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Año XIV, 3 de julio de 2022

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Fonasa atribuye negativa de venta de bonos a jubilados a pensiones asistenciales

Parlamentarios de oposición culparon a Fonasa por la negación de venta de bonos a jubilados, beneficiados con la eliminación del 7 por ciento de salud. Además, negaron que la responsabilidad recaiga en la creación de la Pensión Solidaria Básica, tal como señaló el director de la institución, Mikel Uriarte.

Narayan Vila

  Martes 29 de mayo 2012 18:37 hrs. 
FONASA 4

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El director nacional de Fonasa, Mikel Uriarte, afirmó que son 112 mil los jubilados, beneficiados con la eliminación del 7 por ciento de salud, sin el derecho a la libre elección y que, por ende, no pueden comprar bonos para atenderse en el sistema privado.

Según la autoridad se trataría de personas que recibieron la Pensión Solidaria Básica en 2008, y que, debido al artículo 26 de dicha ley, dejaron de ser carga familiar.

Esto les impediría comprar bonos, ya que se encuentra en el tramo A de Fonasa para indigentes, debido a que, desde el 2008, nunca han cotizado en el sistema público de salud.

“Las personas que cotizaban salud en cualquier momento en el tiempo. Que cotizaban, estén en la pensión básica solidaria cotizando o estén en el sistema normal mantienen sus beneficios de la libre elección. Lo que sí han aparecido consultas de personas que en 2008 perdió los beneficios de la libre elección cuando renunciaron a ser cargas, estamos hablando de personas de 2008 y que no cotizan desde el 2008, situación que según la ley y a la interpretación del gobierno pasado y la superintendencia de esa época no siguieron además cotizando”, explicó el director de Fonasa.

Uriarte señaló que la promulgación de la ley que elimina el 7 por ciento para jubilados no es la responsable de la pérdida de la libre elección, ya que se insertó un artículo que expresa que los beneficiarios que se encuentren exentos de la cotización legal de salud y que no sean indigentes o carentes de recursos, tendrán el derecho a libre elección.

El diputado Ramón Farías relativizó los argumentos del director de Fonasa, ya que las personas que recibieron la pensión solidaria “compraron bonos sin problemas hasta que se promulgó la ley de eliminación del 7 por ciento”, según declaró.

El parlamentario agregó que “se decidió no seguir entregando la posibilidad de comprar bonos a esta gente”, sin razones ni motivos fundados.

Según el diputado del PPD “ellos no tienen que ver con el tema del 7 por ciento porque ellos nunca cotizaron, ellos eran carga de sus maridos u otros, porque ahora no los dejan ahora comprar bono si ellos, si ellos hasta marzo, que fue cuando se promulgó la ley ellos podían comprar bonos y nadie les ponía ningún problema. Hoy le dicen usted paso a la calidad de indigente, por lo tanto, no puede comprar bonos y la única manera que usted pueda comprar bono es renunciar a la subvención y vuelve a ser carga de su marido, le podemos volver a vender bono”.

Farías informó que está a la espera de una respuesta del director de Fonasa para reunirse con él y plantearle un problema que afectaría a cerca 500 mil personas, principalmente mujeres, según denunció.

Por su parte, el diputado miembro de la comisión de Salud de la Cámara Baja, Juan Luis Castro, indicó que el problema no radica en la aplicación de reformas anteriores, sino en una mala interpretación legislativa.

Por eso, el parlamentario socialista indicó  “aquí estamos hablando de que a propósito de la Ley del 7 por ciento, que entró en vigencia el año pasado, hay gente que no está teniendo el derecho que estaba asegurado, que es a comprar los bonos. Eso nos parece grave y por lo tanto no se deben mezclar peras con manzanas porque estamos hablando de realidades muy distintas y de universos de personas que son diferentes respecto de sus beneficios”.

El parlamentario dijo a Radio Universidad de Chile no entender el argumento del director de Fonasa, ya que alude a un hecho distinto al cuestionado.

Castro remarcó que se trata de un error administrativo al interior de Fonasa, debido a que “no ha cruzado bien sus bases de datos”, lo que está obstaculizando la aplicación de la ley, expresó.

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