Como un importante avance catalogaron las organizaciones de Derechos Humanos la constitución de la Corte Penal Internacional, ya que éste es el primer tribunal penal de carácter universal, permanente e independiente, que juzga los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los Estados competentes no lo hacen.
El Estatuto de Roma, que creó el organismo, fue firmado por nuestro país en 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet, con lo que Chile se sumó a los esfuerzos para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional, promulgando una ley que tipifica estos delitos y contempla penas de cárcel a los responsables.
En este marco, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género recordó que los delitos sexuales también están incluidos entre las materias que atiende la Corte.
En este sentido, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, organización que pertenece a la Articulación, señaló que “el Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El llamado que hace la Articulación Regional Feminista es que los Estados modifiquen su legislación interna, incorporando las definiciones de crímenes de violencia sexual que señala el Estatuto de Roma”.
Este dato es fundamental, ya que este es el primer tratado internacional de carácter general que incorpora consideraciones de género.
En esta línea, Humanas hizo válidos sus principios, al presentar en 2010 cinco querellas en tribunales chilenos por violencia sexual como forma de tortura que ocurrieron en plena dictadura militar.
En esa perspectiva, la abogada Catalina Lagos precisó que “en la actualidad seguimos en investigación. Sin embargo, el hecho de que durante la dictadura no tuviéramos una Convención como el Estatuto de Roma, que tipifica específicamente delitos de violencia sexual, ha hecho muy difícil perseguir la responsabilidad de los hechores de estos delitos contra estas mujeres porque no tenemos el marco penal adecuado, para perseguirlo. Esto ha influido en un nivel de impunidad abrumante”.
De hecho, a la fecha no existen en Chile condenas por este tipo de delitos. Para evitar que esto se repita, es necesario que cada país adecúe su legislación interna a los estándares de protección de las víctimas y otras medidas que plantea la Corte Penal Internacional.
Cabe señalar que, en la actualidad, 121 países ya han ratificado el Estatuto de Roma, siendo el más reciente Guatemala. Sin embargo, aún hay países que no han reconocido su jurisdicción. Entre ellos están El Salvador, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos.
Como un importante avance catalogaron las organizaciones de Derechos Humanos la constitución de la Corte Penal Internacional, ya que éste es el primer tribunal penal de carácter universal, permanente e independiente, que juzga los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los Estados competentes no lo hacen.
El Estatuto de Roma, que creó el organismo, fue firmado por nuestro país en 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet, con lo que Chile se sumó a los esfuerzos para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional, promulgando una ley que tipifica estos delitos y contempla penas de cárcel a los responsables.
En este marco, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género recordó que los delitos sexuales también están incluidos entre las materias que atiende la Corte.
En este sentido, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, organización que pertenece a la Articulación, señaló que “el Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El llamado que hace la Articulación Regional Feminista es que los Estados modifiquen su legislación interna, incorporando las definiciones de crímenes de violencia sexual que señala el Estatuto de Roma”.
Este dato es fundamental, ya que este es el primer tratado internacional de carácter general que incorpora consideraciones de género.
En esta línea, Humanas hizo válidos sus principios, al presentar en 2010 cinco querellas en tribunales chilenos por violencia sexual como forma de tortura que ocurrieron en plena dictadura militar.
En esa perspectiva, la abogada Catalina Lagos precisó que “en la actualidad seguimos en investigación. Sin embargo, el hecho de que durante la dictadura no tuviéramos una Convención como el Estatuto de Roma, que tipifica específicamente delitos de violencia sexual, ha hecho muy difícil perseguir la responsabilidad de los hechores de estos delitos contra estas mujeres porque no tenemos el marco penal adecuado, para perseguirlo. Esto ha influido en un nivel de impunidad abrumante”.
De hecho, a la fecha no existen en Chile condenas por este tipo de delitos. Para evitar que esto se repita, es necesario que cada país adecúe su legislación interna a los estándares de protección de las víctimas y otras medidas que plantea la Corte Penal Internacional.
Cabe señalar que, en la actualidad, 121 países ya han ratificado el Estatuto de Roma, siendo el más reciente Guatemala. Sin embargo, aún hay países que no han reconocido su jurisdicción. Entre ellos están El Salvador, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos.
Como un importante avance catalogaron las organizaciones de Derechos Humanos la constitución de la Corte Penal Internacional, ya que éste es el primer tribunal penal de carácter universal, permanente e independiente, que juzga los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio cuando los Estados competentes no lo hacen.
El Estatuto de Roma, que creó el organismo, fue firmado por nuestro país en 2009, durante el gobierno de Michelle Bachelet, con lo que Chile se sumó a los esfuerzos para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia internacional, promulgando una ley que tipifica estos delitos y contempla penas de cárcel a los responsables.
En este marco, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género recordó que los delitos sexuales también están incluidos entre las materias que atiende la Corte.
En este sentido, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, organización que pertenece a la Articulación, señaló que “el Estatuto de Roma define como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. El llamado que hace la Articulación Regional Feminista es que los Estados modifiquen su legislación interna, incorporando las definiciones de crímenes de violencia sexual que señala el Estatuto de Roma”.
Este dato es fundamental, ya que este es el primer tratado internacional de carácter general que incorpora consideraciones de género.
En esta línea, Humanas hizo válidos sus principios, al presentar en 2010 cinco querellas en tribunales chilenos por violencia sexual como forma de tortura que ocurrieron en plena dictadura militar.
En esa perspectiva, la abogada Catalina Lagos precisó que “en la actualidad seguimos en investigación. Sin embargo, el hecho de que durante la dictadura no tuviéramos una Convención como el Estatuto de Roma, que tipifica específicamente delitos de violencia sexual, ha hecho muy difícil perseguir la responsabilidad de los hechores de estos delitos contra estas mujeres porque no tenemos el marco penal adecuado, para perseguirlo. Esto ha influido en un nivel de impunidad abrumante”.
De hecho, a la fecha no existen en Chile condenas por este tipo de delitos. Para evitar que esto se repita, es necesario que cada país adecúe su legislación interna a los estándares de protección de las víctimas y otras medidas que plantea la Corte Penal Internacional.
Cabe señalar que, en la actualidad, 121 países ya han ratificado el Estatuto de Roma, siendo el más reciente Guatemala. Sin embargo, aún hay países que no han reconocido su jurisdicción. Entre ellos están El Salvador, Cuba, Nicaragua y Estados Unidos.
