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Año XIV, 15 de agosto de 2022

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Polémica despierta revisión del Plan Regulador de Valparaíso por Contraloría

La Contraloría General de la República aseguró que en dos semanas entregará información técnica y concluyente sobre el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Premval). El proyecto de modificación urbano persigue el visto bueno del Contralor, luego de quince años de discusión y con críticas desde la sociedad civil.

Mariano Rivera

  Lunes 13 de agosto 2012 20:38 hrs. 
valparaiso

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El Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (Pemval), aprobado en abril por el Consejo Regional (CORE), espera la revisión técnica y su posterior aprobación administrativa, por parte de la Contraloría General de la República.

El Contralor General, Ramiro Mendoza, señaló que “cada instrumento de planificación territorial tiene un grado de complejidad distinto, sobre todo cuando las ciudades tienen borde costero”, por lo que está siendo estudiado y trabajado con un equipo de expertos, abogados y arquitectos.

En este sentido, el Contralor señaló que “el Premval debería estar dentro de las próximas dos semanas con una decisión definitiva. Efectivamente hay varias presentaciones que están en la Contraloría y están vinculadas esencialmente a la disponibilidad del terreno del muelle Barón frente a lo que es el problema del mall Plaza Barón. La gente del mall está haciendo presentaciones, algunas inmobiliarias también están con presentaciones”.

Si bien, Mendoza reconoció que con el Premval se ha generado una inquietud especial, dado el largo tiempo que tomó su preparación, aseguró que por la importancia que tienen los planes regulatorios, “se deben tomar en cuenta factores sociales”.

En esa línea, la autoridad del organismo fiscalizador señaló que “detrás de todos estos instrumentos hay una tremenda dificultad de riqueza que está comprometida y bienestar social. Nosotros tenemos el deber de que frente a esa riqueza y bienestar social del modo en que la Constitución nos impone, con independencia de los rasmillones que a veces nosotros tenemos que hacer”.

No obstante, el consejero regional y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Manuel Millones, criticó a la forma en que se tramitan, estudian y aprueban los proyectos regionales, señalando que en materia de experticia, “deberían ser las autoridades regionales quienes establezcan las medidas”.

Millones recalcó que “lo peor que puede ocurrir, es que no se apruebe el Premval, ya que pone un freno al desarrollo económico en la región”.

En este sentido, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial dijo que “aquí se da una suerte de centralismo de la Contraloría General de Santiago, que revisa este tipo de instrumentos. No es lo mismo, que los funcionarios de la región que conocen el territorio, y se puede estar cerca de ellos para preguntarles o hacer correcciones, que un órgano como la Contraloría desde el nivel central, que revise formule o repare este tipo de instrumentos”.

Manuel Millones agregó que “todas las consultas que se hacen a la Contraloría Regional son derivadas a Santiago. El criterio con que se revisa estos instrumentos, no me queda tan claro. Yo espero que no sea frenado con una mirada centralista. Me parece importante que en ese sentido la Contraloría entregue la tranquilidad, que se va a velar por el bien común y no por bienes particulares”.

Una disputa que contrasta la visión que tiene el CORE y las organizaciones sociales, quienes manifestaron que “con la aprobación del nuevo plan regulador, se pondría en riesgo sectores de alto valor ecológico y medio ambiental”, presentes en los sectores de Ritoque, Mantagua, Puchuncaví-Ventanas, Concón y Viña del Mar.

En esa línea, la Asamblea Popular Quipueína, principal organización opositora, reconoció la importancia que tiene el Premval en el desarrollo de la región, no obstante exigieron que se rehaga el plan con la participación de las comunidades, se realicen los estudios ambientales correspondientes, y que las autoridades regionales cumplan con los convenios y tratados firmados por Chile, relativos al derecho de la población a participar en el ordenamiento de su territorio y a vivir en un medioambiente limpio, como señala el artículo 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992.

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