Las sanciones corresponden a multas de hasta 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el veto a participar de compras y licitaciones públicas para proveer al Estado, durante un plazo de dos años.
María Cecilia Sánchez, directora del Trabajo, recalcó que si bien el organismo emite el listado de los infractores, “no posee facultades para fiscalizar que efectivamente las empresas salgan del portal de licitación pública”.
“Son 36 empresas con prácticas antisindicales que fueron condenadas por tribunales, los sindicatos tienen autonomía y no pueden despedir a los trabajadores aforados. Luego que publicamos esto en el diario, tenemos un convenio y la obligación con Chilecompra y mandamos la sentencia. Chilecompra tiene que cumplir su rol de que no puede aceptar licitaciones del Estado durante los dos años”, explicó.
El listado incorpora sociedades anónimas que han presentado reincidencia en el delito, entre las que se encuentran Starbucks Chile, Hipermercados Líder, Subus y Redbus.
Respecto de esta última, Patricio Ponce, presidente del sindicato de trabajadores de RedBus, rechazó las medidas adoptadas por la Dirección del Trabajo, recalcando que “representa un peligro de despido para los propios trabajadores”.
“Todas las denuncias, reclamos y fiscalización que se aplican a las empresas, éstas las pagan y se van a otro fondo, el cual ni siquiera rebota para beneficio de los trabajadores. Con esto de castigar a las empresas, por el lado del capitalismo y de la empresa ellos pueden cerrar, irse y los que quedan botados son los trabajadores. Ahí habría que hacer un trabajo colectivo en mesas de trabajo donde si les pides con justa razón lo que estás solicitando decentemente, creo que puedes tener una buena respuesta. En esa parte nosotros no vamos a estar conformes con la Dirección del Trabajo”, indicó.
En tanto, el director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Héctor Humeres, manifestó la posibilidad de modificar las sanciones aplicadas por el organismo, a fin de no generar efectos contraproducentes en el ambiente y estabilidad laboral de los trabajadores: “La sanción de la que estamos hablando, que aparece en la ley, es que la empresa queda impedida por dos años de negociar con el Estado de Chile. Lo que hace la sanción es tratar de evitar prácticas antisindicales. Ahora, la sanción es tan fuerte, que indudablemente va a traducirse en despido de trabajadores, quizás es un poco extrema. Eventualmente podría establecerse que se podría revisar la medida, pasado un cierto tiempo y si en un plazo breve la empresa ha adoptado las medidas para superar las prácticas antisindicales. Lo que estamos buscando es evitar la repetición de prácticas antisindicales y no castigar a los trabajadores que pierdan su empleo el día de mañana”, subrayó.
Según la Dirección del Trabajo, esta medida resultaría doblemente perjudicial para las medianas y pequeñas empresas sancionadas, ya que al no poder licitar con el Estado, perderían su única o mayor fuente de recursos.
Las sanciones corresponden a multas de hasta 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el veto a participar de compras y licitaciones públicas para proveer al Estado, durante un plazo de dos años.
María Cecilia Sánchez, directora del Trabajo, recalcó que si bien el organismo emite el listado de los infractores, “no posee facultades para fiscalizar que efectivamente las empresas salgan del portal de licitación pública”.
“Son 36 empresas con prácticas antisindicales que fueron condenadas por tribunales, los sindicatos tienen autonomía y no pueden despedir a los trabajadores aforados. Luego que publicamos esto en el diario, tenemos un convenio y la obligación con Chilecompra y mandamos la sentencia. Chilecompra tiene que cumplir su rol de que no puede aceptar licitaciones del Estado durante los dos años”, explicó.
El listado incorpora sociedades anónimas que han presentado reincidencia en el delito, entre las que se encuentran Starbucks Chile, Hipermercados Líder, Subus y Redbus.
Respecto de esta última, Patricio Ponce, presidente del sindicato de trabajadores de RedBus, rechazó las medidas adoptadas por la Dirección del Trabajo, recalcando que “representa un peligro de despido para los propios trabajadores”.
