Ambientalistas y vecinos buscan evitar salida conciliatoria por termoeléctrica Castilla
Sigue la disputa legal de los vecinos del Totoral contra la construcción de la termoeléctrica Castilla. Los abogados de los ciudadanos buscan evitar que se llegue a un acuerdo extra-judicial con empresa CGX del brasileño Eike Batista. En tanto, el Presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, señaló que en el país se ha producido un fenómeno de judicialización de los conflictos ambientales con lo que coincidieron los ambientalistas.
Lunes 28 de mayo 2012 17:18 hrs.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), mandatado por la Junta de Vecinos de Totoral interpuso un recurso de reposición para revertir la eventual salida conciliatoria propuesta por el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, en el Caso Castilla convocada para el próximo 12 de junio.
El director del organismo, Lucio Cuenca, afirmó que los derechos vulnerados no tienen precio, así como tampoco la irresponsabilidad de las autoridades que actuaron ilegal y arbitrariamente en este caso. “No estamos hablando de cualquier derecho. Estamos hablando del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estamos hablando de la protección que debe existir, porque son derechos constitucionales y esto no es lo mismo que un juicio civil, donde puede haber transacciones económicas para resolver algunos conflictos, sino que acá están involucrados derechos socio ambientales y patrimonio ambiental, que no son sujetos a transacciones económicas”, aseguró Cuenca.
De acogerse esta medida, la Corte debería revocar el comparendo conciliatorio y fallar, en medio de las fuertes presiones de la autoridad, que según indicó Cuenca, jamás ha dejado el lobby comunicacional y político. Además de una serie de movilizaciones de los ciudadanos de la región de Atacama quienes ya no están dispuestos a vivir en “zonas de sacrificio” debido al progreso y el desarrollo.
Además, se suman las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien señaló que en el país se ha producido un fenómeno de judicialización de los conflictos ambientales. En este sentido, Luis Mariano Rendón, presidente de Acción Ecológica, afirmó que la judicialización existe y que se debe a la crisis de la actual institucionalidad ambiental.
“En el esquema de una institucionalidad altamente centralista, que ha eliminado la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre lo que se hace y no se hace en sus territorios; es evidente que los conflictos, cuando no tienen resolución ahí o buscan su resolución en las calles, como hemos visto en el caso de Pelequén, en Freirina, también en el caso de Aysén, o la otra alternativa también es recurrir a los tribunales de Justicia”, afirmó Rendón.
Una crítica que sostenida por ambientalistas de diversas organizaciones, quienes aseguran que el actual sistema “no está cumpliendo su rol”, ya que la aprobación de los proyectos se politiza y judicializa, y la fiscalización se ha visto seriamente debilitada, afectando con fuerza a la población como se puede apreciar con claridad en casos polémicos como el de Freirina.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), mandatado por la Junta de Vecinos de Totoral interpuso un recurso de reposición para revertir la eventual salida conciliatoria propuesta por el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, en el Caso Castilla convocada para el próximo 12 de junio.
El director del organismo, Lucio Cuenca, afirmó que los derechos vulnerados no tienen precio, así como tampoco la irresponsabilidad de las autoridades que actuaron ilegal y arbitrariamente en este caso. “No estamos hablando de cualquier derecho. Estamos hablando del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estamos hablando de la protección que debe existir, porque son derechos constitucionales y esto no es lo mismo que un juicio civil, donde puede haber transacciones económicas para resolver algunos conflictos, sino que acá están involucrados derechos socio ambientales y patrimonio ambiental, que no son sujetos a transacciones económicas”, aseguró Cuenca.
De acogerse esta medida, la Corte debería revocar el comparendo conciliatorio y fallar, en medio de las fuertes presiones de la autoridad, que según indicó Cuenca, jamás ha dejado el lobby comunicacional y político. Además de una serie de movilizaciones de los ciudadanos de la región de Atacama quienes ya no están dispuestos a vivir en “zonas de sacrificio” debido al progreso y el desarrollo.
Además, se suman las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien señaló que en el país se ha producido un fenómeno de judicialización de los conflictos ambientales. En este sentido, Luis Mariano Rendón, presidente de Acción Ecológica, afirmó que la judicialización existe y que se debe a la crisis de la actual institucionalidad ambiental.
“En el esquema de una institucionalidad altamente centralista, que ha eliminado la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre lo que se hace y no se hace en sus territorios; es evidente que los conflictos, cuando no tienen resolución ahí o buscan su resolución en las calles, como hemos visto en el caso de Pelequén, en Freirina, también en el caso de Aysén, o la otra alternativa también es recurrir a los tribunales de Justicia”, afirmó Rendón.
Una crítica que sostenida por ambientalistas de diversas organizaciones, quienes aseguran que el actual sistema “no está cumpliendo su rol”, ya que la aprobación de los proyectos se politiza y judicializa, y la fiscalización se ha visto seriamente debilitada, afectando con fuerza a la población como se puede apreciar con claridad en casos polémicos como el de Freirina.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), mandatado por la Junta de Vecinos de Totoral interpuso un recurso de reposición para revertir la eventual salida conciliatoria propuesta por el presidente de la Tercera Sala de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñoz, en el Caso Castilla convocada para el próximo 12 de junio.
El director del organismo, Lucio Cuenca, afirmó que los derechos vulnerados no tienen precio, así como tampoco la irresponsabilidad de las autoridades que actuaron ilegal y arbitrariamente en este caso. “No estamos hablando de cualquier derecho. Estamos hablando del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estamos hablando de la protección que debe existir, porque son derechos constitucionales y esto no es lo mismo que un juicio civil, donde puede haber transacciones económicas para resolver algunos conflictos, sino que acá están involucrados derechos socio ambientales y patrimonio ambiental, que no son sujetos a transacciones económicas”, aseguró Cuenca.
De acogerse esta medida, la Corte debería revocar el comparendo conciliatorio y fallar, en medio de las fuertes presiones de la autoridad, que según indicó Cuenca, jamás ha dejado el lobby comunicacional y político. Además de una serie de movilizaciones de los ciudadanos de la región de Atacama quienes ya no están dispuestos a vivir en “zonas de sacrificio” debido al progreso y el desarrollo.
Además, se suman las declaraciones del Presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, quien señaló que en el país se ha producido un fenómeno de judicialización de los conflictos ambientales. En este sentido, Luis Mariano Rendón, presidente de Acción Ecológica, afirmó que la judicialización existe y que se debe a la crisis de la actual institucionalidad ambiental.
“En el esquema de una institucionalidad altamente centralista, que ha eliminado la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre lo que se hace y no se hace en sus territorios; es evidente que los conflictos, cuando no tienen resolución ahí o buscan su resolución en las calles, como hemos visto en el caso de Pelequén, en Freirina, también en el caso de Aysén, o la otra alternativa también es recurrir a los tribunales de Justicia”, afirmó Rendón.
Una crítica que sostenida por ambientalistas de diversas organizaciones, quienes aseguran que el actual sistema “no está cumpliendo su rol”, ya que la aprobación de los proyectos se politiza y judicializa, y la fiscalización se ha visto seriamente debilitada, afectando con fuerza a la población como se puede apreciar con claridad en casos polémicos como el de Freirina.
