Tres efectivos uniformados resultaron con lesiones y siete mapuche heridos con balines y pedigones en el allanamiento del jueves, entre ellos un adulto mayor, un menor de edad, y un comunero que quedó grave y fue internado con convulsiones en el Hospital de Angol.
Esto luego de que Carabineros llegara a la comunidad Wente Winkull Mapu con una orden de detención de uno de sus integrantes, acusado de homicidio frustrado contra un uniformado y contra el agricultor Juan de Dios, con lo que se produjo un violento enfrentamiento.
Esta mañana el werkén Daniel Melinao, llegó a La Moneda con una misiva dirigida al ministro del interior Rodrigo Hinzpeter. “Pedirle explicaciones por el fuerte accionar de Carabineros, ya que él está a cargo y también por las graves situaciones que están sucediendo dentro de la comunidad. Se ha vuelto común el ingreso de Carabineros disparando a diestra y siniestra -hechos que se han mostrado a través de las redes sociales- La situación es compleja y hoy los hermanos están en la práctica acostumbrados con lo que sucede, pero al mismo tiempo rechazamos de manera tajante las violaciones de nuestros derechos”, señaló.
Melinao se dirigió también a la Corte Suprema a entregar otra carta a su presidente, Rubén Ballesteros, donde acusa a la corte de dar “chipe libre” a Carabineros revertir un fallo donde consideraban arbitrarios estos procedimientos al constatar que se estaban arrojando bombas lacrimógenas al interior de la comunidad y que se agredió a mujeres, registrado en una grabación que circuló por las redes sociales.
Con esto coincidió el abogado defensor, Nelson Miranda, quien advirtió que la comunidad hoy está totalmente desprotegida.
En ese sentido, el jurista señaló que “en definitiva se otorgó una especie de patente de ‘corso’ a Carabineros para seguir allanando e ingresando a las comunidades. El allanamiento fue un ataque desproporcionado e irracional en contra de un sector, donde viven familias, madres con hijos pequeños, ancianos. Los heridos presentan múltiples lesiones con balines y perdigones, casi todos por la espalda, por lo tanto, nosotros afirmamos que esa comunidad se encuentra en la indefensión desde el punto de vista jurídico, pero alguien debe hacerse cargo de brindarle protección ante los abusos de la policía por orden de una fiscalía, a que están siendo sometidos los comuneros mapuches”.
Por otro lado, Juan Faúndez, académico Universidad Católica de Temuco y profesor de derecho indígena, indicó que el problema va mucho más allá del tema judicial e instó a las autoridades a escuchar las demandas históricas y buscar soluciones políticas.
“Se trata de un problema que supera lo jurídico o judicial y tiene que ver con la relación que establece el Estado con los pueblos indígenas. Por un lado, se podrán resolver o no las denuncias de la comunidad respecto de la violencia excesiva y por otra parte se podrán resolver o no judicialmente los casos de atentados que hemos podido conocer, pero en definitiva mientras no se resuelva esta relación conflictuada de los pueblos indígenas con el Estado, yo creo que vamos a tener episodios de la misma naturaleza”, detalló el profesor universitario.
Esto porque la comunidad está demandando la restitución de 2 mil 500 hectáreas, actualmente en manos de Forestales del particular Juan de Dios, de la que cuentan con títulos de merced. Similar situación tienen el grueso de las comunidades de la zona. En este sentido, Faúndez afirmó que el derecho a la consulta, el reconocimiento, la tierra y la autonomía son temas que no se pueden seguir postergando.
En tanto, el Co-Director del el Observatorio Ciudadano, José Aylwin, anunció que pondrán los hechos en conocimiento del Relator Especial de Naciones Unidas de Derechos Indígenas, James Anaya, así como de otras instancias internacionales de Derechos Humanos “porque esta situación se hace realmente insostenible”.
Tres efectivos uniformados resultaron con lesiones y siete mapuche heridos con balines y pedigones en el allanamiento del jueves, entre ellos un adulto mayor, un menor de edad, y un comunero que quedó grave y fue internado con convulsiones en el Hospital de Angol.
Esto luego de que Carabineros llegara a la comunidad Wente Winkull Mapu con una orden de detención de uno de sus integrantes, acusado de homicidio frustrado contra un uniformado y contra el agricultor Juan de Dios, con lo que se produjo un violento enfrentamiento.
Esta mañana el werkén Daniel Melinao, llegó a La Moneda con una misiva dirigida al ministro del interior Rodrigo Hinzpeter. “Pedirle explicaciones por el fuerte accionar de Carabineros, ya que él está a cargo y también por las graves situaciones que están sucediendo dentro de la comunidad. Se ha vuelto común el ingreso de Carabineros disparando a diestra y siniestra -hechos que se han mostrado a través de las redes sociales- La situación es compleja y hoy los hermanos están en la práctica acostumbrados con lo que sucede, pero al mismo tiempo rechazamos de manera tajante las violaciones de nuestros derechos”, señaló.
Melinao se dirigió también a la Corte Suprema a entregar otra carta a su presidente, Rubén Ballesteros, donde acusa a la corte de dar “chipe libre” a Carabineros revertir un fallo donde consideraban arbitrarios estos procedimientos al constatar que se estaban arrojando bombas lacrimógenas al interior de la comunidad y que se agredió a mujeres, registrado en una grabación que circuló por las redes sociales.
Con esto coincidió el abogado defensor, Nelson Miranda, quien advirtió que la comunidad hoy está totalmente desprotegida.
