Luego de una extensa tramitación, la Cámara de Diputados aprobó en general el pasado miércoles el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892, en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, el acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización.

En la discusión particular, hubo puntos rechazados y modificados que deberán ser repuestos y debatidos en el Senado.

El resultado fue valorado por el ministro de Economía, Pablo Longueira, quien destacó que “se aprobó la primera milla para el sector artesanal, el posicionador satelital y las certificaciones; en tanto, los artículos rechazados en materia de licencias de pesca y licitaciones los repondremos en el Senado”.

Por su parte, el diputado UDI Patricio Melero, miembro de la comisión de Hacienda, calificó el trámite como “un éxito histórico” y señaló que la ley “equilibra la preservación de los recursos pero, a su vez, incentiva una adecuada regulación para la extracción”.

Es lo que en la legislación se ha denominado un enfoque ecosistémico, estrategia que busca el equilibrio entre la conservación de uso sostenible y la distribución equitativa de los beneficios obtenidos de los recursos.

Longueira afirmó que la normativa ayudará a la conservación del ecosistema, gracias a la creación de once comités científicos que velarán por la sustentabilidad de los recursos. “Ahora los encargados de decir cuánto se captura serán los comités”, subrayó.

Sin embargo, el director del Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile (Cenma), Ítalo Serey, puntualizó que “el problema de fondo no es la ley y la regulación, sino la falta de información que ésta advierte”.

La ley contempla un índice de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), es decir, cuánto se puede extraer de cada especie sin agotar el recurso. El problema, según el especialista, es que el RMS no considera “factores como el medio donde se desarrollan con condiciones biológicas y físicas específicas, acorde al territorio que habitan”.

Por su parte, Hugo Salgado, investigador del Programa Multidisciplinario de Investigación en Sustentabilidad de Pesquerías y Acuicultura de la Universidad de Concepción (Mispa-UdeC), consideró que hay “falencias graves en la legislación”.

“La mirada científico técnica es buena, en tanto se centra en la conservación de los recursos marinos. No obstante, la nueva ley no asegura una aplicación efectiva de los criterios científicos con una mirada multidisciplinaria”, agregó el experto.

En este sentido, Salgado señaló que el Estado se verá obligado a fortalecer la institucionalidad y a tener recursos para ello, pero que “la actual ley no asegura poder contar con esos recursos necesarios para el financiamiento de la institucionalidad ofertada”.

La ley genera cuestionamientos

Uno de los puntos de la Ley de Pesca que ha causado controversia es el de las cuotas. Al respecto, Hugo Salgado explicó que se entrega a los comités científicos la responsabilidad de establecer las cuotas de pesca en rangos cercanos al diez por ciento. De este modo, dijo, la subsecretaría de Pesca tendrá poco espacio para modificar las cuotas.

Además, el Consejo Nacional de Pesca, en el que participan representantes del sector, pierde la facultad de autorizar el tamaño de las cuotas. “Puede ser una medida de doble filo. Puede ser positivo para la conservación de los recursos, pero muy riesgoso desde un punto de vista social y de gobernanza”, afirmó el académico de la Universidad de Concepción.

“Si los comités sólo toman en cuenta el ámbito biológico-pesquero, se podrían generar situaciones complejas desde el punto de vista social. Por ejemplo, desde un punto de vista biológico, la pesca del jurel debería estar cerrada, pero eso generaría una crisis sociopolítica de gran envergadura.  Por lo mismo, resulta fundamental que los comités cuenten con cientistas sociales”, agregó.

Mientras la ley se discute en el Congreso, pescadores artesanales han protagonizado protestas en distintos puertos del país. El sector ha manifestado su férrea oposición al proyecto, calificándolo como una “ley del exterminio”. Según argumentan, la zona asignada para la extracción artesanal es insuficiente y terminaría perjudicándolos.

Además, los pescadores artesanales se oponen a costear la incorporación de posicionadores satelitales en naves artesanales entre 15 y 18 metros y cerqueros sobre 12 metros.

En algunas zonas, como la región del Biobío, los artesanales han contado incluso con respaldo de federaciones de estudiantes. “El movimiento estudiantil está con los pescadores”, afirmó el dirigente artesanal Rosendo Arroyo.

“Las votaciones que se han desarrollado en las diferentes comisiones han significado una vergüenza nacional para el sector artesanal”, dijo Nelson Estrada, presidente de la Comisión de Defensa de la Pesca Artesanal (Codepa). De acuerdo al dirigente, la ley “significará la lápida para los pescadores y sus familias”.