Desde que el Gobierno anunció el proceso de bioquevalencia, que permite a un medicamento genérico demostrar científicamente que tiene la misma acción y efectividad terapéutica que el fármaco original de marca, 61 medicamentos habían obtenido su certificación y se esperaba que fuesen 221 en diciembre de este año.
Además, se habían cursado 97 infracciones, de casi 40 millones de pesos cada una, a laboratorios que no habían cumplido con los plazos estipulados para la bioequivalencia de ciertos fármacos, hasta que uno de los laboratorios recurrió a la Contraloría.
El ente regulador detuvo el proceso, que se gestionaba desde el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, argumentando que duda que el Instituto de Salud Pública (ISP) tenga atribuciones para fijar calendarios y multas, dejando sin efecto las sanciones monetarias y obligando al ministerio de Salud a recalendarizar el proceso.
El presidente de la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), Héctor Rojas, sostuvo que, estando a favor de la bioequivalencia, esto demuestra que el Gobierno “debe aprender a hacer las cosas bien”.
“Esto está mal implementado, en Chile no hay bioequivalencia en este momento. El dictamen de la Contraloría es tajante y dice que el ISP tiene que tomar las medidas correspondientes, porque con el dictamen ya fue derogado. O sea, en este momento la bioequivalencia llegó a fojas cero, todas las multas que habían sacado… esto murió”, explicó.
Según el dirigente, “el Gobierno tiene que hacer nuevamente las cosas bien y hacerse asesorar de una manera eficaz para sacar esto adelante, si es que quieren. Tienen que escuchar a las personas que trabajamos en el tema, si esto es muy técnico”.
Rojas descartó además que la decisión del contralor Ramiro Mendoza se haya basado en presiones de las empresas.
Por su parte, Rubén Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores, recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de los medicamentos y que si el ISP no tiene las atribuciones, debe regularlo por otra vía.
Para Andino, el hecho de que el proceso sea caro no implica que la industria farmacéutica pueda subir los precios a su antojo: “Que estos medicamentos lleguen a la población a precios que sean efectivamente los reales y que no estén expuestos al abuso por parte de las cadenas farmacéuticas o de los laboratorios, a la manipulación y -como ya hemos visto en otros casos- la colusión para fijar precios arbitrarios, que no corresponden al verdadero valor de los medicamentos”, pidió Andino.
El representante de la organización de consumidores subrayó la necesidad de tener regulaciones para compensar el poder de laboratorios y cadenas de farmacias y, en ese sentido, reiteró su rechazo a la venta libre de medicamentos sin receta que también fue mencionado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso.
Desde que el Gobierno anunció el proceso de bioquevalencia, que permite a un medicamento genérico demostrar científicamente que tiene la misma acción y efectividad terapéutica que el fármaco original de marca, 61 medicamentos habían obtenido su certificación y se esperaba que fuesen 221 en diciembre de este año.
Además, se habían cursado 97 infracciones, de casi 40 millones de pesos cada una, a laboratorios que no habían cumplido con los plazos estipulados para la bioequivalencia de ciertos fármacos, hasta que uno de los laboratorios recurrió a la Contraloría.
El ente regulador detuvo el proceso, que se gestionaba desde el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, argumentando que duda que el Instituto de Salud Pública (ISP) tenga atribuciones para fijar calendarios y multas, dejando sin efecto las sanciones monetarias y obligando al ministerio de Salud a recalendarizar el proceso.
El presidente de la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), Héctor Rojas, sostuvo que, estando a favor de la bioequivalencia, esto demuestra que el Gobierno “debe aprender a hacer las cosas bien”.
“Esto está mal implementado, en Chile no hay bioequivalencia en este momento. El dictamen de la Contraloría es tajante y dice que el ISP tiene que tomar las medidas correspondientes, porque con el dictamen ya fue derogado. O sea, en este momento la bioequivalencia llegó a fojas cero, todas las multas que habían sacado… esto murió”, explicó.
