Aún faltan varios meses antes de llegar al Comité de Ministros, instancia política que zanjará si se aprueba o no el megaproyecto energético HidroAysén, según indicó el director de Greenpeace, Matías Asun, después de la reunión con el director del SEA.
Esto debido a que la revisión de antecedentes del proyecto ha requerido una modernización del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, como le habría comentado Toro, frente a lo que el ambientalista le manifestó la solicitud de las organizaciones sociales de abrir este Comité a la ciudadanía y hacer público el debate.
Por esta razón el ambientalista responsable de Greenpeace en Chile señaló “lo que a nosotros nos importa es que esa revisión producto del conjunto de irregularidades en las cuales ha incurrido constantemente a propósito de denuncias en la prensa en la evaluación del proyecto HidroAysén, esa reunión del comité de ministros sea pública y sea de conocimiento de las personas interesadas el conjunto de discusiones que se van a tener y cuál va ser la posición de las autoridades en relación al conjunto de riesgos que nosotros pensamos no han sido considerados en la evaluación del proyecto HidroAysén y las medidas de mitigación o derechamente podría incluso rechazarlas, que haya garantías públicas de que en esta oportunidad el asunto sea correcto”.
Una solicitud que surge ante la serie de irregularidades e ilegalidades de la evaluación de las centrales, constatadas por la misma comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde se registran cambios de informes, presiones ilegítimas y la faltas tratados internacionales, como la convención de Washington, entre otras.
Los ambientalistas esperan que antes de establecer el Comité se produzcan una serie de inhabilitaciones de los Ministros, frente a posibles conflictos de interés, por poseer acciones, participar en empresas vinculadas o por opiniones que hayan expresado a los medios en el proceso de calificación del proyecto.
Además, recordemos, están a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la inhabilitación de dos de sus ministros justamente por conflictos de interés, tema en el que denuncian un preocupante retraso del Máximo Tribunal.
Respecto de este complejo escenario se refirió el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego. “Todo lo que está sucediendo demuestra que el sistema de evaluación ambiental, el ministerio de Medio Ambiente y las comisiones de evaluación ambiental regionales, simplemente hay una suerte de fracasos institucional y un fracaso legal, porque finalmente todos los casos están siendo judicializados, terminan en las cortes, y están rebotando en el comité de ministros. Esto lo hemos visto, además, hace años en Chile. Un procedimiento que debería ser eminentemente técnico, está sucediendo exactamente lo opuesto, porque el sistema no está zanjando los proyectos”.
Para Orrego hoy los conflictos se terminan por judicializar en las cortes o politizar en el Comité de Ministros, lo que ocurría antes a través de la CONAMA y hoy sigue ocurriendo en esta nueva institucionalidad.
Para el ambientalista esto es delicado, ya que los ministros de la corte no tienen la capacitación necesaria para decidir sobre estas materias, y por otro lado, la instancia política no es la adecuada para resolver temas altamente técnicos que deben ser independientes. Así, afirmó, siguen primando los criterios económicos por sobre el interés de la ciudadanía y la protección efectiva del medioambiente.
Aún faltan varios meses antes de llegar al Comité de Ministros, instancia política que zanjará si se aprueba o no el megaproyecto energético HidroAysén, según indicó el director de Greenpeace, Matías Asun, después de la reunión con el director del SEA.
Esto debido a que la revisión de antecedentes del proyecto ha requerido una modernización del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, como le habría comentado Toro, frente a lo que el ambientalista le manifestó la solicitud de las organizaciones sociales de abrir este Comité a la ciudadanía y hacer público el debate.
Por esta razón el ambientalista responsable de Greenpeace en Chile señaló “lo que a nosotros nos importa es que esa revisión producto del conjunto de irregularidades en las cuales ha incurrido constantemente a propósito de denuncias en la prensa en la evaluación del proyecto HidroAysén, esa reunión del comité de ministros sea pública y sea de conocimiento de las personas interesadas el conjunto de discusiones que se van a tener y cuál va ser la posición de las autoridades en relación al conjunto de riesgos que nosotros pensamos no han sido considerados en la evaluación del proyecto HidroAysén y las medidas de mitigación o derechamente podría incluso rechazarlas, que haya garantías públicas de que en esta oportunidad el asunto sea correcto”.
Una solicitud que surge ante la serie de irregularidades e ilegalidades de la evaluación de las centrales, constatadas por la misma comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde se registran cambios de informes, presiones ilegítimas y la faltas tratados internacionales, como la convención de Washington, entre otras.
Los ambientalistas esperan que antes de establecer el Comité se produzcan una serie de inhabilitaciones de los Ministros, frente a posibles conflictos de interés, por poseer acciones, participar en empresas vinculadas o por opiniones que hayan expresado a los medios en el proceso de calificación del proyecto.
