Con la presencia del ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, la Comisión de Obras Públicas continuó con el análisis del proyecto del Ejecutivo, en segundo trámite, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Los senadores de integrantes de la comisión Jaime Quintana (PPD) y Antonio Horvath (RN), respectivamente, concordaron en la necesidad de incluir otros temas en la iniciativa como el manejo integral de las cuencas, regularizar los derechos de aguas y salvaguardar las comunidades. Asimismo, aseguraron que dichas mejoras al texto legal se llevarían a cabo cuando se realice la discusión en particular del proyecto.
Horvath aseguró que el proyecto “busca es aumentar las penas por los robos y usurpaciones de aguas y también asegurar un sistema de información directo respecto de los que inscriben los derechos de aguas respecto de la Dirección General de Aguas”.
Pero el parlamentario también advirtió que “el problema de raíz es la escasez del agua, por el deterioro de las distintas cuencas que tenemos en el país y porque se han otorgado más derechos de agua que lo que los ríos tienen, tanto lo superficial como los subterráneos. En el caso de los subterráneos es más grave aún, porque los ciclos de recuperación son más largos en el tiempo, puede tomar por sobre 200 años. En esta materia no solo hay que fijarse en aumentar las penas, que tienen un sentido de disuasión, de reparar el daño causado y rehabilitar a las personas, pero no basta”, dijo.
Quintana, presidente de la comisión, explicó que el robo de agua “en opinión del Ejecutivo es una situación en la que incurren grandes empresas, en especial, las compañías mineras”.
“Le hemos planteado al ministro que para que esta ley sea eficaz no basta solamente con aumentar las penas para las personas. Hay un estatuto, que es una ley de hace un par de años atrás, que en situaciones excepcionales establece responsabilidades penal de las empresas. Creemos que es indispensable reponer una iniciativa que no fue aprobada en la Cámara y que apunta que las empresas también puedan responder cuando cometan un ilícito”, agregó Quintana.
El parlamentario del PPD sostuvo que “quisiéramos conocer más detalles a quienes finalmente afectará y beneficiará más este proyecto, y cuáles serán el objeto principal de la ejecución penal, si a los grandes o los chicos. Todos sabemos el liderazgo que tiene el ministro en su sector, si vamos a hablar de aguas no nos vayamos por las ramas”.
Con la presencia del ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, la Comisión de Obras Públicas continuó con el análisis del proyecto del Ejecutivo, en segundo trámite, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Los senadores de integrantes de la comisión Jaime Quintana (PPD) y Antonio Horvath (RN), respectivamente, concordaron en la necesidad de incluir otros temas en la iniciativa como el manejo integral de las cuencas, regularizar los derechos de aguas y salvaguardar las comunidades. Asimismo, aseguraron que dichas mejoras al texto legal se llevarían a cabo cuando se realice la discusión en particular del proyecto.
Horvath aseguró que el proyecto “busca es aumentar las penas por los robos y usurpaciones de aguas y también asegurar un sistema de información directo respecto de los que inscriben los derechos de aguas respecto de la Dirección General de Aguas”.
Pero el parlamentario también advirtió que “el problema de raíz es la escasez del agua, por el deterioro de las distintas cuencas que tenemos en el país y porque se han otorgado más derechos de agua que lo que los ríos tienen, tanto lo superficial como los subterráneos. En el caso de los subterráneos es más grave aún, porque los ciclos de recuperación son más largos en el tiempo, puede tomar por sobre 200 años. En esta materia no solo hay que fijarse en aumentar las penas, que tienen un sentido de disuasión, de reparar el daño causado y rehabilitar a las personas, pero no basta”, dijo.
Quintana, presidente de la comisión, explicó que el robo de agua “en opinión del Ejecutivo es una situación en la que incurren grandes empresas, en especial, las compañías mineras”.
“Le hemos planteado al ministro que para que esta ley sea eficaz no basta solamente con aumentar las penas para las personas. Hay un estatuto, que es una ley de hace un par de años atrás, que en situaciones excepcionales establece responsabilidades penal de las empresas. Creemos que es indispensable reponer una iniciativa que no fue aprobada en la Cámara y que apunta que las empresas también puedan responder cuando cometan un ilícito”, agregó Quintana.
El parlamentario del PPD sostuvo que “quisiéramos conocer más detalles a quienes finalmente afectará y beneficiará más este proyecto, y cuáles serán el objeto principal de la ejecución penal, si a los grandes o los chicos. Todos sabemos el liderazgo que tiene el ministro en su sector, si vamos a hablar de aguas no nos vayamos por las ramas”.
Con la presencia del ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, la Comisión de Obras Públicas continuó con el análisis del proyecto del Ejecutivo, en segundo trámite, que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones.
Los senadores de integrantes de la comisión Jaime Quintana (PPD) y Antonio Horvath (RN), respectivamente, concordaron en la necesidad de incluir otros temas en la iniciativa como el manejo integral de las cuencas, regularizar los derechos de aguas y salvaguardar las comunidades. Asimismo, aseguraron que dichas mejoras al texto legal se llevarían a cabo cuando se realice la discusión en particular del proyecto.
Horvath aseguró que el proyecto “busca es aumentar las penas por los robos y usurpaciones de aguas y también asegurar un sistema de información directo respecto de los que inscriben los derechos de aguas respecto de la Dirección General de Aguas”.
Pero el parlamentario también advirtió que “el problema de raíz es la escasez del agua, por el deterioro de las distintas cuencas que tenemos en el país y porque se han otorgado más derechos de agua que lo que los ríos tienen, tanto lo superficial como los subterráneos. En el caso de los subterráneos es más grave aún, porque los ciclos de recuperación son más largos en el tiempo, puede tomar por sobre 200 años. En esta materia no solo hay que fijarse en aumentar las penas, que tienen un sentido de disuasión, de reparar el daño causado y rehabilitar a las personas, pero no basta”, dijo.
Quintana, presidente de la comisión, explicó que el robo de agua “en opinión del Ejecutivo es una situación en la que incurren grandes empresas, en especial, las compañías mineras”.
“Le hemos planteado al ministro que para que esta ley sea eficaz no basta solamente con aumentar las penas para las personas. Hay un estatuto, que es una ley de hace un par de años atrás, que en situaciones excepcionales establece responsabilidades penal de las empresas. Creemos que es indispensable reponer una iniciativa que no fue aprobada en la Cámara y que apunta que las empresas también puedan responder cuando cometan un ilícito”, agregó Quintana.
El parlamentario del PPD sostuvo que “quisiéramos conocer más detalles a quienes finalmente afectará y beneficiará más este proyecto, y cuáles serán el objeto principal de la ejecución penal, si a los grandes o los chicos. Todos sabemos el liderazgo que tiene el ministro en su sector, si vamos a hablar de aguas no nos vayamos por las ramas”.
