Aunque se esperaba que la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votara sobre la Ley de Fortalecimiento del Orden Público, la instancia dedicó su sesión a aprobar una nueva iniciativa que, sin embargo, está muy ligada a la denominada Ley Hinzpeter o Ley Maldita como la han calificado los movimientos sociales.
La normativa, que ahora será discutida en la sala de la Cámara, establece como agravante realizar desórdenes públicos en movilizaciones con el rostro cubierto, impidiendo la identificación por parte de la policía, aunque se aclaró que estar encapuchado no constituirá un delito en sí mismo.
El diputado miembro de la comisión, Gabriel Silber, fue enfático en diferenciar este proyecto de la Ley Hinzpeter, subrayando que “tiene por objeto que en los casos en que una persona haya cometido un delito, se aumenta en un grado adicional en el caso que esté ocultando su identidad o encapuchado”.
En relación a la iniciativa que busca fortalecer el resguardo del orden público, el parlamentario DC indicó que se votará luego de la semana distrital, el 1 de agosto, y adelantó su votación en contra por parte de la oposición: “La Ley Hinzpeter atenta contra el derecho de reunión, de convocatoria, de manifestarse y, obviamente, nosotros la rechazamos”, dijo.
El mismo rechazo manifestaron durante la jornada de este miércoles diversas organizaciones sociales y sindicales que protestaron por la discusión que se preveía en la Cámara Baja sobre la ley que impulsa el ministerio del Interior.
La Central Clasista de Trabajadores, entre otros movimientos, se movilizaron frente a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), donde intentaron leer un comunicado en contra de la normativa, pero según denunciaron fueron injustamente reprimidos por Carabineros, quienes detuvieron a 9 personas por participar de “una marcha no autorizada”.
El dirigente de la organización, Víctor Quijada, sostuvo que junto con reprimir las luchas sociales de todos los sectores, la llamada Ley Hinzpeter “es la culminación de la criminalización que se estuvo haciendo desde la Concertación y obedece a una incapacidad de los gobiernos, no solo de este, porque la gente está despertando y se están viendo sobrepasados”, aseguró.
También protagonizaron manifestaciones los integrantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), quienes realizaron un “día negro” en los consultorios en repudio por la discusión del proyecto.
En conversación con la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la secretaria ejecutiva de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que los dirigentes “nos oponemos a los desmanes y creemos que eso hay que controlarlo, porque no le hace bien al movimiento social un grupo minoritario de personas que cometen delitos que, por cierto, ya están tipificados. Pero esta ley lo que viene a hacer es impedir la organización y la expresión de las movilizaciones”, sostuvo.
Aunque la iniciativa que recibió suma urgencia desde la última marcha estudiantil ha recibido modificaciones, como la eliminación del artículo que permitía la incautación de imágenes o audios a la prensa, se mantienen controvertidas sanciones como la penalización de los dirigentes que convocan a las manifestaciones o la criminalización de las tomas estudiantiles.
Por lo mismo, se espera que su discusión en el Congreso no sea fácil, ya que no cuenta con mayoría en la oposición y Renovación Nacional ha condicionado sus votos a que se le realicen otras modificaciones por considerarla “un poco estricta”.
Aunque se esperaba que la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votara sobre la Ley de Fortalecimiento del Orden Público, la instancia dedicó su sesión a aprobar una nueva iniciativa que, sin embargo, está muy ligada a la denominada Ley Hinzpeter o Ley Maldita como la han calificado los movimientos sociales.
La normativa, que ahora será discutida en la sala de la Cámara, establece como agravante realizar desórdenes públicos en movilizaciones con el rostro cubierto, impidiendo la identificación por parte de la policía, aunque se aclaró que estar encapuchado no constituirá un delito en sí mismo.
El diputado miembro de la comisión, Gabriel Silber, fue enfático en diferenciar este proyecto de la Ley Hinzpeter, subrayando que “tiene por objeto que en los casos en que una persona haya cometido un delito, se aumenta en un grado adicional en el caso que esté ocultando su identidad o encapuchado”.
En relación a la iniciativa que busca fortalecer el resguardo del orden público, el parlamentario DC indicó que se votará luego de la semana distrital, el 1 de agosto, y adelantó su votación en contra por parte de la oposición: “La Ley Hinzpeter atenta contra el derecho de reunión, de convocatoria, de manifestarse y, obviamente, nosotros la rechazamos”, dijo.
El mismo rechazo manifestaron durante la jornada de este miércoles diversas organizaciones sociales y sindicales que protestaron por la discusión que se preveía en la Cámara Baja sobre la ley que impulsa el ministerio del Interior.
La Central Clasista de Trabajadores, entre otros movimientos, se movilizaron frente a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), donde intentaron leer un comunicado en contra de la normativa, pero según denunciaron fueron injustamente reprimidos por Carabineros, quienes detuvieron a 9 personas por participar de “una marcha no autorizada”.
