Pese a que Endesa Chile aún no presenta el documento de reclamación ante el Consejo de Ministros de Sustentabilidad por el rechazo que recibió la instalación de la termoeléctrica de Punta Alcalde por parte del Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, ya anunció que se inhabilitará de la instancia, en la cual sería reemplazada por el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal.
Dicho consejo es presidido por la secretaria de Estado y además está compuesto por los ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación.
La ministra de Medio Ambiente argumentó que su inhabilidad corresponde a su participación en una etapa temprana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa, asegurando que de no tomar esta decisión “se perjudicaría el proceso”.
Al respecto, el diputado por la región de Atacama, Giovanni Calderón, quien se ha declarado en contra de la instalación de la termoeléctrica en el Valle del Huasco, valoró la decisión de la ministra del Medio Ambiente, señalando que “se está actuando con absoluta transparencia por parte de la ministra y en pleno cumplimiento de las normas”, considerando que ella “emitió una opinión sobre este proyecto y tiene una convicción que se formó en el análisis de un interés privado y hoy ella es representante de un interés público”.
Asimismo, el parlamentario de la UDI criticó los cuestionamientos hacia Benítez, calificándolas como “de naturaleza política y sin conocimiento ni afán en resolver el conflicto medioambiental”.
Por su parte, el gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Juan José Soto, también valoró la decisión de la ministra, pero enfatizó el hecho de que su inhabilitación del Consejo de ministros es otra muestra de que en Chile “se instaló la cultura del conflicto de interés”.
“En esos casos deben inhabilitarse. Y eso un gran avance porque en el pasado, incluso en el Gobierno de la Concertación hubo personas que tenían conflicto de interés y ni siquiera se lo cuestionaban, hoy eso está en la agenda de la ciudadanía y del Gobierno, y lo que hizo la ministra es valorable. De cómo se ve en la ciudadanía lo correcto era hacerlo y lo hizo”, sostuvo Soto.
El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, a su vez, criticó la falta de herramientas legales para velar por la transparencia en las decisiones del aparato gubernamental, considerando la delgada línea que hoy separa las funciones en el área pública y privada, y que a partir del Gobierno de Sebastián Piñera se han hecho más evidentes.
“Hay una puerta giratoria, porque muchos de los que estaban en el sector privado hoy están siendo reguladores y viceversa. Y, al final, eso pone en entredicho al Gobierno, a los funcionarios públicos, y eso no puede pasar porque la confianza no se puede perder desde la ciudadanía hacia quienes están tomando las decisiones en el día a día y quienes están gobernando”, añadió el experto.
En tanto, Endesa cuenta con 30 días a partir de la decisión del Consejo Ambiental de Atacama para apelar al rechazo de la termoeléctrica en Punta Alcalde ante el Consejo de Ministros, sin embargo, la instancia no cuenta con un límite de tiempo para resolver el conflicto.
Pese a que Endesa Chile aún no presenta el documento de reclamación ante el Consejo de Ministros de Sustentabilidad por el rechazo que recibió la instalación de la termoeléctrica de Punta Alcalde por parte del Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, ya anunció que se inhabilitará de la instancia, en la cual sería reemplazada por el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal.
Dicho consejo es presidido por la secretaria de Estado y además está compuesto por los ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación.
La ministra de Medio Ambiente argumentó que su inhabilidad corresponde a su participación en una etapa temprana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa, asegurando que de no tomar esta decisión “se perjudicaría el proceso”.
Al respecto, el diputado por la región de Atacama, Giovanni Calderón, quien se ha declarado en contra de la instalación de la termoeléctrica en el Valle del Huasco, valoró la decisión de la ministra del Medio Ambiente, señalando que “se está actuando con absoluta transparencia por parte de la ministra y en pleno cumplimiento de las normas”, considerando que ella “emitió una opinión sobre este proyecto y tiene una convicción que se formó en el análisis de un interés privado y hoy ella es representante de un interés público”.
Asimismo, el parlamentario de la UDI criticó los cuestionamientos hacia Benítez, calificándolas como “de naturaleza política y sin conocimiento ni afán en resolver el conflicto medioambiental”.
Por su parte, el gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Juan José Soto, también valoró la decisión de la ministra, pero enfatizó el hecho de que su inhabilitación del Consejo de ministros es otra muestra de que en Chile “se instaló la cultura del conflicto de interés”.
