La idea del Gobierno es unificar las becas y créditos, entregándolos a personas de los primeros 9 déciles de ingresos, por medio de una agencia pública, sin que los bancos tengan injerencia en su administración ni financiamiento.
Estos créditos, que tendrían una tasa de interés de un 2 por ciento, se entregarían en relación al arancel de referencia, que es un promedio de cuánto debería costar una carrera, lo que se calcularía por criterios de empleabilidad, cuya brecha deben cubrir las Universidades.
En la firma del proyecto, el Presidente Sebastián Piñera llamó al Congreso a aprobar esta iniciativa a la brevedad. “Que avancemos con la máxima velocidad, porque mientras antes aprobemos este proyecto de ley, antes vamos a tener un país que pueda decir con legítimo orgullo y satisfacción que ha logrado garantizarle a todos sus jóvenes una Educación de calidad, un financiamiento justo, becas garantizadas para el 60 por ciento más vulnerable”, aseguró el mandatario.
Por su parte, el ministro de Educación, Harald Beyer, insistió en que la propuesta estudiantil de un sistema de educación pública gratuita es injusto. “En un país con los niveles de desigualdad que exhibe Chile, donde 9 de cada 10 jóvenes de las familias de mayores ingresos acceden a la Educación Superior, mientras 8 de cada 10 de los más vulnerables no consiguen ingresar y donde aún hay 2, 6 millones de personas que viven en pobreza, una educación terciaria de carácter gratuita para todos es regresiva y, por tanto, injusta. Es evidente que una educación con más oportunidades y más igualitaria se decide en las etapas previas”, sostuvo el titular de Mineduc.
Una de las novedades de este sistema es que el crédito se condiciona a que los estudiantes cursen sus carreras en instituciones acreditadas por, a lo menos, tres años.
Para el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Juan Manuel Zolezzi, el debate sobre la calidad de las instituciones debe abordarse más profundamente.
“En el tema de la acreditación vamos a tener que tomar otras definiciones, el que tenga menos de tantos años de acreditación, no va a tener acreditación. Ustedes ven lo que está ocurriendo con una universidad X que por mucha acreditación que tuvo, estaba incurriendo en temas de lucro. El tema de la acreditación tiene que ser un elemento que defina quiénes tienen beneficios estudiantiles y quienes no, pero eso tiene que estar meridianamente claro desde el principio”, sostuvo Zolezzi.
El Gobierno informó que este proyecto, que ingresa al Congreso con urgencia simple, es solo uno más de un diseño armónico de iniciativas que pretenden realizar la reforma “más profunda” del sistema educacional chileno.
Sin embargo, desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ya aseguran que “es solo un maquillaje para legitimar el modelo de endeudamiento y de lucro”.
La idea del Gobierno es unificar las becas y créditos, entregándolos a personas de los primeros 9 déciles de ingresos, por medio de una agencia pública, sin que los bancos tengan injerencia en su administración ni financiamiento.
Estos créditos, que tendrían una tasa de interés de un 2 por ciento, se entregarían en relación al arancel de referencia, que es un promedio de cuánto debería costar una carrera, lo que se calcularía por criterios de empleabilidad, cuya brecha deben cubrir las Universidades.
En la firma del proyecto, el Presidente Sebastián Piñera llamó al Congreso a aprobar esta iniciativa a la brevedad. “Que avancemos con la máxima velocidad, porque mientras antes aprobemos este proyecto de ley, antes vamos a tener un país que pueda decir con legítimo orgullo y satisfacción que ha logrado garantizarle a todos sus jóvenes una Educación de calidad, un financiamiento justo, becas garantizadas para el 60 por ciento más vulnerable”, aseguró el mandatario.
Por su parte, el ministro de Educación, Harald Beyer, insistió en que la propuesta estudiantil de un sistema de educación pública gratuita es injusto. “En un país con los niveles de desigualdad que exhibe Chile, donde 9 de cada 10 jóvenes de las familias de mayores ingresos acceden a la Educación Superior, mientras 8 de cada 10 de los más vulnerables no consiguen ingresar y donde aún hay 2, 6 millones de personas que viven en pobreza, una educación terciaria de carácter gratuita para todos es regresiva y, por tanto, injusta. Es evidente que una educación con más oportunidades y más igualitaria se decide en las etapas previas”, sostuvo el titular de Mineduc.