El dirigente de la organización, Víctor Quijada, sostuvo que junto con reprimir las luchas sociales de todos los sectores, la llamada Ley Hinzpeter “es la culminación de la criminalización que se estuvo haciendo desde la Concertación y obedece a una incapacidad de los gobiernos, no solo de este, porque la gente está despertando y se están viendo sobrepasados”, aseguró.
También protagonizaron manifestaciones los integrantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), quienes realizaron un “día negro” en los consultorios en repudio por la discusión del proyecto.
En conversación con la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la secretaria ejecutiva de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que los dirigentes “nos oponemos a los desmanes y creemos que eso hay que controlarlo, porque no le hace bien al movimiento social un grupo minoritario de personas que cometen delitos que, por cierto, ya están tipificados. Pero esta ley lo que viene a hacer es impedir la organización y la expresión de las movilizaciones”, sostuvo.
Aunque la iniciativa que recibió suma urgencia desde la última marcha estudiantil ha recibido modificaciones, como la eliminación del artículo que permitía la incautación de imágenes o audios a la prensa, se mantienen controvertidas sanciones como la penalización de los dirigentes que convocan a las manifestaciones o la criminalización de las tomas estudiantiles.
Por lo mismo, se espera que su discusión en el Congreso no sea fácil, ya que no cuenta con mayoría en la oposición y Renovación Nacional ha condicionado sus votos a que se le realicen otras modificaciones por considerarla “un poco estricta”.
Aunque se esperaba que la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados votara sobre la Ley de Fortalecimiento del Orden Público, la instancia dedicó su sesión a aprobar una nueva iniciativa que, sin embargo, está muy ligada a la denominada Ley Hinzpeter o Ley Maldita como la han calificado los movimientos sociales.
La normativa, que ahora será discutida en la sala de la Cámara, establece como agravante realizar desórdenes públicos en movilizaciones con el rostro cubierto, impidiendo la identificación por parte de la policía, aunque se aclaró que estar encapuchado no constituirá un delito en sí mismo.
El diputado miembro de la comisión, Gabriel Silber, fue enfático en diferenciar este proyecto de la Ley Hinzpeter, subrayando que “tiene por objeto que en los casos en que una persona haya cometido un delito, se aumenta en un grado adicional en el caso que esté ocultando su identidad o encapuchado”.
En relación a la iniciativa que busca fortalecer el resguardo del orden público, el parlamentario DC indicó que se votará luego de la semana distrital, el 1 de agosto, y adelantó su votación en contra por parte de la oposición: “La Ley Hinzpeter atenta contra el derecho de reunión, de convocatoria, de manifestarse y, obviamente, nosotros la rechazamos”, dijo.
El mismo rechazo manifestaron durante la jornada de este miércoles diversas organizaciones sociales y sindicales que protestaron por la discusión que se preveía en la Cámara Baja sobre la ley que impulsa el ministerio del Interior.
La Central Clasista de Trabajadores, entre otros movimientos, se movilizaron frente a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), donde intentaron leer un comunicado en contra de la normativa, pero según denunciaron fueron injustamente reprimidos por Carabineros, quienes detuvieron a 9 personas por participar de “una marcha no autorizada”.
El dirigente de la organización, Víctor Quijada, sostuvo que junto con reprimir las luchas sociales de todos los sectores, la llamada Ley Hinzpeter “es la culminación de la criminalización que se estuvo haciendo desde la Concertación y obedece a una incapacidad de los gobiernos, no solo de este, porque la gente está despertando y se están viendo sobrepasados”, aseguró.
También protagonizaron manifestaciones los integrantes de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), quienes realizaron un “día negro” en los consultorios en repudio por la discusión del proyecto.
En conversación con la tercera edición de Radioanálisis de nuestra emisora, la secretaria ejecutiva de la Confusam, Carolina Espinoza, aseguró que los dirigentes “nos oponemos a los desmanes y creemos que eso hay que controlarlo, porque no le hace bien al movimiento social un grupo minoritario de personas que cometen delitos que, por cierto, ya están tipificados. Pero esta ley lo que viene a hacer es impedir la organización y la expresión de las movilizaciones”, sostuvo.
Aunque la iniciativa que recibió suma urgencia desde la última marcha estudiantil ha recibido modificaciones, como la eliminación del artículo que permitía la incautación de imágenes o audios a la prensa, se mantienen controvertidas sanciones como la penalización de los dirigentes que convocan a las manifestaciones o la criminalización de las tomas estudiantiles.
Por lo mismo, se espera que su discusión en el Congreso no sea fácil, ya que no cuenta con mayoría en la oposición y Renovación Nacional ha condicionado sus votos a que se le realicen otras modificaciones por considerarla “un poco estricta”.
