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Año XII, 5 de junio de 2020

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Alcaldes y organizaciones en desacuerdo sobre efectividad de nueva ley de antenas

Luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones detectara 122 zonas saturadas por torres de antenas en cinco regiones del país autoridades comunales manifestaron su confianza en que la situación cambie con la entrada en vigencia de la nueva ley. Las organizaciones de vecinos, en tanto, son un poco menos optimistas.

Macarena Scheuch

  Jueves 21 de junio 2012 14:38 hrs. 





Diversas reacciones generó  el primer catastro de 122 zonas urbanas saturadas por torres de antenas de celulares en cinco regiones.

Cabe recordar que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer el registro a través de una publicación en el Diario Oficial junto con definir las áreas sensibles para efectos del cumplimiento de la ley que regula la instalación de torres de antenas, que entró en vigencia el pasado 11 de junio.

La nueva normativa denomina territorios saturados o bosques de antenas a aquellos donde existen en la actualidad más de dos torres de 12 metros o más de altura en un radio de 100 metros.

Según el registro preliminar, las comunas de la Región Metropolitana que hasta el momento cuentan con más territorios saturados son Las Condes y La Florida, con seis zonas cada una; seguidas por Maipú con cuatro; y La Reina, Estación Central, Peñalolén, Puente Alto, Quinta Normal, Recoleta y Renca, con tres.

En la región de Valparaíso destaca Viña del Mar como la comuna con mayores zonas saturadas con ocho bosques de antenas, seguido por Valparaíso con cuatro, mientras que a nivel nacional el listado lo lidera Talcahuano con diez.

En los lugares identificados, las municipalidades, a través de las Direcciones de Obras, tienen la obligación legal de verificar que las empresas dueñas de las torres cumplan, en el plazo de un año, con los cambios urbanísticos que estableció la nueva ley, como agrupar sus antenas en una sola torre común, mimetizarlas con el entorno o compensar a los vecinos.

Héctor Silva, alcalde (s) de Talcahuano, manifestó su sorpresa y su pesar por la posición de la comuna en el ranking, pero explicó que se debió a una mezcla entre la irresponsabilidad de las empresas y la falta de regulación por parte del Estado: “Talcahuano es una ciudad que por su condición geográfica, por tener lugares en altura, y por su condición social, es proclive a que estas megaempresas instalen sus antenas en lugares muy poblados y que los vecinos cedan ante la entrega de recursos, de arriendos, que sin ser muy onerosos, vienen a solucionar los problemas de un sector que es precario desde el punto de vista de los ingresos”, dijo.

Silva espera que la nueva ley entregue las herramientas suficientes a los municipios para poder corregir en el corto plazo esta situación y añadió que están trabajando en una ordenanza para generar disposiciones más específicas sobre la aplicación de la ley en la comuna.

Nicolás Herrera, concejal de La Florida, recalcó que siempre tuvieron dificultades en las comunas para contrarrestar esta “suerte de invasión”, lo que espera se revierta con la nueva legislación: “Espero que con la nueva ley llevemos a cabo un proceso para regular el tema, porque tengo entendido que la ley contempla la revisión retroactiva respecto de antenas que estén mal emplazadas y aquí hay algunas que están dentro de colegios incluso. El concejo municipal junto con el alcalde debiéramos tener una actitud de revisión de esta situación”, afirmó.

María Angélica González, de la agrupación Vecinos y Clientes en Acción, de Valparaíso y quien vive a 10 metros de una antena en el Cerro Mariposa, manifestó su incredulidad en que estos cambios se lleven a cabo: “Ojalá se cumpla, porque muchas veces las leyes… Por ejemplo, en el tema de las emisiones, no sé quién podrá controlar eso, porque dicen que las van a bajar para no producir problemas a la salud pero eso ¿quién lo va a fiscalizar? El instrumental para medir eso es carísimo, ni siquiera nosotros los vecinos podríamos hacer algún esfuerzo para poder denunciar cuando esto no se cumpla”, advirtió.

Cabe señalar que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, sostuvo que la autoridad aún realiza un catastro nacional de estas infraestructuras para publicarlas en su totalidad en un registro abierto en un plazo máximo de un año y que, según la estimación inicial, podrían llegar a detectarse cerca de 400 zonas saturadas.