La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), presidenta de la comisión investigadora del lucro en la enseñanza superior, anunció una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.
La parlamentaria aseguró que el secretario de Estado ha actuado en forma negligente al no fiscalizar ni cumplir la ley: “Ha actuado con una frivolidad e irresponsabilidad que raya en la negligencia. Él nunca ha sido capaz de tener un diálogo con los estudiantes y, sin siquiera leer el informe de la comisión investigadora, emitió juicios irresponsables”, dijo.
Alejandra Sepúlveda acusó que el ministro Beyer “ni siquiera quiso recibir a los diputados ni recibir el informe original antes de emitir juicios” y consideró que “lo más preocupante” es que “lo único que hace es defender intereses corporativos de grupos económicos”.
El anuncio se produce antes de que la sala de la Cámara vote el próximo jueves el informe, que asegura que las universidades del Mar, UNIACC, Andrés Bello, de las Américas, del Desarrollo, Santo Tomás y de Viña Del Mar estarían lucrando.
El documento fue llevado además a la justicia y ahora está a cargo de la Fiscalía Centro Norte.
El informe recibió críticas de parlamentarios oficialistas integrantes de la comisión, pero sobre todo del ministro Beyer: “El informe no aporta antecedentes nuevos que nos permitan realmente llegar a la conclusión de que se violó la ley en casos particulares. Eso es lo que a uno le corresponde como autoridad. Es realmente identificar aquellos casos en los cuales se está violando la ley y si se viola la ley, estableceremos las sanciones que correspondan”, dijo.
Para los dirigentes estudiantiles, en tanto, efectivamente el informe no entrega datos que no se conozcan, pero sí es un aporte que un poder del Estado constate algo que el movimiento estudiantil denunció en 2011.
Marjorie Cuello, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, cuestionó las declaraciones de Beyer: “Si el ministro dice que no es nada nuevo, entonces significa que cuando él dijo que la ley no permitía que se lucrara con la educación, ya estaba en conocimiento del lucro. Me sorprende que el Mineduc no haya tomado cartas en el asunto antes”, afirmó.
“Debería haber tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo, no solo este ministro, sino los anteriores. Entonces cae en una contradicción y trata de quitarle el piso al informe diciendo que no es nada nuevo. Los estudiantes lo dijimos todo el 2011 y no es nada nuevo, pero nunca hizo nada al respecto”, agregó.
En el Gobierno han insistido permanentemente en que la única solución es la creación de una Superintendencia, pero el Consejo de Rectores, los estudiantes y parlamentarios aseguran que el Mineduc no tiene voluntad política para hacer uso de las herramientas con las que ya cuenta para fiscalizar.
La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), presidenta de la comisión investigadora del lucro en la enseñanza superior, anunció una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.
La parlamentaria aseguró que el secretario de Estado ha actuado en forma negligente al no fiscalizar ni cumplir la ley: “Ha actuado con una frivolidad e irresponsabilidad que raya en la negligencia. Él nunca ha sido capaz de tener un diálogo con los estudiantes y, sin siquiera leer el informe de la comisión investigadora, emitió juicios irresponsables”, dijo.
Alejandra Sepúlveda acusó que el ministro Beyer “ni siquiera quiso recibir a los diputados ni recibir el informe original antes de emitir juicios” y consideró que “lo más preocupante” es que “lo único que hace es defender intereses corporativos de grupos económicos”.
El anuncio se produce antes de que la sala de la Cámara vote el próximo jueves el informe, que asegura que las universidades del Mar, UNIACC, Andrés Bello, de las Américas, del Desarrollo, Santo Tomás y de Viña Del Mar estarían lucrando.
El documento fue llevado además a la justicia y ahora está a cargo de la Fiscalía Centro Norte.
El informe recibió críticas de parlamentarios oficialistas integrantes de la comisión, pero sobre todo del ministro Beyer: “El informe no aporta antecedentes nuevos que nos permitan realmente llegar a la conclusión de que se violó la ley en casos particulares. Eso es lo que a uno le corresponde como autoridad. Es realmente identificar aquellos casos en los cuales se está violando la ley y si se viola la ley, estableceremos las sanciones que correspondan”, dijo.
