La Cámara de Diputados aprobó por un amplio margen el proyecto de ley que facilita el desarrollo de plebiscitos comunales vinculantes y consultas ciudadanas no vinculantes, considerado como una reforma política clave dentro del Gobierno y que ahora pasará a tercer trámite en el Senado, quedando a un paso de convertirse en ley.
De hecho, la discusión fue seguida atentamente por el ministro Cristián Larroulet, quien aseguró que “los plebiscitos comunales son relevantes, pues por esta vía la ciudadanía puede intervenir en las decisiones que le afectan más directamente”.
El proyecto establece que un alcalde tendrá que llamar a plebiscito cuando un diez por ciento de los vecinos que participaron en la última elección municipal así lo requieran. Pero la consulta solo será vinculante cuando en él participe el equivalente al 50 por ciento de las personas habilitadas para votar en dicha jurisdicción.
El diputado DC Eduardo Cerda destacó la aprobación de esta iniciativa, sosteniendo que actualmente la legislación “tampoco se ocupa de la situación financiera de nuestros municipios, olvidando que los plebiscitos y consultas envuelven costos económicos muy altos. De ahí que no ha de extrañar que los municipios que han organizado plebiscitos a la fecha son los que cuentan con altos recursos económicos”.
En este sentido, para abaratar costos se contempla que los plebiscitos puedan realizarse durante la misma jornada de elecciones presidenciales o parlamentarias y podrán tratar materias contenidas en ordenanzas, tales como el uso, denominación y conservación de plazas.
El presidente de la ONG Acción, Martín Pascual, valoró el avance de la iniciativa por fortalecer los espacios de participación ciudadana, pero aseguró que “quisiéramos que fueran en una decisión mucho más precisa y que se plantearan algún tipo de exigencia para su convocatoria que no implicaran una valla insalvable para los ciudadanos”.
“Se tratan temas muy mínimos, son cosas que tienen importancia, pero nos gustaría que temas mayores fueran discutidos: la propia educación, la salud, que están en estos momentos en manos municipales”, agregó el cientista político.
Asimismo, Pascual instó a reformar la actual ley de Participación Ciudadana, tramitada por ocho años y promulgada por este mismo Gobierno, pues “hoy hay una exigencia de participación ciudadana mucho más alta y llegó con muy pocas resoluciones. Hay que trabajar en una nueva ley a la altura de los tiempos que se están viviendo, donde se den muchas más garantías y se comprometa la existencia de organizaciones de la sociedad civil de manera autónoma y sustentada”.
Solo cuatro consultas ciudadanas en municipios se han realizado desde 1994 hasta la fecha, en Las Condes, Zapallar, Vitacura y Peñalolén, para dirimir proyectos que causan gran división en la población o son altamente rechazados.
Asimismo, temas como la educación, salud y reconstrucción han sido sometidas a consultas públicas nacionales por diversas organizaciones sociales, como una respuesta a la falta de representación política de la ciudadanía en estos temas.