Este martes vence el segundo plazo dado por el ministerio de Educación para que las instituciones de educación superior entreguen sus estados financieros e informen respecto de las sociedades relacionadas, sus integrantes y composición de sus directorios.
La medida fue adoptada por el ministro Harald Beyer para transparentar las formas en que dichos establecimientos manejan el dinero y evitar situaciones que incumplan la ley que prohíbe el lucro en la educación, en medio de la polémica generada luego del informe emitido por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Al cerrarse el primer plazo, el 4 de julio, hubo 17 instituciones que no entregaron información y 28 que la enviaron de manera incompleta, los que arriesgan una multa de 100 UTM (cerca de cuatro millones de pesos).
Este martes vence el segundo plazo dado por el ministerio de Educación para que las instituciones de educación superior entreguen sus estados financieros e informen respecto de las sociedades relacionadas, sus integrantes y composición de sus directorios.
La medida fue adoptada por el ministro Harald Beyer para transparentar las formas en que dichos establecimientos manejan el dinero y evitar situaciones que incumplan la ley que prohíbe el lucro en la educación, en medio de la polémica generada luego del informe emitido por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Al cerrarse el primer plazo, el 4 de julio, hubo 17 instituciones que no entregaron información y 28 que la enviaron de manera incompleta, los que arriesgan una multa de 100 UTM (cerca de cuatro millones de pesos).
Este martes vence el segundo plazo dado por el ministerio de Educación para que las instituciones de educación superior entreguen sus estados financieros e informen respecto de las sociedades relacionadas, sus integrantes y composición de sus directorios.
La medida fue adoptada por el ministro Harald Beyer para transparentar las formas en que dichos establecimientos manejan el dinero y evitar situaciones que incumplan la ley que prohíbe el lucro en la educación, en medio de la polémica generada luego del informe emitido por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Al cerrarse el primer plazo, el 4 de julio, hubo 17 instituciones que no entregaron información y 28 que la enviaron de manera incompleta, los que arriesgan una multa de 100 UTM (cerca de cuatro millones de pesos).