Para los dirigentes estudiantiles, en tanto, efectivamente el informe no entrega datos que no se conozcan, pero sí es un aporte que un poder del Estado constate algo que el movimiento estudiantil denunció en 2011.
Marjorie Cuello, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, cuestionó las declaraciones de Beyer: “Si el ministro dice que no es nada nuevo, entonces significa que cuando él dijo que la ley no permitía que se lucrara con la educación, ya estaba en conocimiento del lucro. Me sorprende que el Mineduc no haya tomado cartas en el asunto antes”, afirmó.
“Debería haber tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo, no solo este ministro, sino los anteriores. Entonces cae en una contradicción y trata de quitarle el piso al informe diciendo que no es nada nuevo. Los estudiantes lo dijimos todo el 2011 y no es nada nuevo, pero nunca hizo nada al respecto”, agregó.
En el Gobierno han insistido permanentemente en que la única solución es la creación de una Superintendencia, pero el Consejo de Rectores, los estudiantes y parlamentarios aseguran que el Mineduc no tiene voluntad política para hacer uso de las herramientas con las que ya cuenta para fiscalizar.
La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), presidenta de la comisión investigadora del lucro en la enseñanza superior, anunció una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Harald Beyer.
La parlamentaria aseguró que el secretario de Estado ha actuado en forma negligente al no fiscalizar ni cumplir la ley: “Ha actuado con una frivolidad e irresponsabilidad que raya en la negligencia. Él nunca ha sido capaz de tener un diálogo con los estudiantes y, sin siquiera leer el informe de la comisión investigadora, emitió juicios irresponsables”, dijo.
Alejandra Sepúlveda acusó que el ministro Beyer “ni siquiera quiso recibir a los diputados ni recibir el informe original antes de emitir juicios” y consideró que “lo más preocupante” es que “lo único que hace es defender intereses corporativos de grupos económicos”.
El anuncio se produce antes de que la sala de la Cámara vote el próximo jueves el informe, que asegura que las universidades del Mar, UNIACC, Andrés Bello, de las Américas, del Desarrollo, Santo Tomás y de Viña Del Mar estarían lucrando.
El documento fue llevado además a la justicia y ahora está a cargo de la Fiscalía Centro Norte.
El informe recibió críticas de parlamentarios oficialistas integrantes de la comisión, pero sobre todo del ministro Beyer: “El informe no aporta antecedentes nuevos que nos permitan realmente llegar a la conclusión de que se violó la ley en casos particulares. Eso es lo que a uno le corresponde como autoridad. Es realmente identificar aquellos casos en los cuales se está violando la ley y si se viola la ley, estableceremos las sanciones que correspondan”, dijo.
Para los dirigentes estudiantiles, en tanto, efectivamente el informe no entrega datos que no se conozcan, pero sí es un aporte que un poder del Estado constate algo que el movimiento estudiantil denunció en 2011.
Marjorie Cuello, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, cuestionó las declaraciones de Beyer: “Si el ministro dice que no es nada nuevo, entonces significa que cuando él dijo que la ley no permitía que se lucrara con la educación, ya estaba en conocimiento del lucro. Me sorprende que el Mineduc no haya tomado cartas en el asunto antes”, afirmó.
“Debería haber tomado cartas en el asunto hace mucho tiempo, no solo este ministro, sino los anteriores. Entonces cae en una contradicción y trata de quitarle el piso al informe diciendo que no es nada nuevo. Los estudiantes lo dijimos todo el 2011 y no es nada nuevo, pero nunca hizo nada al respecto”, agregó.
En el Gobierno han insistido permanentemente en que la única solución es la creación de una Superintendencia, pero el Consejo de Rectores, los estudiantes y parlamentarios aseguran que el Mineduc no tiene voluntad política para hacer uso de las herramientas con las que ya cuenta para fiscalizar.
