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Año XIV, 2 de julio de 2022

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Aymara encarcelada por muerte de su hijo recibe indulto que reduce condena a la mitad

El Presidente Sebastián Piñera otorgó a la pastora Gabriela Blas un beneficio que rebaja de doce a seis años de cárcel la pena por la muerte de su hijo de tres años, extraviado en el altiplano. Sus representantes se mostraron disconformes e insistieron en sus denuncias de discriminación y vulneración de derechos.

Rodrigo Alarcón López

  Martes 29 de mayo 2012 20:26 hrs. 
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En julio de 2007, Gabriela Blas Blas se encontraba pastoreando llamas y ovejas en las cercanías de la estancia Caicone, comuna de General Lagos, en la región de Arica y Parinacota, cuando dos animales se separaron de la manada.

La pastora aymara dejó a su hijo Domingo Blas Blas, de tres años y once meses, envuelto en un aguayo y le dijo que la esperara mientras recuperaba a los animales. Sin embargo, al volver, el niño se había extraviado. Su cuerpo fue hallado en pleno altiplano en diciembre de 2008.

Gabriela Blas, que había avisado por su cuenta a Carabineros del extravío, fue detenida y acusada por la muerte del menor. Debió cumplir tres años de prisión preventiva, la más larga desde la reforma procesal penal, hasta que en abril de 2010 fue condenada a diez años y un día de cárcel.

El juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones de Arica, pero en el segundo proceso la sentencia fue más dura: doce años.

Este martes, la mujer de 29 años fue beneficiada por un decreto de indulto que reduce a seis años la pena, que ha cumplido en la cárcel de Acha, en Arica. Aunque se esperaba que el Presidente Sebastián Piñera hiciera el anuncio durante la visita que realiza a Arica, la noticia fue comunicada directamente a la mujer por parte de la Defensoría Penal Pública y el capitán de Gendarmería a cargo del penal.

Sin embargo, la solicitud de indulto buscaba la libertad inmediata. La abogada de la Corporación Humanas, Catalina Lagos, dijo que “el indulto que otorgó el Presidente Sebastián Piñera consiste en una reducción de la pena de Gabriela, no es un indulto que perdone absolutamente la pena, que era lo que nosotros esperábamos. En ese sentido, evidentemente ella está un poco conflictuada, porque esperaba que se le perdonara absolutamente la pena. Esto le genera incertidumbre respecto a qué va a suceder con su situación”.

Quienes la defienden aseguran que la detención y el juicio de Gabriela Blas fueron discriminatorios y vulneraron sus derechos fundamentales.
Según la abogada Catalina Lagos, la pastora aymara estuvo privada de libertad ilegalmente durante siete días por parte de Carabineros, antes que se hiciera el control de detención, mientras su hijo era buscado en el altiplano.

Luego, una vez recluida en la cárcel de Acha, estuvo aislada durante tres meses, cuando otros países han sido condenados por organismos internacionales por mantener personas aisladas durante solo 36 días, lo cual es considerado un trato cruel, inhumano y degradante.
Asimismo, la sentencia no consideró el componente cultural específico de Gabriela Blas, quien pertenece a la etnia aymara, y su rol y responsabilidad al cuidar un grupo de animales.

Esto, señaló Catalina Lagos, era motivo suficiente para que el indulto liberara de inmediato a la mujer: “Esperábamos que le perdonaran o le remitieran, como se dice técnicamente, absolutamente la pena. Esto, en virtud de que la grave discriminación que sufrió Gabriela y la vulneración sistemática a sus DD.HH. exigen, por justicia, que lo que se haga con ella sea eliminar la pena, que no tenga que cumplir un día más y sea liberada inmediatamente”, explicó.

De acuerdo a la profesional, “la discriminación más notoria y patente es la condena desproporcionada y severa en exceso, de doce años de presidio. Sin embargo, antes de la condena hay numerosos actos constitutivos de violaciones a los DD.HH. que ella sufre”.

Sumando la prisión preventiva y los casi dos años de condena que suma, Gabriela Blas deberá permanecer cerca de un año más recluida antes de recuperar su libertad.

En paralelo a la solicitud de indulto, el Observatorio Ciudadano y la Corporación Humanas presentaron en su representación una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile, por violación de derechos y garantías establecidas en convenios internacionales, la que fue declarada admisible y se encuentra en curso.

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