Hasta el ministerio de Vivienda llegaron este miércoles el líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y pobladores agrupados en la Coordinadora Metropolitana de Allegados.
Según explicó el ex candidato presidencial, el objetivo era hacer entrega de la propuesta de la colectividad para erradicar definitivamente los campamentos, que en 2011 se calculaban en 657 y 30 mil familias afectadas, lo que da cuenta de que, al contrario de lo que piensa el Gobierno, el subdesarrollo aún existe.
Enríquez-Ominami destacó que la primera propuesta es una mayor integración, ya que las viviendas sociales se están construyendo en la periferia de la ciudad y no dentro de ella; la segunda, es que se ubiquen en las cercanías de colegios y acceso al transporte público: y por último, una mayor participación ciudadana en el proceso.
“¿Qué proponemos en concreto? Subir el mínimo de metros cuadrados por subsidio a 60, como recomiendan organismos internacionales, con posibilidad de ampliación por supuesto. Aislación térmica. Que más gente de las comunas viva en esos nuevos asentamientos, que no sea un collage de gente de distintas ciudades y comunas, tratar de que sean más o menos homogéneos, para que se mantengan ciertos apegos. Y fomentar al 2020 -los pobladores proponen al 2015- a 20 mil subsidios anuales, lo que supone una pequeña revolución que tiene un costo fiscal de varias decenas de millones de dólares, pero Chile puede”, indicó Enríquez-Ominami.
El líder del PRO criticó además que el Gobierno utilice la reconstrucción como excusa para no entregar más soluciones habitacionales: “El pretexto, que es real, de que la reconstrucción significó desviar recursos, no puede ser un mensaje que es completamente anómalo: decirle a la gente sin vivienda del sur que esperen dos o tres inviernos para que recién se demuelan edificios, como ocurrió en la Octava Región; y además decirle a los allegados del norte y la región Metropolitana que tienen que esperar que se resuelva lo del sur, si tampoco se está resolviendo”, cuestionó.
“Estamos en el peor de los mundos: la reconstrucción no avanza y han ido congelándose un montón de herramientas públicas para mejorar la vivienda con el pretexto de la reconstrucción. Entonces no está bien la reconstrucción en la Octava Región ni tampoco está bien el tema de la vivienda en la Metropolitana”, agregó.
Según Marco Enríquez-Ominami existe una mala gestión, lo que implica una contradicción con la principal promesa de campaña de Sebastián Piñera, que se centraba en la eficiencia.
En tanto, José Hidalgo, vocero de la Coordinadora Metropolitana de Allegados, criticó que en los últimos dos años el Gobierno ha entregado soluciones a los sectores emergentes y clase media, mientras que los subsidios para los sectores más vulnerables han sido casi inexistentes: “Queremos pedir que se duplique la cantidad de subsidios que se están entregando. Que se aumente el monto, porque teóricamente asegura 42 metros cuadrados y no estamos de acuerdo con eso. Chile está afiliado a organizaciones internacionales y se dice que el mínimo digno es 15 metros cuadrados por persona. Familias de cuatro, cinco o seis personas están en 60 metros cuadrados. Lo que estamos diciendo es que tienen que tomarse medidas urgentes, porque el tema de los allegados está por reventar”, señaló.
El dirigente social anunció que espera coordinarse con otras organizaciones regionales para realizar acciones en conjunto.
Hasta el ministerio de Vivienda llegaron este miércoles el líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y pobladores agrupados en la Coordinadora Metropolitana de Allegados.
Según explicó el ex candidato presidencial, el objetivo era hacer entrega de la propuesta de la colectividad para erradicar definitivamente los campamentos, que en 2011 se calculaban en 657 y 30 mil familias afectadas, lo que da cuenta de que, al contrario de lo que piensa el Gobierno, el subdesarrollo aún existe.
Enríquez-Ominami destacó que la primera propuesta es una mayor integración, ya que las viviendas sociales se están construyendo en la periferia de la ciudad y no dentro de ella; la segunda, es que se ubiquen en las cercanías de colegios y acceso al transporte público: y por último, una mayor participación ciudadana en el proceso.
“¿Qué proponemos en concreto? Subir el mínimo de metros cuadrados por subsidio a 60, como recomiendan organismos internacionales, con posibilidad de ampliación por supuesto. Aislación térmica. Que más gente de las comunas viva en esos nuevos asentamientos, que no sea un collage de gente de distintas ciudades y comunas, tratar de que sean más o menos homogéneos, para que se mantengan ciertos apegos. Y fomentar al 2020 -los pobladores proponen al 2015- a 20 mil subsidios anuales, lo que supone una pequeña revolución que tiene un costo fiscal de varias decenas de millones de dólares, pero Chile puede”, indicó Enríquez-Ominami.