Según el dirigente, “el Gobierno tiene que hacer nuevamente las cosas bien y hacerse asesorar de una manera eficaz para sacar esto adelante, si es que quieren. Tienen que escuchar a las personas que trabajamos en el tema, si esto es muy técnico”.
Rojas descartó además que la decisión del contralor Ramiro Mendoza se haya basado en presiones de las empresas.
Por su parte, Rubén Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores, recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de los medicamentos y que si el ISP no tiene las atribuciones, debe regularlo por otra vía.
Para Andino, el hecho de que el proceso sea caro no implica que la industria farmacéutica pueda subir los precios a su antojo: “Que estos medicamentos lleguen a la población a precios que sean efectivamente los reales y que no estén expuestos al abuso por parte de las cadenas farmacéuticas o de los laboratorios, a la manipulación y -como ya hemos visto en otros casos- la colusión para fijar precios arbitrarios, que no corresponden al verdadero valor de los medicamentos”, pidió Andino.
El representante de la organización de consumidores subrayó la necesidad de tener regulaciones para compensar el poder de laboratorios y cadenas de farmacias y, en ese sentido, reiteró su rechazo a la venta libre de medicamentos sin receta que también fue mencionado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso.
Desde que el Gobierno anunció el proceso de bioquevalencia, que permite a un medicamento genérico demostrar científicamente que tiene la misma acción y efectividad terapéutica que el fármaco original de marca, 61 medicamentos habían obtenido su certificación y se esperaba que fuesen 221 en diciembre de este año.
Además, se habían cursado 97 infracciones, de casi 40 millones de pesos cada una, a laboratorios que no habían cumplido con los plazos estipulados para la bioequivalencia de ciertos fármacos, hasta que uno de los laboratorios recurrió a la Contraloría.
El ente regulador detuvo el proceso, que se gestionaba desde el Gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, argumentando que duda que el Instituto de Salud Pública (ISP) tenga atribuciones para fijar calendarios y multas, dejando sin efecto las sanciones monetarias y obligando al ministerio de Salud a recalendarizar el proceso.
El presidente de la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), Héctor Rojas, sostuvo que, estando a favor de la bioequivalencia, esto demuestra que el Gobierno “debe aprender a hacer las cosas bien”.
“Esto está mal implementado, en Chile no hay bioequivalencia en este momento. El dictamen de la Contraloría es tajante y dice que el ISP tiene que tomar las medidas correspondientes, porque con el dictamen ya fue derogado. O sea, en este momento la bioequivalencia llegó a fojas cero, todas las multas que habían sacado… esto murió”, explicó.
Según el dirigente, “el Gobierno tiene que hacer nuevamente las cosas bien y hacerse asesorar de una manera eficaz para sacar esto adelante, si es que quieren. Tienen que escuchar a las personas que trabajamos en el tema, si esto es muy técnico”.
Rojas descartó además que la decisión del contralor Ramiro Mendoza se haya basado en presiones de las empresas.
Por su parte, Rubén Andino, presidente de la Liga Ciudadana de Consumidores, recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de los medicamentos y que si el ISP no tiene las atribuciones, debe regularlo por otra vía.
Para Andino, el hecho de que el proceso sea caro no implica que la industria farmacéutica pueda subir los precios a su antojo: “Que estos medicamentos lleguen a la población a precios que sean efectivamente los reales y que no estén expuestos al abuso por parte de las cadenas farmacéuticas o de los laboratorios, a la manipulación y -como ya hemos visto en otros casos- la colusión para fijar precios arbitrarios, que no corresponden al verdadero valor de los medicamentos”, pidió Andino.
El representante de la organización de consumidores subrayó la necesidad de tener regulaciones para compensar el poder de laboratorios y cadenas de farmacias y, en ese sentido, reiteró su rechazo a la venta libre de medicamentos sin receta que también fue mencionado por el Presidente Sebastián Piñera en su discurso.