“En esos casos deben inhabilitarse. Y eso un gran avance porque en el pasado, incluso en el Gobierno de la Concertación hubo personas que tenían conflicto de interés y ni siquiera se lo cuestionaban, hoy eso está en la agenda de la ciudadanía y del Gobierno, y lo que hizo la ministra es valorable. De cómo se ve en la ciudadanía lo correcto era hacerlo y lo hizo”, sostuvo Soto.
El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, a su vez, criticó la falta de herramientas legales para velar por la transparencia en las decisiones del aparato gubernamental, considerando la delgada línea que hoy separa las funciones en el área pública y privada, y que a partir del Gobierno de Sebastián Piñera se han hecho más evidentes.
“Hay una puerta giratoria, porque muchos de los que estaban en el sector privado hoy están siendo reguladores y viceversa. Y, al final, eso pone en entredicho al Gobierno, a los funcionarios públicos, y eso no puede pasar porque la confianza no se puede perder desde la ciudadanía hacia quienes están tomando las decisiones en el día a día y quienes están gobernando”, añadió el experto.
En tanto, Endesa cuenta con 30 días a partir de la decisión del Consejo Ambiental de Atacama para apelar al rechazo de la termoeléctrica en Punta Alcalde ante el Consejo de Ministros, sin embargo, la instancia no cuenta con un límite de tiempo para resolver el conflicto.
Pese a que Endesa Chile aún no presenta el documento de reclamación ante el Consejo de Ministros de Sustentabilidad por el rechazo que recibió la instalación de la termoeléctrica de Punta Alcalde por parte del Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, ya anunció que se inhabilitará de la instancia, en la cual sería reemplazada por el subsecretario de la cartera, Ricardo Irarrázabal.
Dicho consejo es presidido por la secretaria de Estado y además está compuesto por los ministros de Agricultura, de Hacienda, de Salud, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería y Planificación.
La ministra de Medio Ambiente argumentó que su inhabilidad corresponde a su participación en una etapa temprana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de Endesa, asegurando que de no tomar esta decisión “se perjudicaría el proceso”.
Al respecto, el diputado por la región de Atacama, Giovanni Calderón, quien se ha declarado en contra de la instalación de la termoeléctrica en el Valle del Huasco, valoró la decisión de la ministra del Medio Ambiente, señalando que “se está actuando con absoluta transparencia por parte de la ministra y en pleno cumplimiento de las normas”, considerando que ella “emitió una opinión sobre este proyecto y tiene una convicción que se formó en el análisis de un interés privado y hoy ella es representante de un interés público”.
Asimismo, el parlamentario de la UDI criticó los cuestionamientos hacia Benítez, calificándolas como “de naturaleza política y sin conocimiento ni afán en resolver el conflicto medioambiental”.
Por su parte, el gerente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Juan José Soto, también valoró la decisión de la ministra, pero enfatizó el hecho de que su inhabilitación del Consejo de ministros es otra muestra de que en Chile “se instaló la cultura del conflicto de interés”.
“En esos casos deben inhabilitarse. Y eso un gran avance porque en el pasado, incluso en el Gobierno de la Concertación hubo personas que tenían conflicto de interés y ni siquiera se lo cuestionaban, hoy eso está en la agenda de la ciudadanía y del Gobierno, y lo que hizo la ministra es valorable. De cómo se ve en la ciudadanía lo correcto era hacerlo y lo hizo”, sostuvo Soto.
El representante de la Fundación Ciudadano Inteligente, a su vez, criticó la falta de herramientas legales para velar por la transparencia en las decisiones del aparato gubernamental, considerando la delgada línea que hoy separa las funciones en el área pública y privada, y que a partir del Gobierno de Sebastián Piñera se han hecho más evidentes.
“Hay una puerta giratoria, porque muchos de los que estaban en el sector privado hoy están siendo reguladores y viceversa. Y, al final, eso pone en entredicho al Gobierno, a los funcionarios públicos, y eso no puede pasar porque la confianza no se puede perder desde la ciudadanía hacia quienes están tomando las decisiones en el día a día y quienes están gobernando”, añadió el experto.
En tanto, Endesa cuenta con 30 días a partir de la decisión del Consejo Ambiental de Atacama para apelar al rechazo de la termoeléctrica en Punta Alcalde ante el Consejo de Ministros, sin embargo, la instancia no cuenta con un límite de tiempo para resolver el conflicto.
