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Ambientalistas: Suspensión de la línea de transmisión de Hidroaysén “es un chantaje de Colbún”

Como un chantaje y como una forma de presión por parte de Colbún calificaron diversos sectores ecologistas la suspensión de la empresa en la línea eléctrica de Hidroaysén, que tendría como objetivo apurar un escenario favorable para su realización. Esto, además de las críticas que genera la idea de una “súper carretera eléctrica”.

Héctor Areyuna

  Lunes 4 de junio 2012 18:40 hrs. 
COLBUN TRANSMISION

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Diversas reacciones generó el anuncio del Gobierno de presentar en septiembre una carretera energética pública, justo después de la decisión de Colbún de sugerir la suspensión de las líneas de transmisión del proyecto Hidroaysén.

En primer término, este fin de semana ecologistas y dirigentes sociales rechazaron la idea de una “súper carretera eléctrica” por considerarla una agudización del “modelo centralizado de extracción de energía del país”.

Esto, porque el proyecto impactaría a muchas comunidades regionales, al pasar por distintas regiones y además hace inestable el sistema al estar todo interconectado centralmente.

Pero por otra parte, el escenario que se configuró despertó sospechas respecto a las presiones que estaría ejerciendo Colbún para garantizar facilidades respecto de las líneas de transmisión.

Sara Larraín, de Chile Sustentable, aseguró que “la interpretación nuestra es que acá hay un cierto chantaje por parte de Colbún al Estado con el objeto de requerirle, que establezca un marco regulatorio, que facilite más aún las inversiones en hidroelectricidad y particularmente como señaló el comunicado de la empresa, que en el fondo apure consensos nacionales y establezca pronto la carretera pública con el objeto de que ellos tengan aseguradas las facilidades para su proyecto”.

La activista aseguró que el sector eléctrico ya tiene muchas facilidades según el marco jurídico nacional, y que en el Gobierno existe voluntad política para propiciar la hidroelectricidad.

Ante esto, Sara Larraín lamentó la cantidad de privilegios y beneficios con que el sector eléctrico cuenta por sobre otras actividades productivas, como la agricultura.

“Todo lo que signifique aporte de todos los chilenos y de presupuesto público para priorizar un sector productivo por sobre otros, nos parece nefasto. Lo que está ocurriendo de facto es que se está entregando demasiados privilegios legales a los eléctricos por sobre los agricultores y eso significa que se pasa la propiedad y los derechos de las eléctricas por sobre la propiedad de los agricultores y eso finalmente conduce a conflictos territoriales”, explicó la ecologista.

Por otra parte, la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, dijo que a pesar del apoyo al interior del Gobierno y del oficialismo, el Ejecutivo aún no sabe cómo responder a las presiones de las empresas involucradas.

En este sentido, la directora de Terram señaló que “hay mucha gente en la política ligada al Gobierno que defiende este proyecto. Sin embargo cuando Colbún hace su declaración pública, hay ciertos matices, porque en el fondo ellos están interpelando a un Gobierno para que les facilite un proyecto. No están claras las respuestas del Gobierno. Yo diría, que si esto se mira más políticamente Colbún está presionando al Gobierno y la autoridad no ha dicho qué va a hacer”.

Todas estas críticas apuntan al rechazo generalizado que la idea de represas en la Patagonia ha generado, ante lo que diversos actores más allá de los movimientos sociales, como la Asociación de Empresas Eléctricas, llaman a fomentar la participación de la ciudadanía en la discusión sobre asuntos energéticos.

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