“Va a quedar al descubierto que esto es un montaje donde participó Rodrigo Hinzpeter”

Abogados defensores de jóvenes imputados en el denominado caso bombas señalaron que son nueve los informes periciales falsificados que ha presentado el Ministerio Público en el juicio oral. Esto tendría directa repercusión en la culminación de este caso y en la apertura de una nueva causa por falsificación de instrumento público.

Abogados defensores de jóvenes imputados en el denominado caso bombas señalaron que son nueve los informes periciales falsificados que ha presentado el Ministerio Público en el juicio oral. Esto tendría directa repercusión en la culminación de este caso y en la apertura de una nueva causa por falsificación de instrumento público.

Dos serían las consecuencias que traería la exposición de nueve informes periciales falsificados, presentados por la Fiscalía y el ministerio del Interior en el denominado caso bombas.

La primera sería la denuncia de este hecho ante el Ministerio Público por el delito de falsificación de documento público o privado, en la que se haría parte como querellante la defensa de los imputados del caso bombas, según indicó a Radio Universidad de Chile el abogado Rodrigo Román.

El abogado detalló que este “hallazgo” tiene “dos efectos, el externo es que hay causa criminal y se debiera estar investigando, y el efecto concreto para el caso es que por supuesto que con el mérito de esa prueba no puede condenarse a ninguna persona.  Se actuó con falta de prolijidad, con falta de profesionalismo, tanto las policías como el Ministerio Público”.

Román fue más allá y señaló que estos nuevos antecedentes, sumados a las anteriores irregularidades detectadas en el desarrollo del caso “están dejando al descubierto y en evidencia cómo no se tienen que hacer las cosas porque en este juicio ha ocurrido todo lo que no tiene que ocurrir con los protocolos y los procedimientos de las policías y el Ministerio Público”.

El jurista informó que, desde que comenzó el juicio oral el año pasado, han detectado informes falsos emitidos por las jefaturas de la  Dipolcar, Labocar y el Gope de Carabineros.

Dentro de los documentos falsificados hay peritajes químicos, planimétricos y relacionados con las trazas de los explosivos, además de informes periciales de los sitios del suceso, los cuales serían el “informe madre” y que estarían contaminados.

“Esto no hace sino refrendar la tesis de todas las defensas de que no hay ninguna posibilidad de una decisión condenatoria toda vez que la prueba presentada por el Ministerio Público es incapaz de probar algún grado de participación de los ilícitos que se imputan”, señaló.

Román añadió que se trata de una práctica generalizada de la Fiscalía y el ministerio del Interior.  “Va a quedar al descubierto que esto es un montaje donde tuvo participación, entre otros, Rodrigo Hinzpeter. Va a develar que hay una intromisión peligrosa para la sana convivencia de quienes detentan el poder porque esta intromisiones de poder ha hecho que el Ministerio Público arrastre a las policías y se hayan aventurado a este juicio que nació muerto y que en los próximos días se va a confirmar con una senda sentencia absolutoria”

La declaración del ministro Rodrigo Hinzpeter como testigo citado por la defensa, fue retrasada por la recusación que los querellantes interpusieron en contra de los jueces que ven el caso, pero una vez que este recurso fuera rechazado por la Corte Suprema se espera que el jefe de gabinete cumpla con este trámite durante la semana. “Muy probablemente esa sea la última diligencia y a partir de ahí el tribunal entra realmente en la fase final: alegatos de clausura y veredicto”, aclaró Julio Cortés, otro de los abogados defensores.

De todas, Cortés relativizó la importancia de las declaraciones del ministro del Interior en el desarrollo del juicio oral debido al notorio cambio de actitud que ha tenido en el último tiempo en relación con este caso.

“En términos de lo que el ministro pueda o no pueda decir, no tengo mucha claridad porque él parecía saber mucho por ahí por el 14 de agosto del 2010, pero a partir de enero de este año se ha desmarcado de todo lo que implica las responsabilidades política y jurídica de haber tomado las decisiones de formalizar gente diciendo que era una asociación ilícita sin tener alguna prueba razonable para poder afirmar eso”, dijo.

El jurista auguró que la autoridad de Gobierno va a tener una actitud evasiva respecto a sus comentarios donde afirmaba la existencia de una asociación ilícita terrorista.

Además, recalcó que el Ministerio Público no tiene pruebas contundentes para acreditar la culpabilidad de alguno de los imputados y que lo más probable es que el Tercer Tribunal Oral en lo Penal dicte una sentencia absolutoria.





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