En diciembre de 2011, la Mesa Ciudadanía y Televisión Digital solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que entregara información respecto de la actualización del Plan de Radiodifusión Televisiva licitado en 2010.
Ante la sistemática negativa, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por la organización social para el viernes 17 de agosto, fecha donde se exigirá al Consejo para la Transparencia referirse sobre la información solicitada.
José Labraña, abogado representante de Mesa Ciudadanía, manifestó que “llama la atención” y “se desconoce por qué el sigilo y reserva de información sobre las actualizaciones del proyecto” que busca ampliar y subastar el espectro radiofónico y televisivo.
El alegato a realizar busca develar la información solicitada, en tanto resulta contradictorio que no sea pública y esté a disposición de los ciudadanos, mientras el espectro radiofónico sí lo es.
“La crítica central es el secreto con que se ha manejado todo el tema relativo a la tramitación del proyecto de televisión digital. Lo esencial para la discusión democrática de la iniciativa es conocer cuánto del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio común de la humanidad y un bien nacional de uso público, va a ser destinado a la televisión y se le va a dar cabida a los medios locales, regionales y comunitarios, que son los medios que van a entregar pluralismo y diversidad cultural al ámbito de la televisión en chile”, añadió Labraña.
Perla Wilson, representante de la coordinadora Mesa Ciudadanía y Televisión Digital señaló que el estatuto vigente en la actualidad, en materia de transmisiones televisivas comunitarias es de “alegalidad”, debido a la inexistencia de un marco regulatorio.
“Tenemos que saber que va a haber una reserva de espectro dedicada a la televisión comunitaria, porque a pesar de que hoy puede que no existan las condiciones optimas, desde el punto de vista de la producción, para levantar canales, sí en un plazo hay que tener la posibilidad de que la sociedad civil levante sus propias estaciones televisivas y pueda provocar una amplitud, una pluralidad, una diversidad en las transmisiones de televisión”, sostuvo Wilson.
Perla Wilson, también miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), indicó que se debe respetar y reconocer el rol articulador, movilizador e identitario que tienen los territorios, y que expresan a través de los medios comunitarios.
“El motivo es generar mayor integración y riqueza cultural, retribuyendo también todos los años de desplazamiento de la sociedad civil”, recalcó Wilson.
“Tiene que ver con un territorio específico, a pesar de que en esos territorios también se requieren canales exclusivamente de estos sectores, que han sido desplazados en sus accesos a la frecuencia de televisión, estoy hablando de los pueblos originarios, de las mujeres, de las comunidades apartadas, los colectivos de jóvenes, de todo lo que constituye la sociedad civil”, agregó la dirigente.
Hasta la fecha, los argumentos de la Subtel consisten en privar de esta información a las personas, señalando que “constituye una materia estratégica y su publicidad podría entorpecer el adecuado término del plan de radiodifusión televisivo”.
En diciembre de 2011, la Mesa Ciudadanía y Televisión Digital solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que entregara información respecto de la actualización del Plan de Radiodifusión Televisiva licitado en 2010.
Ante la sistemática negativa, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por la organización social para el viernes 17 de agosto, fecha donde se exigirá al Consejo para la Transparencia referirse sobre la información solicitada.
José Labraña, abogado representante de Mesa Ciudadanía, manifestó que “llama la atención” y “se desconoce por qué el sigilo y reserva de información sobre las actualizaciones del proyecto” que busca ampliar y subastar el espectro radiofónico y televisivo.
El alegato a realizar busca develar la información solicitada, en tanto resulta contradictorio que no sea pública y esté a disposición de los ciudadanos, mientras el espectro radiofónico sí lo es.
“La crítica central es el secreto con que se ha manejado todo el tema relativo a la tramitación del proyecto de televisión digital. Lo esencial para la discusión democrática de la iniciativa es conocer cuánto del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio común de la humanidad y un bien nacional de uso público, va a ser destinado a la televisión y se le va a dar cabida a los medios locales, regionales y comunitarios, que son los medios que van a entregar pluralismo y diversidad cultural al ámbito de la televisión en chile”, añadió Labraña.
Perla Wilson, representante de la coordinadora Mesa Ciudadanía y Televisión Digital señaló que el estatuto vigente en la actualidad, en materia de transmisiones televisivas comunitarias es de “alegalidad”, debido a la inexistencia de un marco regulatorio.
