El martes pasado vecinos de Salamanca se tomaron nuevamente las rutas que conducen a la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, para exigir que la empresa transnacional respete los compromisos que adoptó en 2008 en relación a la fuerte contaminación del agua y del aire que produce la planta y que los afecta directamente.
Las conversaciones con la empresa comenzaron en 2000, un año después de la instalación de la minera, y se extendieron hasta 2007, cuando los vecinos comenzaron un proceso de movilizaciones que terminó al año siguiente con un compromiso de mitigación de los impactos firmado entre la empresa y la comunidad.
El dirigente de Cucumén, Tito Villalobos, dijo que “las administraciones de los gobiernos de turno anteriores no nos han solucionado el problema y la minera no los quiere abordar. La comunidad está brindando un punto de encuentro, es decir, la firma del marco de acuerdo, está diciendo sentémonos a discutir el problema. Yo siento que vamos a cumplir cuatro años sentados conversando y sentimos que el tema de fondo no lo han solucionado y no lo quieren solucionar, porque les afecta en la producción a ellos, pero no importa que a la comunidad le siga afectando”.
Villalobos afirmó que los habitantes del Valle del Choapa “están perdiendo la paciencia”, por lo que recurrieron nuevamente a las movilizaciones, y añadió que después de la toma del martes pasado lograron reunirse con el mismo gerente general de la compañía, Alberto Cerda.
Cabe señalar que la empresa cambió de gerencia hace poco, por lo que Cerda se comprometió a revisar el cumplimiento del plan de 2008 y darles una solución a los vecinos.
Esta cita se concretará el próximo lunes 23 a las 14 horas, sin embargo, la comunidad anticipó que, si las respuestas no los satisfacen, volverán a tomarse las calles “porque así funcionan las cosas en Chile”, afirmó Villalobos.
En relación al impacto ambiental, Indaldi Cofré, presidente de la Agrupación Ciudadana Ambiental de Salamanca (ACAS), afirmó que es insostenible, por la cantidad de material particulado al que están sujetos.
En ese sentido, sostuvo que la aprobación ambiental de este tipo de proyectos ha presentado serias fallas y las sigue presentando: “Con la nueva institucionalidad ambiental, el retraso en la constitución de los tribunales ambientales, el retraso del funcionamiento de la superintendencia y la falta de inclusión de las propuestas en el Reglamento del Servicio Nacional Ambiental permiten que este tipo de empresas se puedan llevar a cabo sin el respeto mínimo por los derechos sociales, ambientales, culturales, que la empresa hace aquí”, explicó.
Cofré añadió que nuestra institucionalidad ambiental es sumamente débil y que está sometida a los intereses de los grandes empresarios, a pesar de los cambios cosméticos que le han realizado las distintas administraciones, lo que se puede ver en éste y otros proyectos.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía chilena en su conjunto a no permitir que sigan los atropellos como, por ejemplo, al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El martes pasado vecinos de Salamanca se tomaron nuevamente las rutas que conducen a la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, para exigir que la empresa transnacional respete los compromisos que adoptó en 2008 en relación a la fuerte contaminación del agua y del aire que produce la planta y que los afecta directamente.
Las conversaciones con la empresa comenzaron en 2000, un año después de la instalación de la minera, y se extendieron hasta 2007, cuando los vecinos comenzaron un proceso de movilizaciones que terminó al año siguiente con un compromiso de mitigación de los impactos firmado entre la empresa y la comunidad.
El dirigente de Cucumén, Tito Villalobos, dijo que “las administraciones de los gobiernos de turno anteriores no nos han solucionado el problema y la minera no los quiere abordar. La comunidad está brindando un punto de encuentro, es decir, la firma del marco de acuerdo, está diciendo sentémonos a discutir el problema. Yo siento que vamos a cumplir cuatro años sentados conversando y sentimos que el tema de fondo no lo han solucionado y no lo quieren solucionar, porque les afecta en la producción a ellos, pero no importa que a la comunidad le siga afectando”.
Villalobos afirmó que los habitantes del Valle del Choapa “están perdiendo la paciencia”, por lo que recurrieron nuevamente a las movilizaciones, y añadió que después de la toma del martes pasado lograron reunirse con el mismo gerente general de la compañía, Alberto Cerda.