Una de las novedades de este sistema es que el crédito se condiciona a que los estudiantes cursen sus carreras en instituciones acreditadas por, a lo menos, tres años.
Para el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Juan Manuel Zolezzi, el debate sobre la calidad de las instituciones debe abordarse más profundamente.
“En el tema de la acreditación vamos a tener que tomar otras definiciones, el que tenga menos de tantos años de acreditación, no va a tener acreditación. Ustedes ven lo que está ocurriendo con una universidad X que por mucha acreditación que tuvo, estaba incurriendo en temas de lucro. El tema de la acreditación tiene que ser un elemento que defina quiénes tienen beneficios estudiantiles y quienes no, pero eso tiene que estar meridianamente claro desde el principio”, sostuvo Zolezzi.
El Gobierno informó que este proyecto, que ingresa al Congreso con urgencia simple, es solo uno más de un diseño armónico de iniciativas que pretenden realizar la reforma “más profunda” del sistema educacional chileno.
Sin embargo, desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ya aseguran que “es solo un maquillaje para legitimar el modelo de endeudamiento y de lucro”.
La idea del Gobierno es unificar las becas y créditos, entregándolos a personas de los primeros 9 déciles de ingresos, por medio de una agencia pública, sin que los bancos tengan injerencia en su administración ni financiamiento.
Estos créditos, que tendrían una tasa de interés de un 2 por ciento, se entregarían en relación al arancel de referencia, que es un promedio de cuánto debería costar una carrera, lo que se calcularía por criterios de empleabilidad, cuya brecha deben cubrir las Universidades.
En la firma del proyecto, el Presidente Sebastián Piñera llamó al Congreso a aprobar esta iniciativa a la brevedad. “Que avancemos con la máxima velocidad, porque mientras antes aprobemos este proyecto de ley, antes vamos a tener un país que pueda decir con legítimo orgullo y satisfacción que ha logrado garantizarle a todos sus jóvenes una Educación de calidad, un financiamiento justo, becas garantizadas para el 60 por ciento más vulnerable”, aseguró el mandatario.
Por su parte, el ministro de Educación, Harald Beyer, insistió en que la propuesta estudiantil de un sistema de educación pública gratuita es injusto. “En un país con los niveles de desigualdad que exhibe Chile, donde 9 de cada 10 jóvenes de las familias de mayores ingresos acceden a la Educación Superior, mientras 8 de cada 10 de los más vulnerables no consiguen ingresar y donde aún hay 2, 6 millones de personas que viven en pobreza, una educación terciaria de carácter gratuita para todos es regresiva y, por tanto, injusta. Es evidente que una educación con más oportunidades y más igualitaria se decide en las etapas previas”, sostuvo el titular de Mineduc.
Una de las novedades de este sistema es que el crédito se condiciona a que los estudiantes cursen sus carreras en instituciones acreditadas por, a lo menos, tres años.
Para el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Juan Manuel Zolezzi, el debate sobre la calidad de las instituciones debe abordarse más profundamente.
“En el tema de la acreditación vamos a tener que tomar otras definiciones, el que tenga menos de tantos años de acreditación, no va a tener acreditación. Ustedes ven lo que está ocurriendo con una universidad X que por mucha acreditación que tuvo, estaba incurriendo en temas de lucro. El tema de la acreditación tiene que ser un elemento que defina quiénes tienen beneficios estudiantiles y quienes no, pero eso tiene que estar meridianamente claro desde el principio”, sostuvo Zolezzi.
El Gobierno informó que este proyecto, que ingresa al Congreso con urgencia simple, es solo uno más de un diseño armónico de iniciativas que pretenden realizar la reforma “más profunda” del sistema educacional chileno.
Sin embargo, desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) ya aseguran que “es solo un maquillaje para legitimar el modelo de endeudamiento y de lucro”.
