Toma de la Unicef cumple medio mes sin obtener respuestas por violencia a niños mapuches

La Alianza Territorial Mapuche cumple medio mes de toma en la Unicef, con motivo de reivindicar los derechos fundamentales de la etnia y sus niños. El acto de protesta se extiende sin fecha de término, hasta que los organismos internacionales se pronuncien sobre la represión que se ha generado en las distintas comunidades de La Araucanía por parte de las autoridades y la policía.

La Alianza Territorial Mapuche cumple medio mes de toma en la Unicef, con motivo de reivindicar los derechos fundamentales de la etnia y sus niños. El acto de protesta se extiende sin fecha de término, hasta que los organismos internacionales se pronuncien sobre la represión que se ha generado en las distintas comunidades de La Araucanía por parte de las autoridades y la policía.

La Alianza Territorial Mapuche continúa con la ocupación de la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Santiago, la que suma quince días de manifestación y que espera por el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Fani Huencho, hermana de una de las manifestantes que ocupa el edifico, señaló que durante este tiempo “los medios de comunicación conservadores ha ocultado y modificado la información”, aclarando que su hermana Meulén y su sobrina se encuentran bien.

Además, se refirió a la tesis del “desalojo” que se ha instalado por algunos medios, asegurando que “Tom Olsen, el encargado máximo de Unicef, nos dio la seguridad que no va a haber un desalojo, no es como dice la prensa”.

“Afuera se están sabiendo los atropellos de los niños y eso no le gusta al señor Hinzpeter o al señor Piñera, que quieren dejar una imagen de que no hay violencia y esto es el escenario de nosotros para decir lo que está pasando acá en Chile con los mapuches”, agregó Huencho.

Pese a que Meulén y su hija se encuentran desde el 26 de julio al interior de la sede del organismo internacional, sin recibir respuesta alguna por parte de la institucionalidad, el ánimo y la solidaridad no ha disminuido, muy por el contrario, “ha ido de menos a más”, como manifestó Fani Huencho, perteneciente a la Alianza Territorial Mapuche.

Para Dafne Concha, dirigente de la Corporación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), señaló  que “si todas las instituciones hicieran lo que les corresponde y lo que está escrito en el papel, nada de esto pasaría”.

Por lo mismo, la dirigenta destacó  que “solamente la movilización nos va llevar a que surjan los cambios verdaderos y cuando vemos un Gobierno que, más encima, nos quiere criminalizar como movimiento social con mayor razón pensamos que hay que avanzar con más fuerza, porque la única manera que nosotros tenemos de mostrar que tenemos la razón es la masividad, demostrando que hay muchos, miles y millones que están convencidos de lo mismo”, aseguró.

En esa línea, Concha valoró la próxima reunión que la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) efectuará el 11 de agosto en la comunidad Wente Winkul Mapu, en la comuna de Ercilla.

Por su parte, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, señaló que en marzo del 2012 la organización envió una carta al presidente Piñera por este tema, la que no tuvo respuesta del mandatario.

No obstante, Piquer recalcó que  el Estado de Chile debe pronunciarse obligatoriamente respecto del conflicto, en donde el poder legislativo tiene un rol clave en la presión a ejercer sobre el cumplimiento de los tratados internacionales: “Los tratados son una obligación a nivel interno de acuerdo a la Constitución, acá hay una transgresión de las obligaciones del Estado de Chile frente a la comunidad internacional desde el momento en que no se están implementado los derechos que están establecidos en esos mismos tratados”, dijo.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional señaló que la organización “está trabajando en un análisis detallado” acerca de las medidas plateadas por el Gobierno en el marco de la cumbre de Seguridad y Cumbre Social, donde “la dimensión de los Derechos Humanos e indígenas, están y han estado ausentes”.
Piquer recalcó, además, que el estudio conformará un seguimiento a las medidas aplicadas sobre los pueblos originarios y respecto de la presión que se debe ejercer en el cumplimiento de los tratados internacionales voluntariamente suscritos y que, actualmente, estarían siendo violados por el Estado chileno.





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