“Tenemos que saber que va a haber una reserva de espectro dedicada a la televisión comunitaria, porque a pesar de que hoy puede que no existan las condiciones optimas, desde el punto de vista de la producción, para levantar canales, sí en un plazo hay que tener la posibilidad de que la sociedad civil levante sus propias estaciones televisivas y pueda provocar una amplitud, una pluralidad, una diversidad en las transmisiones de televisión”, sostuvo Wilson.
Perla Wilson, también miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), indicó que se debe respetar y reconocer el rol articulador, movilizador e identitario que tienen los territorios, y que expresan a través de los medios comunitarios.
“El motivo es generar mayor integración y riqueza cultural, retribuyendo también todos los años de desplazamiento de la sociedad civil”, recalcó Wilson.
“Tiene que ver con un territorio específico, a pesar de que en esos territorios también se requieren canales exclusivamente de estos sectores, que han sido desplazados en sus accesos a la frecuencia de televisión, estoy hablando de los pueblos originarios, de las mujeres, de las comunidades apartadas, los colectivos de jóvenes, de todo lo que constituye la sociedad civil”, agregó la dirigente.
Hasta la fecha, los argumentos de la Subtel consisten en privar de esta información a las personas, señalando que “constituye una materia estratégica y su publicidad podría entorpecer el adecuado término del plan de radiodifusión televisivo”.
En diciembre de 2011, la Mesa Ciudadanía y Televisión Digital solicitó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que entregara información respecto de la actualización del Plan de Radiodifusión Televisiva licitado en 2010.
Ante la sistemática negativa, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso presentado por la organización social para el viernes 17 de agosto, fecha donde se exigirá al Consejo para la Transparencia referirse sobre la información solicitada.
José Labraña, abogado representante de Mesa Ciudadanía, manifestó que “llama la atención” y “se desconoce por qué el sigilo y reserva de información sobre las actualizaciones del proyecto” que busca ampliar y subastar el espectro radiofónico y televisivo.
El alegato a realizar busca develar la información solicitada, en tanto resulta contradictorio que no sea pública y esté a disposición de los ciudadanos, mientras el espectro radiofónico sí lo es.
“La crítica central es el secreto con que se ha manejado todo el tema relativo a la tramitación del proyecto de televisión digital. Lo esencial para la discusión democrática de la iniciativa es conocer cuánto del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio común de la humanidad y un bien nacional de uso público, va a ser destinado a la televisión y se le va a dar cabida a los medios locales, regionales y comunitarios, que son los medios que van a entregar pluralismo y diversidad cultural al ámbito de la televisión en chile”, añadió Labraña.
Perla Wilson, representante de la coordinadora Mesa Ciudadanía y Televisión Digital señaló que el estatuto vigente en la actualidad, en materia de transmisiones televisivas comunitarias es de “alegalidad”, debido a la inexistencia de un marco regulatorio.
“Tenemos que saber que va a haber una reserva de espectro dedicada a la televisión comunitaria, porque a pesar de que hoy puede que no existan las condiciones optimas, desde el punto de vista de la producción, para levantar canales, sí en un plazo hay que tener la posibilidad de que la sociedad civil levante sus propias estaciones televisivas y pueda provocar una amplitud, una pluralidad, una diversidad en las transmisiones de televisión”, sostuvo Wilson.
Perla Wilson, también miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), indicó que se debe respetar y reconocer el rol articulador, movilizador e identitario que tienen los territorios, y que expresan a través de los medios comunitarios.
“El motivo es generar mayor integración y riqueza cultural, retribuyendo también todos los años de desplazamiento de la sociedad civil”, recalcó Wilson.
“Tiene que ver con un territorio específico, a pesar de que en esos territorios también se requieren canales exclusivamente de estos sectores, que han sido desplazados en sus accesos a la frecuencia de televisión, estoy hablando de los pueblos originarios, de las mujeres, de las comunidades apartadas, los colectivos de jóvenes, de todo lo que constituye la sociedad civil”, agregó la dirigente.
Hasta la fecha, los argumentos de la Subtel consisten en privar de esta información a las personas, señalando que “constituye una materia estratégica y su publicidad podría entorpecer el adecuado término del plan de radiodifusión televisivo”.
