Otras demandas se levantaron también junto a la lucha por una educación justa y de calidad. La Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Provincia de Arauco realizó hoy una serie de marchas, para marcar presencia y reiterar el llamado que hace meses vienen realizando los ciudadanos de la región del Biobío.
“No queremos solamente solidarizar con el llamado de los estudiantes, sino que reivindicar y poner de nuevo sobre el tapete las demandas de distintos sectores. Lo concreto es que el Gobierno no ha tenido oídos para las instancias de diálogo que se han solicitado. Se han mandado cartas, se han hecho reuniones. El ministro Hinzpeter estuvo en las regiones respondiendo a los dirigentes, pero después de eso no ha habido ningún avance”, comentó la presidenta de los Profesionales Universitarios de la Salud de Cañete y Contulmo, Sheyla Mora
Las demandas de los ciudadanos de Arauco buscan “superar un estado de pobreza y abandono”, según afirmó la vocera, quien añadió que el mismo ministro Hinzpeter estableció una serie de fechas para la llegada de los distintos secretarios de Estado, que tendrían la potestad de resolver cada uno de los problemas sectoriales. “Esos plazos no se han cumplido y la provincia no puede seguir esperando”, sostuvo.
Por otro lado, en Puerto Montt se movilizaron de los pescadores artesanales para profundizar la alianza entre estudiantes y sociedad civil en la “Coalición Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización Pesquera”, que surgió en el marco del debate de la Ley de Pesca o “Ley Longueira” que el lunes se retomó en el Senado.
Esta legislación ha despertado una fuerte oposición ciudadana, ya que
“estos recursos generan anualmente exportaciones por más de tres mil millones de dólares y con el proyecto Longueira se estaría tratando de entregar la propiedad a las siete familias que controlan los cuatro grandes conglomerados pesqueros, que tienen el 92 por ciento de la actividad pesquera en nuestro país para disponer a su arbitrio y excluir a los pequeños y medianos productores, así como a los pescadores artesanales y a los pueblos originarios” precisó el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas.
Una situación que se condice con los motores en el desarrollo de las demandas sociales en regiones que se relacionan con la propiedad y distribución de los recursos naturales. Primero fueron Aysén y Magallanes, y luego los movimientos en el norte para que los recursos del cobre se queden en las comunas mineras, permitiendo su desarrollo.
En esa línea, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, afirmó que el proceso de denuncia no se ha detenido y criticó el manejo del gobierno de los distintos conflictos sociales.
“Las movilizaciones no se han detenido y, por el contrario, hemos tenido un aumento porque recibimos la negativa de las autoridades ante la solicitud que han hecho las comunas, especialmente de las zonas mineras, respecto al Fondenor. Nosotros queríamos establecer que todos esos recursos también fueran a salud y la educación. La movilización de los estudiantes es un reflejo de que las cosas no se han hecho bien, que no se ha escuchado, no se ha sentado a resolver la situación. Nosotros hemos manifestado que con la plata de la minería podríamos tener todo gratis y mucho más”, aseguró el edil.
Para el alcalde es necesario que las autoridades escuchen a la ciudadanía para evitar que se sigan creando focos de descontento. “Lo que se necesita es adelantarse y mirar en macro, mirar el país”, señaló y apuntó también a la urgencia de modificar el sistema político para dar paso a actores sociales que, con una nueva mirada, se hagan cargo de viejos problemas que Chile viene arrastrando.
Otras demandas se levantaron también junto a la lucha por una educación justa y de calidad. La Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Provincia de Arauco realizó hoy una serie de marchas, para marcar presencia y reiterar el llamado que hace meses vienen realizando los ciudadanos de la región del Biobío.
“No queremos solamente solidarizar con el llamado de los estudiantes, sino que reivindicar y poner de nuevo sobre el tapete las demandas de distintos sectores. Lo concreto es que el Gobierno no ha tenido oídos para las instancias de diálogo que se han solicitado. Se han mandado cartas, se han hecho reuniones. El ministro Hinzpeter estuvo en las regiones respondiendo a los dirigentes, pero después de eso no ha habido ningún avance”, comentó la presidenta de los Profesionales Universitarios de la Salud de Cañete y Contulmo, Sheyla Mora
Las demandas de los ciudadanos de Arauco buscan “superar un estado de pobreza y abandono”, según afirmó la vocera, quien añadió que el mismo ministro Hinzpeter estableció una serie de fechas para la llegada de los distintos secretarios de Estado, que tendrían la potestad de resolver cada uno de los problemas sectoriales. “Esos plazos no se han cumplido y la provincia no puede seguir esperando”, sostuvo.
Por otro lado, en Puerto Montt se movilizaron de los pescadores artesanales para profundizar la alianza entre estudiantes y sociedad civil en la “Coalición Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización Pesquera”, que surgió en el marco del debate de la Ley de Pesca o “Ley Longueira” que el lunes se retomó en el Senado.
Esta legislación ha despertado una fuerte oposición ciudadana, ya que
“estos recursos generan anualmente exportaciones por más de tres mil millones de dólares y con el proyecto Longueira se estaría tratando de entregar la propiedad a las siete familias que controlan los cuatro grandes conglomerados pesqueros, que tienen el 92 por ciento de la actividad pesquera en nuestro país para disponer a su arbitrio y excluir a los pequeños y medianos productores, así como a los pescadores artesanales y a los pueblos originarios” precisó el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas.
