Los integrantes de la Asamblea de dirigentes indígenas atacameños o Lickan Antay, compuesta por habitantes de San Pedro de Atacama, Toconao, y Chiu Chiu entre otras nueve comunidades, se encuentran preocupados por los recientes anuncios del gobierno sobre medidas a aplicar en Áreas Silvestres Protegidas.
Especial atención concita la idea de concesionar a privados la administración de sitios turísticos, hoy en manos de las comunidades originarias, lo que emana de la Ley de Turismo publicada en febrero de 2010.
El pasado 7 de mayo la subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, informó sobre la promulgación del reglamento que fija el procedimiento para el otorgamiento de Concesiones Turísticas en Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Estado, elaborado por la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales, la Conaf y el ministerio del Medio Ambiente.
Según el Ejecutivo, el reglamento tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del país, incentivando la inversión pública y privada.
Manuel Cortés, coordinador de la asamblea, lamentó que estas decisiones se tomen sin consultarlo primero con las comunidades, que son las dueñas del territorio, y criticó que el ministro de Economía, Pablo Longueira, dé a entender que éstas no saben hacer turismo.
Los dirigentes atacameños aseguran que el Gobierno no está respetando la legislación nacional e internacional sobre la consulta a comunidades indígenas cuando haya medidas que las afecten, tales como la Ley Indígena, que en su artículo 35 se refiere precisamente a las áreas silvestres protegidas, y el Convenio 169 de la OIT.
Cortés advirtió que hay una contradicción, por un lado, entre este tipo de políticas que supuestamente apuntan a proteger la biodiversidad y, por otro, el permiso y concesiones mineras y derechos de extracción de aguas subterráneas que sólo dejan destrucción en la zona.
Por su parte Karin Zuleta, también coordinadora de la asamblea, añadió que existe una demanda histórica de los pueblos atacameños sobre la transferencia de sus territorios, que no ha sido atendida por el gobierno, salvo por la concesión a las comunidades de su propia tierra.
Zuleta sostuvo que a esto se suma la preocupación por la licitación a privados. “Hay comunidades que están administrando sitios turísticos no por el tema del lucro, sino por el resguardo de la situación del territorio y del patrimonio. Tenemos muchos sitios que están siendo abiertos al turismo sin control, no hay una metodología de trabajo y un resguardo en términos de líneas políticas y de líneas estructurales territoriales que digan cómo manejar el turismo en el territorio atacameño. Esta asamblea está dedicada a trabajar en una propuesta para el Gobierno, desde el punto de vista endógeno de las comunidades indígenas atacameñas, para que seamos nosotros los gestores y articuladores y que mostremos lo que queremos manejar de nuestros bienes y patrimonios dentro de nuestro territorio. No queremos que vengan los grandes holdings, no queremos que vengan los grandes hoteles a San Pedro de Atacama”, aseguró.
Los coordinadores aseguraron que la consulta a los habitantes de la zona ha sido casi inexistente y anunciaron que próximamente solicitarán reuniones con autoridades para plantearles sus demandas.
Los integrantes de la Asamblea de dirigentes indígenas atacameños o Lickan Antay, compuesta por habitantes de San Pedro de Atacama, Toconao, y Chiu Chiu entre otras nueve comunidades, se encuentran preocupados por los recientes anuncios del gobierno sobre medidas a aplicar en Áreas Silvestres Protegidas.
Especial atención concita la idea de concesionar a privados la administración de sitios turísticos, hoy en manos de las comunidades originarias, lo que emana de la Ley de Turismo publicada en febrero de 2010.
El pasado 7 de mayo la subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, informó sobre la promulgación del reglamento que fija el procedimiento para el otorgamiento de Concesiones Turísticas en Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Estado, elaborado por la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales, la Conaf y el ministerio del Medio Ambiente.
Según el Ejecutivo, el reglamento tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del país, incentivando la inversión pública y privada.
Manuel Cortés, coordinador de la asamblea, lamentó que estas decisiones se tomen sin consultarlo primero con las comunidades, que son las dueñas del territorio, y criticó que el ministro de Economía, Pablo Longueira, dé a entender que éstas no saben hacer turismo.
Los dirigentes atacameños aseguran que el Gobierno no está respetando la legislación nacional e internacional sobre la consulta a comunidades indígenas cuando haya medidas que las afecten, tales como la Ley Indígena, que en su artículo 35 se refiere precisamente a las áreas silvestres protegidas, y el Convenio 169 de la OIT.
