Preocupado se mostró el abogado, José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, luego de la reunión sostenida en La Moneda que acordó reforzar el contingente policial en la Araucanía, entre otras medidas.
El jurista sostuvo, en la tercera edición de Radioanálisis, que de las nueve medidas anunciadas por el ejecutivo, ocho tienen que ver con el fortalecimiento de la labor policial y del Ministerio del Interior y sólo una, parcialmente, se refiere al problema de fondo.
Para José Aylwin, “Esencialmente es un triunfo de los grupos más duros dentro del Gobierno que han venido -desde hace mucho tiempo, cuando eran oposición- pregonando esta línea de fortalecimiento de la acción policial, de persecución penal. Incluso se adelanta el estudio de reformas legislativas tendientes a fortalecer la institución de los testigos protegidos que tanto problema ha causado desde la perspectiva del debido proceso con su aplicación a través de la Ley Antiterrorista”.
Aylwin, expresó además su preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien, al igual que su par de Agricultura, Luis Mayol, justificó la presencia de lugareños armados en la zona.
“El ministro tuvo que hacer precisiones sobre el derecho a la legítima defensa, que efectivamente está en la legislación chilena, pero no hizo una diferencia entre la legítima defensa que tiene que ver con la vida y la integridad física, versus la legítima defensa de la propiedad. Es también grave que esto no haya sido objeto de mayor reparo y llamado de atención desde otros sectores políticos del país”, dijo.
Para el co-director del Observatorio Ciudadano, hay aspectos del convenio 169 de la OIT, que no están legislados: “Estamos en una zona de expansión forestal de grandes proporciones, más menos dos millones de hectáreas plantadas con monocultivo que se sobreponen a comunidades. Esas decisiones no son consultadas con ellas, indudablemente eso genera violencia. Es importante señalar, desde la perspectiva de un organismo de Derechos Humanos, que hay hechos de violencia que muy posiblemente son imputables a personas mapuche que son condenables, sin embargo, nosotros nos oponemos a la estigmatización, a la imputación sin previa investigación”, sostuvo.
José Aylwin agregó que “falta voluntad para abordar la usurpación histórica de tierras”, política que “sigue operando con presupuestos mínimos y haciendo adquisiciones de terrenos a precios elevados, que sólo benefician a quienes se apropiaron de ellos en el pasado”.
Preocupado se mostró el abogado, José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, luego de la reunión sostenida en La Moneda que acordó reforzar el contingente policial en la Araucanía, entre otras medidas.
El jurista sostuvo, en la tercera edición de Radioanálisis, que de las nueve medidas anunciadas por el ejecutivo, ocho tienen que ver con el fortalecimiento de la labor policial y del Ministerio del Interior y sólo una, parcialmente, se refiere al problema de fondo.
Para José Aylwin, “Esencialmente es un triunfo de los grupos más duros dentro del Gobierno que han venido -desde hace mucho tiempo, cuando eran oposición- pregonando esta línea de fortalecimiento de la acción policial, de persecución penal. Incluso se adelanta el estudio de reformas legislativas tendientes a fortalecer la institución de los testigos protegidos que tanto problema ha causado desde la perspectiva del debido proceso con su aplicación a través de la Ley Antiterrorista”.
Aylwin, expresó además su preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien, al igual que su par de Agricultura, Luis Mayol, justificó la presencia de lugareños armados en la zona.
“El ministro tuvo que hacer precisiones sobre el derecho a la legítima defensa, que efectivamente está en la legislación chilena, pero no hizo una diferencia entre la legítima defensa que tiene que ver con la vida y la integridad física, versus la legítima defensa de la propiedad. Es también grave que esto no haya sido objeto de mayor reparo y llamado de atención desde otros sectores políticos del país”, dijo.
Para el co-director del Observatorio Ciudadano, hay aspectos del convenio 169 de la OIT, que no están legislados: “Estamos en una zona de expansión forestal de grandes proporciones, más menos dos millones de hectáreas plantadas con monocultivo que se sobreponen a comunidades. Esas decisiones no son consultadas con ellas, indudablemente eso genera violencia. Es importante señalar, desde la perspectiva de un organismo de Derechos Humanos, que hay hechos de violencia que muy posiblemente son imputables a personas mapuche que son condenables, sin embargo, nosotros nos oponemos a la estigmatización, a la imputación sin previa investigación”, sostuvo.
José Aylwin agregó que “falta voluntad para abordar la usurpación histórica de tierras”, política que “sigue operando con presupuestos mínimos y haciendo adquisiciones de terrenos a precios elevados, que sólo benefician a quienes se apropiaron de ellos en el pasado”.
Preocupado se mostró el abogado, José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, luego de la reunión sostenida en La Moneda que acordó reforzar el contingente policial en la Araucanía, entre otras medidas.
El jurista sostuvo, en la tercera edición de Radioanálisis, que de las nueve medidas anunciadas por el ejecutivo, ocho tienen que ver con el fortalecimiento de la labor policial y del Ministerio del Interior y sólo una, parcialmente, se refiere al problema de fondo.
Para José Aylwin, “Esencialmente es un triunfo de los grupos más duros dentro del Gobierno que han venido -desde hace mucho tiempo, cuando eran oposición- pregonando esta línea de fortalecimiento de la acción policial, de persecución penal. Incluso se adelanta el estudio de reformas legislativas tendientes a fortalecer la institución de los testigos protegidos que tanto problema ha causado desde la perspectiva del debido proceso con su aplicación a través de la Ley Antiterrorista”.
Aylwin, expresó además su preocupación ante las declaraciones del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien, al igual que su par de Agricultura, Luis Mayol, justificó la presencia de lugareños armados en la zona.
“El ministro tuvo que hacer precisiones sobre el derecho a la legítima defensa, que efectivamente está en la legislación chilena, pero no hizo una diferencia entre la legítima defensa que tiene que ver con la vida y la integridad física, versus la legítima defensa de la propiedad. Es también grave que esto no haya sido objeto de mayor reparo y llamado de atención desde otros sectores políticos del país”, dijo.
Para el co-director del Observatorio Ciudadano, hay aspectos del convenio 169 de la OIT, que no están legislados: “Estamos en una zona de expansión forestal de grandes proporciones, más menos dos millones de hectáreas plantadas con monocultivo que se sobreponen a comunidades. Esas decisiones no son consultadas con ellas, indudablemente eso genera violencia. Es importante señalar, desde la perspectiva de un organismo de Derechos Humanos, que hay hechos de violencia que muy posiblemente son imputables a personas mapuche que son condenables, sin embargo, nosotros nos oponemos a la estigmatización, a la imputación sin previa investigación”, sostuvo.
José Aylwin agregó que “falta voluntad para abordar la usurpación histórica de tierras”, política que “sigue operando con presupuestos mínimos y haciendo adquisiciones de terrenos a precios elevados, que sólo benefician a quienes se apropiaron de ellos en el pasado”.