En ese sentido, el jurista señaló que “en definitiva se otorgó una especie de patente de ‘corso’ a Carabineros para seguir allanando e ingresando a las comunidades. El allanamiento fue un ataque desproporcionado e irracional en contra de un sector, donde viven familias, madres con hijos pequeños, ancianos. Los heridos presentan múltiples lesiones con balines y perdigones, casi todos por la espalda, por lo tanto, nosotros afirmamos que esa comunidad se encuentra en la indefensión desde el punto de vista jurídico, pero alguien debe hacerse cargo de brindarle protección ante los abusos de la policía por orden de una fiscalía, a que están siendo sometidos los comuneros mapuches”.
Por otro lado, Juan Faúndez, académico Universidad Católica de Temuco y profesor de derecho indígena, indicó que el problema va mucho más allá del tema judicial e instó a las autoridades a escuchar las demandas históricas y buscar soluciones políticas.
“Se trata de un problema que supera lo jurídico o judicial y tiene que ver con la relación que establece el Estado con los pueblos indígenas. Por un lado, se podrán resolver o no las denuncias de la comunidad respecto de la violencia excesiva y por otra parte se podrán resolver o no judicialmente los casos de atentados que hemos podido conocer, pero en definitiva mientras no se resuelva esta relación conflictuada de los pueblos indígenas con el Estado, yo creo que vamos a tener episodios de la misma naturaleza”, detalló el profesor universitario.
Esto porque la comunidad está demandando la restitución de 2 mil 500 hectáreas, actualmente en manos de Forestales del particular Juan de Dios, de la que cuentan con títulos de merced. Similar situación tienen el grueso de las comunidades de la zona. En este sentido, Faúndez afirmó que el derecho a la consulta, el reconocimiento, la tierra y la autonomía son temas que no se pueden seguir postergando.
En tanto, el Co-Director del el Observatorio Ciudadano, José Aylwin, anunció que pondrán los hechos en conocimiento del Relator Especial de Naciones Unidas de Derechos Indígenas, James Anaya, así como de otras instancias internacionales de Derechos Humanos “porque esta situación se hace realmente insostenible”.
Tres efectivos uniformados resultaron con lesiones y siete mapuche heridos con balines y pedigones en el allanamiento del jueves, entre ellos un adulto mayor, un menor de edad, y un comunero que quedó grave y fue internado con convulsiones en el Hospital de Angol.
Esto luego de que Carabineros llegara a la comunidad Wente Winkull Mapu con una orden de detención de uno de sus integrantes, acusado de homicidio frustrado contra un uniformado y contra el agricultor Juan de Dios, con lo que se produjo un violento enfrentamiento.
Esta mañana el werkén Daniel Melinao, llegó a La Moneda con una misiva dirigida al ministro del interior Rodrigo Hinzpeter. “Pedirle explicaciones por el fuerte accionar de Carabineros, ya que él está a cargo y también por las graves situaciones que están sucediendo dentro de la comunidad. Se ha vuelto común el ingreso de Carabineros disparando a diestra y siniestra -hechos que se han mostrado a través de las redes sociales- La situación es compleja y hoy los hermanos están en la práctica acostumbrados con lo que sucede, pero al mismo tiempo rechazamos de manera tajante las violaciones de nuestros derechos”, señaló.
Melinao se dirigió también a la Corte Suprema a entregar otra carta a su presidente, Rubén Ballesteros, donde acusa a la corte de dar “chipe libre” a Carabineros revertir un fallo donde consideraban arbitrarios estos procedimientos al constatar que se estaban arrojando bombas lacrimógenas al interior de la comunidad y que se agredió a mujeres, registrado en una grabación que circuló por las redes sociales.
Con esto coincidió el abogado defensor, Nelson Miranda, quien advirtió que la comunidad hoy está totalmente desprotegida.
En ese sentido, el jurista señaló que “en definitiva se otorgó una especie de patente de ‘corso’ a Carabineros para seguir allanando e ingresando a las comunidades. El allanamiento fue un ataque desproporcionado e irracional en contra de un sector, donde viven familias, madres con hijos pequeños, ancianos. Los heridos presentan múltiples lesiones con balines y perdigones, casi todos por la espalda, por lo tanto, nosotros afirmamos que esa comunidad se encuentra en la indefensión desde el punto de vista jurídico, pero alguien debe hacerse cargo de brindarle protección ante los abusos de la policía por orden de una fiscalía, a que están siendo sometidos los comuneros mapuches”.
Por otro lado, Juan Faúndez, académico Universidad Católica de Temuco y profesor de derecho indígena, indicó que el problema va mucho más allá del tema judicial e instó a las autoridades a escuchar las demandas históricas y buscar soluciones políticas.
“Se trata de un problema que supera lo jurídico o judicial y tiene que ver con la relación que establece el Estado con los pueblos indígenas. Por un lado, se podrán resolver o no las denuncias de la comunidad respecto de la violencia excesiva y por otra parte se podrán resolver o no judicialmente los casos de atentados que hemos podido conocer, pero en definitiva mientras no se resuelva esta relación conflictuada de los pueblos indígenas con el Estado, yo creo que vamos a tener episodios de la misma naturaleza”, detalló el profesor universitario.
Esto porque la comunidad está demandando la restitución de 2 mil 500 hectáreas, actualmente en manos de Forestales del particular Juan de Dios, de la que cuentan con títulos de merced. Similar situación tienen el grueso de las comunidades de la zona. En este sentido, Faúndez afirmó que el derecho a la consulta, el reconocimiento, la tierra y la autonomía son temas que no se pueden seguir postergando.
En tanto, el Co-Director del el Observatorio Ciudadano, José Aylwin, anunció que pondrán los hechos en conocimiento del Relator Especial de Naciones Unidas de Derechos Indígenas, James Anaya, así como de otras instancias internacionales de Derechos Humanos “porque esta situación se hace realmente insostenible”.
