Sólo un día después que el ministro Rodrigo Hinzpeter declarara por el Caso Bombas ante el Tercer Juzgado Oral de Santiago, y asegurara que no tuvo “ninguna relación ni participación” en la incorporación del ex fiscal Alejandro Peña a la secretaría de Estado, abogados defensores señalaron que era inverosímil y solicitaron demostrar estos dichos vía Ley de Transparencia.
De este modo, la abogada Valentina Horvath -hija del senador RN y defensora de Pablo Morales- y Mauricio Daza, defensor de Francisco Solar, solicitaron “copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, que tengan como destinatario o remitente al señor Alejandro Peña Ceballos y cuyo contenido diga relación con condiciones de contratación, redacción y suscripción de contratos del Ministerio del Interior o alguna otra repartición pública, todo ello vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Un mes más tarde, el subsecretario Rodrigo Ubilla respondió el requerimiento en un documento de 15 páginas, donde argumentó la imposibilidad de entregar la información solicitada referida al intercambio de correos electrónicos por ser de carácter reservada.
El abogado Mauricio Daza sostuvo que esta situación es especialmente grave, porque se supone que esa información no existía: “Lo que a nosotros nos llama profundamente la atención es que se diga que no se va a entregar una información la cual se negó en cuanto a su existencia, por el propio ministro del Interior bajo juramente en un tribunal penal. Eso es especialmente grave si consideramos que el falso testimonio en juicio penal es un delito que genera inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estamos hablando además de la persona que está a cargo de la seguridad pública interior en el país y obviamente que uno tiene la expectativa de que sea una persona que opera en forma transparente y que no le miente a los tribunales de justicia”, dijo.
El jurista advirtió además que la respuesta se realizó más de diez días después de plazo legal, y que la Ley establece que aquellos funcionarios que incumplen las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia tienen multas que llegan hasta el 50 por ciento de su sueldo, por lo que espera que esto se haga efectivo.
Ahora el Consejo de la Transparencia deberá pronunciarse sobre este caso y obligar a entregar la información completa o parcialmente o señalar que no corresponde, pero Daza confía en que habrá una respuesta favorable a su requerimiento.
Si así fuera, el Ministerio del Interior podría insistir en su postura tanto iniciando recursos en la Corte de Apelaciones como ante el Tribunal Constitucional (TC) como ya lo han hecho anteriormente otros personeros de Gobierno como el propio Ubilla.
Cabe recordar que el TC acogió la inaplicabilidad de una solicitud similar sobre correos electrónicos intercambiados con la Gobernación de Melipilla, relativos a las transferencias de fondos efectuadas a esa entidad con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010
Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, manifestó que el Consejo para la Transparencia ha sido respetuoso de los fallos judiciales que han ido corrigiendo ciertos criterios en casos conflictivos, lo que podría ocurrir con el TC.
“Sienta un criterio de interpretación constitucional y sobre todo de protección de una garantía constitucional como lo es, en este caso, el derecho a la privacidad. Ese criterio debe respetarse por el resto de los órganos públicos, entre los cuales está el Consejo para la Transparencia. Eso como por principio debería pasar”, sostuvo.
La académica planteó que puede que el Consejo para la Transparencia retarde su decisión a la espera de la fundamentación del TC sobre las razones para acoger la solicitud anterior de Rodrigo Ubilla para saber si son extensibles a este caso.
Sólo un día después que el ministro Rodrigo Hinzpeter declarara por el Caso Bombas ante el Tercer Juzgado Oral de Santiago, y asegurara que no tuvo “ninguna relación ni participación” en la incorporación del ex fiscal Alejandro Peña a la secretaría de Estado, abogados defensores señalaron que era inverosímil y solicitaron demostrar estos dichos vía Ley de Transparencia.
De este modo, la abogada Valentina Horvath -hija del senador RN y defensora de Pablo Morales- y Mauricio Daza, defensor de Francisco Solar, solicitaron “copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, que tengan como destinatario o remitente al señor Alejandro Peña Ceballos y cuyo contenido diga relación con condiciones de contratación, redacción y suscripción de contratos del Ministerio del Interior o alguna otra repartición pública, todo ello vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Un mes más tarde, el subsecretario Rodrigo Ubilla respondió el requerimiento en un documento de 15 páginas, donde argumentó la imposibilidad de entregar la información solicitada referida al intercambio de correos electrónicos por ser de carácter reservada.
El abogado Mauricio Daza sostuvo que esta situación es especialmente grave, porque se supone que esa información no existía: “Lo que a nosotros nos llama profundamente la atención es que se diga que no se va a entregar una información la cual se negó en cuanto a su existencia, por el propio ministro del Interior bajo juramente en un tribunal penal. Eso es especialmente grave si consideramos que el falso testimonio en juicio penal es un delito que genera inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estamos hablando además de la persona que está a cargo de la seguridad pública interior en el país y obviamente que uno tiene la expectativa de que sea una persona que opera en forma transparente y que no le miente a los tribunales de justicia”, dijo.
El jurista advirtió además que la respuesta se realizó más de diez días después de plazo legal, y que la Ley establece que aquellos funcionarios que incumplen las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia tienen multas que llegan hasta el 50 por ciento de su sueldo, por lo que espera que esto se haga efectivo.