Cabe señalar que la empresa cambió de gerencia hace poco, por lo que Cerda se comprometió a revisar el cumplimiento del plan de 2008 y darles una solución a los vecinos.
Esta cita se concretará el próximo lunes 23 a las 14 horas, sin embargo, la comunidad anticipó que, si las respuestas no los satisfacen, volverán a tomarse las calles “porque así funcionan las cosas en Chile”, afirmó Villalobos.
En relación al impacto ambiental, Indaldi Cofré, presidente de la Agrupación Ciudadana Ambiental de Salamanca (ACAS), afirmó que es insostenible, por la cantidad de material particulado al que están sujetos.
En ese sentido, sostuvo que la aprobación ambiental de este tipo de proyectos ha presentado serias fallas y las sigue presentando: “Con la nueva institucionalidad ambiental, el retraso en la constitución de los tribunales ambientales, el retraso del funcionamiento de la superintendencia y la falta de inclusión de las propuestas en el Reglamento del Servicio Nacional Ambiental permiten que este tipo de empresas se puedan llevar a cabo sin el respeto mínimo por los derechos sociales, ambientales, culturales, que la empresa hace aquí”, explicó.
Cofré añadió que nuestra institucionalidad ambiental es sumamente débil y que está sometida a los intereses de los grandes empresarios, a pesar de los cambios cosméticos que le han realizado las distintas administraciones, lo que se puede ver en éste y otros proyectos.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía chilena en su conjunto a no permitir que sigan los atropellos como, por ejemplo, al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El martes pasado vecinos de Salamanca se tomaron nuevamente las rutas que conducen a la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, para exigir que la empresa transnacional respete los compromisos que adoptó en 2008 en relación a la fuerte contaminación del agua y del aire que produce la planta y que los afecta directamente.
Las conversaciones con la empresa comenzaron en 2000, un año después de la instalación de la minera, y se extendieron hasta 2007, cuando los vecinos comenzaron un proceso de movilizaciones que terminó al año siguiente con un compromiso de mitigación de los impactos firmado entre la empresa y la comunidad.
El dirigente de Cucumén, Tito Villalobos, dijo que “las administraciones de los gobiernos de turno anteriores no nos han solucionado el problema y la minera no los quiere abordar. La comunidad está brindando un punto de encuentro, es decir, la firma del marco de acuerdo, está diciendo sentémonos a discutir el problema. Yo siento que vamos a cumplir cuatro años sentados conversando y sentimos que el tema de fondo no lo han solucionado y no lo quieren solucionar, porque les afecta en la producción a ellos, pero no importa que a la comunidad le siga afectando”.
Villalobos afirmó que los habitantes del Valle del Choapa “están perdiendo la paciencia”, por lo que recurrieron nuevamente a las movilizaciones, y añadió que después de la toma del martes pasado lograron reunirse con el mismo gerente general de la compañía, Alberto Cerda.
Cabe señalar que la empresa cambió de gerencia hace poco, por lo que Cerda se comprometió a revisar el cumplimiento del plan de 2008 y darles una solución a los vecinos.
Esta cita se concretará el próximo lunes 23 a las 14 horas, sin embargo, la comunidad anticipó que, si las respuestas no los satisfacen, volverán a tomarse las calles “porque así funcionan las cosas en Chile”, afirmó Villalobos.
En relación al impacto ambiental, Indaldi Cofré, presidente de la Agrupación Ciudadana Ambiental de Salamanca (ACAS), afirmó que es insostenible, por la cantidad de material particulado al que están sujetos.
En ese sentido, sostuvo que la aprobación ambiental de este tipo de proyectos ha presentado serias fallas y las sigue presentando: “Con la nueva institucionalidad ambiental, el retraso en la constitución de los tribunales ambientales, el retraso del funcionamiento de la superintendencia y la falta de inclusión de las propuestas en el Reglamento del Servicio Nacional Ambiental permiten que este tipo de empresas se puedan llevar a cabo sin el respeto mínimo por los derechos sociales, ambientales, culturales, que la empresa hace aquí”, explicó.
Cofré añadió que nuestra institucionalidad ambiental es sumamente débil y que está sometida a los intereses de los grandes empresarios, a pesar de los cambios cosméticos que le han realizado las distintas administraciones, lo que se puede ver en éste y otros proyectos.
En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía chilena en su conjunto a no permitir que sigan los atropellos como, por ejemplo, al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
