La Primera Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, anunciada por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y detalla por el ministro Andrés Allamand, pretende regular la planificación y financiamiento de las Fuerzas Armadas en un plazo de12 años.

El documento contempla la definición de amenazas tradicionales y no tradicionales para el país, esto último bajo el concepto de “seguridad ampliada”, el cual fue detallado por el Mandatario, al explicar las razones de por qué es necesaria esta estrategia.

“El contexto global de la seguridad de todos los países del mundo ha cambiado, hoy trasciende el ámbito tradicional de la Defensa, que es el resguardo de la soberanía, el territorio y el mar de nuestro país, conforme al surgimiento de nuevas amenazas se amplía y se extiende hacia temas que no eran parte tradicional de lo que se entendía por el concepto de Defensa y entre estas nuevas amenazas, cabe destacar el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el crimen organizado, la piratería y muchas más”, explicó el Presidente Piñera

El titular de Defensa, en tanto, adelantó que se propondrá al Congreso una nueva institucionalidad, que intentará reemplazar al Consejo de Seguridad Nacional, por un Comité Interministerial, que será presidido por el Presidente y, en su ausencia, por el ministro del Interior.

Allamand anunció, también, que se pretende crear la figura de Consejero Nacional de Seguridad y grupos de trabajo público-privados.

El presidente del Senado, Camilo Escalona, aseguró que varios puntos de la propuesta requieren modificaciones legislativas, por lo que su discusión no será fácil.

En este sentido, el senador socialista detalló que “acá no solamente hay materias vinculadas a la comisión de Defensa, hay materias también Constitucionales. Se informó de la creación de un nuevo organismo, un comité Interministerial de Seguridad y Defensa, que tiene sin duda implicancias Constitucionales evidentes, que significa una modificación de la estructura ministerial, porque instala por sobre el ministro de Defensa al ministro de Seguridad Pública. Quiero informar a la opinión pública que este documento no lo considero de fácil despacho, ni de trámite rápido”.

El legislador dijo no compartir que se unifiquen las materias de Seguridad y Defensa, y aseguró que involucrar a las instituciones castrenses en la seguridad interna, puede ser muy negativo para el país y de un alto costo social.

Robert Funk, subdirector del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, afirmó que la estrategia tiene dos dimensiones muy complicadas.

La primera son las señales que el Gobierno da, al otorgar potestad a las Fuerzas Armadas, debido a su rol durante la dictadura militar, y el segundo tiene que ver con involucrar a los órganos castrenses en tareas propias de las policías, tal como se hizo con el “Plan Colombia” y en México, para la lucha contra el narcotráfico, afirmó el académico.

“Es un giro de vuelta hacia una colaboración más estrecha entre las autoridades civiles y las FF.AA. para resolver problemas civiles, son problemas de seguridad, pero no son problemas militares propiamente tal. Eso corre el riesgo de que en el tiempo, como en otros países, que las FF.AA. se vean involucradas y directamente afectadas negativamente por la influencia  en particular del dinero que está involucrado en el narcotráfico”, explicó el profesor de la U. de Chile.

Sunk indicó que el Gobierno ha enfocado su lucha contra la delincuencia a los delitos callejeros, y que con esta propuesta de intervención de las Fuerzas Armadas, “reconoce la existencia de un nivel de crimen organizado bastante mayor y profundo”.