María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal), advirtió que el impacto del uso de pesticidas es “mucho más grave de lo que se aparenta”.
Según la información entregada por afectados en diversas regiones del país, las intoxicaciones muchas veces no quedan registradas, lo que hace más difícil sacar conclusiones y enfrentar este problema.
Estas declaraciones se suman a los llamados realizados hace algunos días por algunos parlamentarios sobre la necesidad de que el Gobierno ponga urgencia al proyecto de ley que elimina el uso de pesticidas que figuran como prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La senadora Ximena Rincón (DC), quien presentó el proyecto en 2010, planteó que “hay algunos plaguicidas que están prohibidos y que como no hay fiscalización se siguen usando bajo otro nombre, lo que es más grave. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Servicio de Salud no tienen la capacidad técnica para hacerlo”.
Las denuncias están centradas en el aumento de enfermedades en la comuna de Codegua, en la región de O’Higgins.
La alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, explicó que de un total de 12 mil personas que viven en Codegua, alrededor de 800 presentan una serie de enfermedades como cáncer al estómago, asma y bronquitis obstructiva, además de malformaciones congénitas como labio leporino e hidrocefalia.
Maria Elena Rozas advirtió que el llamado es urgente a eliminar de este registro a los plaguicidas más peligrosos: “Ya se vio que es imposible una fiscalización de los más de 320 mil predios que hay en Chile. Tampoco es posible pensar que el uso y manejo de plaguicidas altamente peligrosos es posible en un país como Chile, en que hay analfabetismo funcional, no se sabe leer una etiqueta y no se respetan las normas”, explicó.
La coordinadora de Rapal aseguró que hay distintos tipos de exposiciones que están afectando a la comunidad: “En la región de O’Higgins y en diversas comunas, en este caso en Codegua, los trabajadores, temporeras y autoridades comunales están preocupadas porque siguen las malas prácticas agrícolas e intoxicaciones. Muchas de ellas no se registran”, indicó.
El pasado 20 de junio, la aplicación o derrame de plaguicidas en los terrenos colindantes al establecimiento Cristo del Parque de Codegua habría producido la intoxicación de más de 20 niños, quienes presentaron mareos, náuseas, dolor abdominal y vómitos durante la jornada de clases.
Los menores fueron llevados hasta el consultorio local, donde se les administraron medicamentos y suero.
María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal), advirtió que el impacto del uso de pesticidas es “mucho más grave de lo que se aparenta”.
Según la información entregada por afectados en diversas regiones del país, las intoxicaciones muchas veces no quedan registradas, lo que hace más difícil sacar conclusiones y enfrentar este problema.
Estas declaraciones se suman a los llamados realizados hace algunos días por algunos parlamentarios sobre la necesidad de que el Gobierno ponga urgencia al proyecto de ley que elimina el uso de pesticidas que figuran como prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La senadora Ximena Rincón (DC), quien presentó el proyecto en 2010, planteó que “hay algunos plaguicidas que están prohibidos y que como no hay fiscalización se siguen usando bajo otro nombre, lo que es más grave. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Servicio de Salud no tienen la capacidad técnica para hacerlo”.
Las denuncias están centradas en el aumento de enfermedades en la comuna de Codegua, en la región de O’Higgins.
La alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, explicó que de un total de 12 mil personas que viven en Codegua, alrededor de 800 presentan una serie de enfermedades como cáncer al estómago, asma y bronquitis obstructiva, además de malformaciones congénitas como labio leporino e hidrocefalia.
Maria Elena Rozas advirtió que el llamado es urgente a eliminar de este registro a los plaguicidas más peligrosos: “Ya se vio que es imposible una fiscalización de los más de 320 mil predios que hay en Chile. Tampoco es posible pensar que el uso y manejo de plaguicidas altamente peligrosos es posible en un país como Chile, en que hay analfabetismo funcional, no se sabe leer una etiqueta y no se respetan las normas”, explicó.
La coordinadora de Rapal aseguró que hay distintos tipos de exposiciones que están afectando a la comunidad: “En la región de O’Higgins y en diversas comunas, en este caso en Codegua, los trabajadores, temporeras y autoridades comunales están preocupadas porque siguen las malas prácticas agrícolas e intoxicaciones. Muchas de ellas no se registran”, indicó.
El pasado 20 de junio, la aplicación o derrame de plaguicidas en los terrenos colindantes al establecimiento Cristo del Parque de Codegua habría producido la intoxicación de más de 20 niños, quienes presentaron mareos, náuseas, dolor abdominal y vómitos durante la jornada de clases.
Los menores fueron llevados hasta el consultorio local, donde se les administraron medicamentos y suero.
María Elena Rozas, coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (Rapal), advirtió que el impacto del uso de pesticidas es “mucho más grave de lo que se aparenta”.
Según la información entregada por afectados en diversas regiones del país, las intoxicaciones muchas veces no quedan registradas, lo que hace más difícil sacar conclusiones y enfrentar este problema.
Estas declaraciones se suman a los llamados realizados hace algunos días por algunos parlamentarios sobre la necesidad de que el Gobierno ponga urgencia al proyecto de ley que elimina el uso de pesticidas que figuran como prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La senadora Ximena Rincón (DC), quien presentó el proyecto en 2010, planteó que “hay algunos plaguicidas que están prohibidos y que como no hay fiscalización se siguen usando bajo otro nombre, lo que es más grave. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Servicio de Salud no tienen la capacidad técnica para hacerlo”.
Las denuncias están centradas en el aumento de enfermedades en la comuna de Codegua, en la región de O’Higgins.
La alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, explicó que de un total de 12 mil personas que viven en Codegua, alrededor de 800 presentan una serie de enfermedades como cáncer al estómago, asma y bronquitis obstructiva, además de malformaciones congénitas como labio leporino e hidrocefalia.
Maria Elena Rozas advirtió que el llamado es urgente a eliminar de este registro a los plaguicidas más peligrosos: “Ya se vio que es imposible una fiscalización de los más de 320 mil predios que hay en Chile. Tampoco es posible pensar que el uso y manejo de plaguicidas altamente peligrosos es posible en un país como Chile, en que hay analfabetismo funcional, no se sabe leer una etiqueta y no se respetan las normas”, explicó.
La coordinadora de Rapal aseguró que hay distintos tipos de exposiciones que están afectando a la comunidad: “En la región de O’Higgins y en diversas comunas, en este caso en Codegua, los trabajadores, temporeras y autoridades comunales están preocupadas porque siguen las malas prácticas agrícolas e intoxicaciones. Muchas de ellas no se registran”, indicó.
El pasado 20 de junio, la aplicación o derrame de plaguicidas en los terrenos colindantes al establecimiento Cristo del Parque de Codegua habría producido la intoxicación de más de 20 niños, quienes presentaron mareos, náuseas, dolor abdominal y vómitos durante la jornada de clases.
Los menores fueron llevados hasta el consultorio local, donde se les administraron medicamentos y suero.