Una situación que se condice con los motores en el desarrollo de las demandas sociales en regiones que se relacionan con la propiedad y distribución de los recursos naturales. Primero fueron Aysén y Magallanes, y luego los movimientos en el norte para que los recursos del cobre se queden en las comunas mineras, permitiendo su desarrollo.
En esa línea, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, afirmó que el proceso de denuncia no se ha detenido y criticó el manejo del gobierno de los distintos conflictos sociales.
“Las movilizaciones no se han detenido y, por el contrario, hemos tenido un aumento porque recibimos la negativa de las autoridades ante la solicitud que han hecho las comunas, especialmente de las zonas mineras, respecto al Fondenor. Nosotros queríamos establecer que todos esos recursos también fueran a salud y la educación. La movilización de los estudiantes es un reflejo de que las cosas no se han hecho bien, que no se ha escuchado, no se ha sentado a resolver la situación. Nosotros hemos manifestado que con la plata de la minería podríamos tener todo gratis y mucho más”, aseguró el edil.
Para el alcalde es necesario que las autoridades escuchen a la ciudadanía para evitar que se sigan creando focos de descontento. “Lo que se necesita es adelantarse y mirar en macro, mirar el país”, señaló y apuntó también a la urgencia de modificar el sistema político para dar paso a actores sociales que, con una nueva mirada, se hagan cargo de viejos problemas que Chile viene arrastrando.
Otras demandas se levantaron también junto a la lucha por una educación justa y de calidad. La Coordinadora de Organizaciones Sociales por la Provincia de Arauco realizó hoy una serie de marchas, para marcar presencia y reiterar el llamado que hace meses vienen realizando los ciudadanos de la región del Biobío.
“No queremos solamente solidarizar con el llamado de los estudiantes, sino que reivindicar y poner de nuevo sobre el tapete las demandas de distintos sectores. Lo concreto es que el Gobierno no ha tenido oídos para las instancias de diálogo que se han solicitado. Se han mandado cartas, se han hecho reuniones. El ministro Hinzpeter estuvo en las regiones respondiendo a los dirigentes, pero después de eso no ha habido ningún avance”, comentó la presidenta de los Profesionales Universitarios de la Salud de Cañete y Contulmo, Sheyla Mora
Las demandas de los ciudadanos de Arauco buscan “superar un estado de pobreza y abandono”, según afirmó la vocera, quien añadió que el mismo ministro Hinzpeter estableció una serie de fechas para la llegada de los distintos secretarios de Estado, que tendrían la potestad de resolver cada uno de los problemas sectoriales. “Esos plazos no se han cumplido y la provincia no puede seguir esperando”, sostuvo.
Por otro lado, en Puerto Montt se movilizaron de los pescadores artesanales para profundizar la alianza entre estudiantes y sociedad civil en la “Coalición Ciudadana por la Defensa del Mar y Contra la Privatización Pesquera”, que surgió en el marco del debate de la Ley de Pesca o “Ley Longueira” que el lunes se retomó en el Senado.
Esta legislación ha despertado una fuerte oposición ciudadana, ya que
“estos recursos generan anualmente exportaciones por más de tres mil millones de dólares y con el proyecto Longueira se estaría tratando de entregar la propiedad a las siete familias que controlan los cuatro grandes conglomerados pesqueros, que tienen el 92 por ciento de la actividad pesquera en nuestro país para disponer a su arbitrio y excluir a los pequeños y medianos productores, así como a los pescadores artesanales y a los pueblos originarios” precisó el director de Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas.
Una situación que se condice con los motores en el desarrollo de las demandas sociales en regiones que se relacionan con la propiedad y distribución de los recursos naturales. Primero fueron Aysén y Magallanes, y luego los movimientos en el norte para que los recursos del cobre se queden en las comunas mineras, permitiendo su desarrollo.
En esa línea, el alcalde de Vallenar, Cristián Tapia, afirmó que el proceso de denuncia no se ha detenido y criticó el manejo del gobierno de los distintos conflictos sociales.
“Las movilizaciones no se han detenido y, por el contrario, hemos tenido un aumento porque recibimos la negativa de las autoridades ante la solicitud que han hecho las comunas, especialmente de las zonas mineras, respecto al Fondenor. Nosotros queríamos establecer que todos esos recursos también fueran a salud y la educación. La movilización de los estudiantes es un reflejo de que las cosas no se han hecho bien, que no se ha escuchado, no se ha sentado a resolver la situación. Nosotros hemos manifestado que con la plata de la minería podríamos tener todo gratis y mucho más”, aseguró el edil.
Para el alcalde es necesario que las autoridades escuchen a la ciudadanía para evitar que se sigan creando focos de descontento. “Lo que se necesita es adelantarse y mirar en macro, mirar el país”, señaló y apuntó también a la urgencia de modificar el sistema político para dar paso a actores sociales que, con una nueva mirada, se hagan cargo de viejos problemas que Chile viene arrastrando.
