Recientemente, en respuesta a un reportaje de prensa, el ministro Beyer ha calificado como un error que debe corregirse el hecho que el Programa de Educación en Valores, Afectividad y Sexualidad, de la Universidad San Sebastián, uno de los programas recomendados por MINEDUC al sistema escolar, defina la homosexualidad y lesbianismo como trastornos de la identidad sexual, argumentando que no es una enfermedad.
Al mismo tiempo, diversos organismos públicos y de la sociedad civil han considerado inadmisible que programas que sostienen esta concepción sean patrocinados por el Estado.
Efectivamente, definir la homosexualidad como enfermedad, y formar a los estudiantes en la comprensión de las personas homosexuales como psiquiátricamente trastornadas, consolida las bases sobre las cuales se funda la discriminación.
La dificultad, sin embargo, está en la concepción y el diseño de la política, cuyas orientaciones centrales son el pluralismo y la libre elección. El Ministro tiene la oportunidad de revisar la nueva política de educación sexual, presentada al país por el Ministro Lavín y la Ministra Schmidt en 2011.
Mineduc ha optado por proveer al sistema educacional una oferta taxonomizada de propuestas institucionales según estatutos ideológicos, en torno a un eje confesional-no confesional. Ha delegado en éstos la definición de principios y fundamentos, y no asegura su coherencia con políticas de Estado en materia de derechos humanos, de género, de salud sexual y reproductiva, entre otras, así como compromisos internacionales como UNGASS, ODM y CEDAW.
La libre elección delega en programas y establecimientos el acuerdo sobre principios y objetivos. De fondo, esta decisión traduce la introducción en el campo de la educación sexual de la libertad de enseñanza, cuando, por el contrario, el derecho a la educación garantiza a cada estudiante su derecho a la información fundada, su autonomía sexual, la no discriminación, entre otros.
Las propuestas institucionales tienen como nunca antes un lugar estratégico. Tienen la responsabilidad sobre las experiencias educativas en que participen los/as estudiantes en Chile. MINEDUC debiera asegurar el pluralismo no mediante una oferta ideológicamente diferenciada, sino demandar a cualquier programa institucional un proceso educativo que incorpore la reflexividad sobre la cultura, que permita aprender a operar en una sociedad diversa.
La libre elección por las escuelas puede constituir un modo de promover procesos de participación convergente de los miembros de las comunidades escolares, y cuyos PEI y los principios de la política educacional se articulen virtuosamente.
La obligatoriedad de la educación sexual es una oportunidad para implementar una política, que junto con hacerse cargo de sus déficits históricos, tenga una perspectiva de largo plazo que se traduzca en su plena incorporación, basada en enfoques internacionales comprensivos, en un marco de principios, con contenidos mínimos obligatorios, progresiva y extendida en el periodo escolar, con un espacio garantizado en el currículo escolar, y con una institucionalidad solvente a nivel ministerial, que garantice su implementación, seguimiento y evaluación.
La doctora Palma es directora Programa de Aprendizaje en sexualidad y afectividad (PASA), Universidad de Chile