Además, recordemos, están a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la inhabilitación de dos de sus ministros justamente por conflictos de interés, tema en el que denuncian un preocupante retraso del Máximo Tribunal.
Respecto de este complejo escenario se refirió el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego. “Todo lo que está sucediendo demuestra que el sistema de evaluación ambiental, el ministerio de Medio Ambiente y las comisiones de evaluación ambiental regionales, simplemente hay una suerte de fracasos institucional y un fracaso legal, porque finalmente todos los casos están siendo judicializados, terminan en las cortes, y están rebotando en el comité de ministros. Esto lo hemos visto, además, hace años en Chile. Un procedimiento que debería ser eminentemente técnico, está sucediendo exactamente lo opuesto, porque el sistema no está zanjando los proyectos”.
Para Orrego hoy los conflictos se terminan por judicializar en las cortes o politizar en el Comité de Ministros, lo que ocurría antes a través de la CONAMA y hoy sigue ocurriendo en esta nueva institucionalidad.
Para el ambientalista esto es delicado, ya que los ministros de la corte no tienen la capacitación necesaria para decidir sobre estas materias, y por otro lado, la instancia política no es la adecuada para resolver temas altamente técnicos que deben ser independientes. Así, afirmó, siguen primando los criterios económicos por sobre el interés de la ciudadanía y la protección efectiva del medioambiente.
Aún faltan varios meses antes de llegar al Comité de Ministros, instancia política que zanjará si se aprueba o no el megaproyecto energético HidroAysén, según indicó el director de Greenpeace, Matías Asun, después de la reunión con el director del SEA.
Esto debido a que la revisión de antecedentes del proyecto ha requerido una modernización del mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, como le habría comentado Toro, frente a lo que el ambientalista le manifestó la solicitud de las organizaciones sociales de abrir este Comité a la ciudadanía y hacer público el debate.
Por esta razón el ambientalista responsable de Greenpeace en Chile señaló “lo que a nosotros nos importa es que esa revisión producto del conjunto de irregularidades en las cuales ha incurrido constantemente a propósito de denuncias en la prensa en la evaluación del proyecto HidroAysén, esa reunión del comité de ministros sea pública y sea de conocimiento de las personas interesadas el conjunto de discusiones que se van a tener y cuál va ser la posición de las autoridades en relación al conjunto de riesgos que nosotros pensamos no han sido considerados en la evaluación del proyecto HidroAysén y las medidas de mitigación o derechamente podría incluso rechazarlas, que haya garantías públicas de que en esta oportunidad el asunto sea correcto”.
Una solicitud que surge ante la serie de irregularidades e ilegalidades de la evaluación de las centrales, constatadas por la misma comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde se registran cambios de informes, presiones ilegítimas y la faltas tratados internacionales, como la convención de Washington, entre otras.
Los ambientalistas esperan que antes de establecer el Comité se produzcan una serie de inhabilitaciones de los Ministros, frente a posibles conflictos de interés, por poseer acciones, participar en empresas vinculadas o por opiniones que hayan expresado a los medios en el proceso de calificación del proyecto.
Además, recordemos, están a la espera de la decisión de la Corte Suprema sobre la inhabilitación de dos de sus ministros justamente por conflictos de interés, tema en el que denuncian un preocupante retraso del Máximo Tribunal.
Respecto de este complejo escenario se refirió el presidente de Ecosistemas Juan Pablo Orrego. “Todo lo que está sucediendo demuestra que el sistema de evaluación ambiental, el ministerio de Medio Ambiente y las comisiones de evaluación ambiental regionales, simplemente hay una suerte de fracasos institucional y un fracaso legal, porque finalmente todos los casos están siendo judicializados, terminan en las cortes, y están rebotando en el comité de ministros. Esto lo hemos visto, además, hace años en Chile. Un procedimiento que debería ser eminentemente técnico, está sucediendo exactamente lo opuesto, porque el sistema no está zanjando los proyectos”.
Para Orrego hoy los conflictos se terminan por judicializar en las cortes o politizar en el Comité de Ministros, lo que ocurría antes a través de la CONAMA y hoy sigue ocurriendo en esta nueva institucionalidad.
Para el ambientalista esto es delicado, ya que los ministros de la corte no tienen la capacitación necesaria para decidir sobre estas materias, y por otro lado, la instancia política no es la adecuada para resolver temas altamente técnicos que deben ser independientes. Así, afirmó, siguen primando los criterios económicos por sobre el interés de la ciudadanía y la protección efectiva del medioambiente.