Cortés advirtió que hay una contradicción, por un lado, entre este tipo de políticas que supuestamente apuntan a proteger la biodiversidad y, por otro, el permiso y concesiones mineras y derechos de extracción de aguas subterráneas que sólo dejan destrucción en la zona.
Por su parte Karin Zuleta, también coordinadora de la asamblea, añadió que existe una demanda histórica de los pueblos atacameños sobre la transferencia de sus territorios, que no ha sido atendida por el gobierno, salvo por la concesión a las comunidades de su propia tierra.
Zuleta sostuvo que a esto se suma la preocupación por la licitación a privados. “Hay comunidades que están administrando sitios turísticos no por el tema del lucro, sino por el resguardo de la situación del territorio y del patrimonio. Tenemos muchos sitios que están siendo abiertos al turismo sin control, no hay una metodología de trabajo y un resguardo en términos de líneas políticas y de líneas estructurales territoriales que digan cómo manejar el turismo en el territorio atacameño. Esta asamblea está dedicada a trabajar en una propuesta para el Gobierno, desde el punto de vista endógeno de las comunidades indígenas atacameñas, para que seamos nosotros los gestores y articuladores y que mostremos lo que queremos manejar de nuestros bienes y patrimonios dentro de nuestro territorio. No queremos que vengan los grandes holdings, no queremos que vengan los grandes hoteles a San Pedro de Atacama”, aseguró.
Los coordinadores aseguraron que la consulta a los habitantes de la zona ha sido casi inexistente y anunciaron que próximamente solicitarán reuniones con autoridades para plantearles sus demandas.
Los integrantes de la Asamblea de dirigentes indígenas atacameños o Lickan Antay, compuesta por habitantes de San Pedro de Atacama, Toconao, y Chiu Chiu entre otras nueve comunidades, se encuentran preocupados por los recientes anuncios del gobierno sobre medidas a aplicar en Áreas Silvestres Protegidas.
Especial atención concita la idea de concesionar a privados la administración de sitios turísticos, hoy en manos de las comunidades originarias, lo que emana de la Ley de Turismo publicada en febrero de 2010.
El pasado 7 de mayo la subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, informó sobre la promulgación del reglamento que fija el procedimiento para el otorgamiento de Concesiones Turísticas en Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Estado, elaborado por la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales, la Conaf y el ministerio del Medio Ambiente.
Según el Ejecutivo, el reglamento tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión y conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del país, incentivando la inversión pública y privada.
Manuel Cortés, coordinador de la asamblea, lamentó que estas decisiones se tomen sin consultarlo primero con las comunidades, que son las dueñas del territorio, y criticó que el ministro de Economía, Pablo Longueira, dé a entender que éstas no saben hacer turismo.
Los dirigentes atacameños aseguran que el Gobierno no está respetando la legislación nacional e internacional sobre la consulta a comunidades indígenas cuando haya medidas que las afecten, tales como la Ley Indígena, que en su artículo 35 se refiere precisamente a las áreas silvestres protegidas, y el Convenio 169 de la OIT.
Cortés advirtió que hay una contradicción, por un lado, entre este tipo de políticas que supuestamente apuntan a proteger la biodiversidad y, por otro, el permiso y concesiones mineras y derechos de extracción de aguas subterráneas que sólo dejan destrucción en la zona.
Por su parte Karin Zuleta, también coordinadora de la asamblea, añadió que existe una demanda histórica de los pueblos atacameños sobre la transferencia de sus territorios, que no ha sido atendida por el gobierno, salvo por la concesión a las comunidades de su propia tierra.
Zuleta sostuvo que a esto se suma la preocupación por la licitación a privados. “Hay comunidades que están administrando sitios turísticos no por el tema del lucro, sino por el resguardo de la situación del territorio y del patrimonio. Tenemos muchos sitios que están siendo abiertos al turismo sin control, no hay una metodología de trabajo y un resguardo en términos de líneas políticas y de líneas estructurales territoriales que digan cómo manejar el turismo en el territorio atacameño. Esta asamblea está dedicada a trabajar en una propuesta para el Gobierno, desde el punto de vista endógeno de las comunidades indígenas atacameñas, para que seamos nosotros los gestores y articuladores y que mostremos lo que queremos manejar de nuestros bienes y patrimonios dentro de nuestro territorio. No queremos que vengan los grandes holdings, no queremos que vengan los grandes hoteles a San Pedro de Atacama”, aseguró.
Los coordinadores aseguraron que la consulta a los habitantes de la zona ha sido casi inexistente y anunciaron que próximamente solicitarán reuniones con autoridades para plantearles sus demandas.