Ahora el Consejo de la Transparencia deberá pronunciarse sobre este caso y obligar a entregar la información completa o parcialmente o señalar que no corresponde, pero Daza confía en que habrá una respuesta favorable a su requerimiento.
Si así fuera, el Ministerio del Interior podría insistir en su postura tanto iniciando recursos en la Corte de Apelaciones como ante el Tribunal Constitucional (TC) como ya lo han hecho anteriormente otros personeros de Gobierno como el propio Ubilla.
Cabe recordar que el TC acogió la inaplicabilidad de una solicitud similar sobre correos electrónicos intercambiados con la Gobernación de Melipilla, relativos a las transferencias de fondos efectuadas a esa entidad con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010
Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, manifestó que el Consejo para la Transparencia ha sido respetuoso de los fallos judiciales que han ido corrigiendo ciertos criterios en casos conflictivos, lo que podría ocurrir con el TC.
“Sienta un criterio de interpretación constitucional y sobre todo de protección de una garantía constitucional como lo es, en este caso, el derecho a la privacidad. Ese criterio debe respetarse por el resto de los órganos públicos, entre los cuales está el Consejo para la Transparencia. Eso como por principio debería pasar”, sostuvo.
La académica planteó que puede que el Consejo para la Transparencia retarde su decisión a la espera de la fundamentación del TC sobre las razones para acoger la solicitud anterior de Rodrigo Ubilla para saber si son extensibles a este caso.
Sólo un día después que el ministro Rodrigo Hinzpeter declarara por el Caso Bombas ante el Tercer Juzgado Oral de Santiago, y asegurara que no tuvo “ninguna relación ni participación” en la incorporación del ex fiscal Alejandro Peña a la secretaría de Estado, abogados defensores señalaron que era inverosímil y solicitaron demostrar estos dichos vía Ley de Transparencia.
De este modo, la abogada Valentina Horvath -hija del senador RN y defensora de Pablo Morales- y Mauricio Daza, defensor de Francisco Solar, solicitaron “copia de correos electrónicos enviados y/o recibidos en su correo institucional entre el 11 de marzo de 2010 y el 11 de abril de 2011, que tengan como destinatario o remitente al señor Alejandro Peña Ceballos y cuyo contenido diga relación con condiciones de contratación, redacción y suscripción de contratos del Ministerio del Interior o alguna otra repartición pública, todo ello vinculado con la incorporación del señor Alejandro Peña Ceballos como dependiente o prestador de servicios a cualquier título del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
Un mes más tarde, el subsecretario Rodrigo Ubilla respondió el requerimiento en un documento de 15 páginas, donde argumentó la imposibilidad de entregar la información solicitada referida al intercambio de correos electrónicos por ser de carácter reservada.
El abogado Mauricio Daza sostuvo que esta situación es especialmente grave, porque se supone que esa información no existía: “Lo que a nosotros nos llama profundamente la atención es que se diga que no se va a entregar una información la cual se negó en cuanto a su existencia, por el propio ministro del Interior bajo juramente en un tribunal penal. Eso es especialmente grave si consideramos que el falso testimonio en juicio penal es un delito que genera inhabilitación para ejercer cargos públicos. Estamos hablando además de la persona que está a cargo de la seguridad pública interior en el país y obviamente que uno tiene la expectativa de que sea una persona que opera en forma transparente y que no le miente a los tribunales de justicia”, dijo.
El jurista advirtió además que la respuesta se realizó más de diez días después de plazo legal, y que la Ley establece que aquellos funcionarios que incumplen las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia tienen multas que llegan hasta el 50 por ciento de su sueldo, por lo que espera que esto se haga efectivo.
Ahora el Consejo de la Transparencia deberá pronunciarse sobre este caso y obligar a entregar la información completa o parcialmente o señalar que no corresponde, pero Daza confía en que habrá una respuesta favorable a su requerimiento.
Si así fuera, el Ministerio del Interior podría insistir en su postura tanto iniciando recursos en la Corte de Apelaciones como ante el Tribunal Constitucional (TC) como ya lo han hecho anteriormente otros personeros de Gobierno como el propio Ubilla.
Cabe recordar que el TC acogió la inaplicabilidad de una solicitud similar sobre correos electrónicos intercambiados con la Gobernación de Melipilla, relativos a las transferencias de fondos efectuadas a esa entidad con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010
Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, manifestó que el Consejo para la Transparencia ha sido respetuoso de los fallos judiciales que han ido corrigiendo ciertos criterios en casos conflictivos, lo que podría ocurrir con el TC.
“Sienta un criterio de interpretación constitucional y sobre todo de protección de una garantía constitucional como lo es, en este caso, el derecho a la privacidad. Ese criterio debe respetarse por el resto de los órganos públicos, entre los cuales está el Consejo para la Transparencia. Eso como por principio debería pasar”, sostuvo.
La académica planteó que puede que el Consejo para la Transparencia retarde su decisión a la espera de la fundamentación del TC sobre las razones para acoger la solicitud anterior de Rodrigo Ubilla para saber si son extensibles a este caso.
