pertinente que se insista en esta ocasión porque el uso de los recursos es escandaloso.
En este sentido, el diputado socialista Carlos Montes destacó la importancia de indagar en el problema. “Se está estudiando el hecho de que se relajara mucho todo el sistema de control y no operaron los municipios, el ministerio de Educación y la Contraloría llegó muy tarde. Ahora se empieza a destapar esto, pero ya cuando han habido desviaciones de fondos a objetivos que no eran los que se contemplaban. El ministerio de Educación incluso lo toleró con documentos internos, incluso en el Parlamento una ley en la misma dirección. Todo eso tenemos que reunirlo para evitar que siga ocurriendo más que para mayores sanciones. También hay que establecer responsabilidades políticas, pero aquí hay un tema de evitar que esto siga”.
El parlamentario aseguró que la solicitud de una Comisión Investigadora ya está formulada y que se están recopilando las firmas necesarias para que sea votada el próximo miércoles.