“Todas las denuncias, reclamos y fiscalización que se aplican a las empresas, éstas las pagan y se van a otro fondo, el cual ni siquiera rebota para beneficio de los trabajadores. Con esto de castigar a las empresas, por el lado del capitalismo y de la empresa ellos pueden cerrar, irse y los que quedan botados son los trabajadores. Ahí habría que hacer un trabajo colectivo en mesas de trabajo donde si les pides con justa razón lo que estás solicitando decentemente, creo que puedes tener una buena respuesta. En esa parte nosotros no vamos a estar conformes con la Dirección del Trabajo”, indicó.
En tanto, el director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Héctor Humeres, manifestó la posibilidad de modificar las sanciones aplicadas por el organismo, a fin de no generar efectos contraproducentes en el ambiente y estabilidad laboral de los trabajadores: “La sanción de la que estamos hablando, que aparece en la ley, es que la empresa queda impedida por dos años de negociar con el Estado de Chile. Lo que hace la sanción es tratar de evitar prácticas antisindicales. Ahora, la sanción es tan fuerte, que indudablemente va a traducirse en despido de trabajadores, quizás es un poco extrema. Eventualmente podría establecerse que se podría revisar la medida, pasado un cierto tiempo y si en un plazo breve la empresa ha adoptado las medidas para superar las prácticas antisindicales. Lo que estamos buscando es evitar la repetición de prácticas antisindicales y no castigar a los trabajadores que pierdan su empleo el día de mañana”, subrayó.
Según la Dirección del Trabajo, esta medida resultaría doblemente perjudicial para las medianas y pequeñas empresas sancionadas, ya que al no poder licitar con el Estado, perderían su única o mayor fuente de recursos.
Las sanciones corresponden a multas de hasta 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y el veto a participar de compras y licitaciones públicas para proveer al Estado, durante un plazo de dos años.
María Cecilia Sánchez, directora del Trabajo, recalcó que si bien el organismo emite el listado de los infractores, “no posee facultades para fiscalizar que efectivamente las empresas salgan del portal de licitación pública”.
“Son 36 empresas con prácticas antisindicales que fueron condenadas por tribunales, los sindicatos tienen autonomía y no pueden despedir a los trabajadores aforados. Luego que publicamos esto en el diario, tenemos un convenio y la obligación con Chilecompra y mandamos la sentencia. Chilecompra tiene que cumplir su rol de que no puede aceptar licitaciones del Estado durante los dos años”, explicó.
El listado incorpora sociedades anónimas que han presentado reincidencia en el delito, entre las que se encuentran Starbucks Chile, Hipermercados Líder, Subus y Redbus.
Respecto de esta última, Patricio Ponce, presidente del sindicato de trabajadores de RedBus, rechazó las medidas adoptadas por la Dirección del Trabajo, recalcando que “representa un peligro de despido para los propios trabajadores”.
“Todas las denuncias, reclamos y fiscalización que se aplican a las empresas, éstas las pagan y se van a otro fondo, el cual ni siquiera rebota para beneficio de los trabajadores. Con esto de castigar a las empresas, por el lado del capitalismo y de la empresa ellos pueden cerrar, irse y los que quedan botados son los trabajadores. Ahí habría que hacer un trabajo colectivo en mesas de trabajo donde si les pides con justa razón lo que estás solicitando decentemente, creo que puedes tener una buena respuesta. En esa parte nosotros no vamos a estar conformes con la Dirección del Trabajo”, indicó.
En tanto, el director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, Héctor Humeres, manifestó la posibilidad de modificar las sanciones aplicadas por el organismo, a fin de no generar efectos contraproducentes en el ambiente y estabilidad laboral de los trabajadores: “La sanción de la que estamos hablando, que aparece en la ley, es que la empresa queda impedida por dos años de negociar con el Estado de Chile. Lo que hace la sanción es tratar de evitar prácticas antisindicales. Ahora, la sanción es tan fuerte, que indudablemente va a traducirse en despido de trabajadores, quizás es un poco extrema. Eventualmente podría establecerse que se podría revisar la medida, pasado un cierto tiempo y si en un plazo breve la empresa ha adoptado las medidas para superar las prácticas antisindicales. Lo que estamos buscando es evitar la repetición de prácticas antisindicales y no castigar a los trabajadores que pierdan su empleo el día de mañana”, subrayó.
Según la Dirección del Trabajo, esta medida resultaría doblemente perjudicial para las medianas y pequeñas empresas sancionadas, ya que al no poder licitar con el Estado, perderían su única o mayor fuente de recursos.