El líder del PRO criticó además que el Gobierno utilice la reconstrucción como excusa para no entregar más soluciones habitacionales: “El pretexto, que es real, de que la reconstrucción significó desviar recursos, no puede ser un mensaje que es completamente anómalo: decirle a la gente sin vivienda del sur que esperen dos o tres inviernos para que recién se demuelan edificios, como ocurrió en la Octava Región; y además decirle a los allegados del norte y la región Metropolitana que tienen que esperar que se resuelva lo del sur, si tampoco se está resolviendo”, cuestionó.
“Estamos en el peor de los mundos: la reconstrucción no avanza y han ido congelándose un montón de herramientas públicas para mejorar la vivienda con el pretexto de la reconstrucción. Entonces no está bien la reconstrucción en la Octava Región ni tampoco está bien el tema de la vivienda en la Metropolitana”, agregó.
Según Marco Enríquez-Ominami existe una mala gestión, lo que implica una contradicción con la principal promesa de campaña de Sebastián Piñera, que se centraba en la eficiencia.
En tanto, José Hidalgo, vocero de la Coordinadora Metropolitana de Allegados, criticó que en los últimos dos años el Gobierno ha entregado soluciones a los sectores emergentes y clase media, mientras que los subsidios para los sectores más vulnerables han sido casi inexistentes: “Queremos pedir que se duplique la cantidad de subsidios que se están entregando. Que se aumente el monto, porque teóricamente asegura 42 metros cuadrados y no estamos de acuerdo con eso. Chile está afiliado a organizaciones internacionales y se dice que el mínimo digno es 15 metros cuadrados por persona. Familias de cuatro, cinco o seis personas están en 60 metros cuadrados. Lo que estamos diciendo es que tienen que tomarse medidas urgentes, porque el tema de los allegados está por reventar”, señaló.
El dirigente social anunció que espera coordinarse con otras organizaciones regionales para realizar acciones en conjunto.
Hasta el ministerio de Vivienda llegaron este miércoles el líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y pobladores agrupados en la Coordinadora Metropolitana de Allegados.
Según explicó el ex candidato presidencial, el objetivo era hacer entrega de la propuesta de la colectividad para erradicar definitivamente los campamentos, que en 2011 se calculaban en 657 y 30 mil familias afectadas, lo que da cuenta de que, al contrario de lo que piensa el Gobierno, el subdesarrollo aún existe.
Enríquez-Ominami destacó que la primera propuesta es una mayor integración, ya que las viviendas sociales se están construyendo en la periferia de la ciudad y no dentro de ella; la segunda, es que se ubiquen en las cercanías de colegios y acceso al transporte público: y por último, una mayor participación ciudadana en el proceso.
“¿Qué proponemos en concreto? Subir el mínimo de metros cuadrados por subsidio a 60, como recomiendan organismos internacionales, con posibilidad de ampliación por supuesto. Aislación térmica. Que más gente de las comunas viva en esos nuevos asentamientos, que no sea un collage de gente de distintas ciudades y comunas, tratar de que sean más o menos homogéneos, para que se mantengan ciertos apegos. Y fomentar al 2020 -los pobladores proponen al 2015- a 20 mil subsidios anuales, lo que supone una pequeña revolución que tiene un costo fiscal de varias decenas de millones de dólares, pero Chile puede”, indicó Enríquez-Ominami.
El líder del PRO criticó además que el Gobierno utilice la reconstrucción como excusa para no entregar más soluciones habitacionales: “El pretexto, que es real, de que la reconstrucción significó desviar recursos, no puede ser un mensaje que es completamente anómalo: decirle a la gente sin vivienda del sur que esperen dos o tres inviernos para que recién se demuelan edificios, como ocurrió en la Octava Región; y además decirle a los allegados del norte y la región Metropolitana que tienen que esperar que se resuelva lo del sur, si tampoco se está resolviendo”, cuestionó.
“Estamos en el peor de los mundos: la reconstrucción no avanza y han ido congelándose un montón de herramientas públicas para mejorar la vivienda con el pretexto de la reconstrucción. Entonces no está bien la reconstrucción en la Octava Región ni tampoco está bien el tema de la vivienda en la Metropolitana”, agregó.
Según Marco Enríquez-Ominami existe una mala gestión, lo que implica una contradicción con la principal promesa de campaña de Sebastián Piñera, que se centraba en la eficiencia.
En tanto, José Hidalgo, vocero de la Coordinadora Metropolitana de Allegados, criticó que en los últimos dos años el Gobierno ha entregado soluciones a los sectores emergentes y clase media, mientras que los subsidios para los sectores más vulnerables han sido casi inexistentes: “Queremos pedir que se duplique la cantidad de subsidios que se están entregando. Que se aumente el monto, porque teóricamente asegura 42 metros cuadrados y no estamos de acuerdo con eso. Chile está afiliado a organizaciones internacionales y se dice que el mínimo digno es 15 metros cuadrados por persona. Familias de cuatro, cinco o seis personas están en 60 metros cuadrados. Lo que estamos diciendo es que tienen que tomarse medidas urgentes, porque el tema de los allegados está por reventar”, señaló.
El dirigente social anunció que espera coordinarse con otras organizaciones regionales para realizar acciones en conjunto.
