Los beneficiados, llamados comúnmente Dreamers por el proyecto de ley Dream Act, que fue rechazado por el Congreso, verán su deportación diferida por dos años, renovable, y podrán recibir un permiso de trabajo temporal.
Todos los solicitantes deben haber entrado a Estados Unidos con menos de 16 años y tener menos de 30 el pasado 15 de junio, carecer de antecedentes penales, residir en EE UU desde hace cinco años de manera continuada, ser estudiante o haberse graduado recientemente de la universidad, o pertenecer al Ejército.
La directiva, si bien no es una amnistía y tiene carácter temporal, es el mayor cambio en la política migratoria estadounidense en décadas y podría beneficiar a hasta 1,7 millones de jóvenes en el país.
La medida firmada por el presidente Barack Obama hace dos meses fue reconocida como uno de los esfuerzos más positivos para los inmigrantes y, desde entonces, decenas de organizaciones celebran sesiones informativas con abogados para asesorar a los futuros solicitantes.
Así, desde el miércoles los llamados “dreamers” llenaron centros comunitarios, iglesias y recintos de varias ciudades del país para informarse, hablar con abogados y rellenar largas solicitudes que esperan les abra las puertas hacia un futuro mejor.
La emoción entre los jóvenes estudiantes era palpable. Muchos de ellos hablan poco español y crecieron en Estados Unidos sin saber que eran indocumentados, y recuerdan claramente el día en el que se enteraron de que no tenían los mismos derechos que sus amigos estadounidenses.
Mario, un estudiante universitario en matemáticas, recuerda el día en el que le pidió a su madre su número de seguridad social. A Mario le cuesta aún creer la respuesta negativa de su madre. “¿Quiere decir que soy un clandestino?”, le preguntó.
Como Mario, miles de jóvenes descubrieron un día que no podían trabajar legalmente, salir del país ni tener un permiso de conducir.
Janet Martínez, una mexicana que creció en Arizona tras llegar a Estados Unidos con sus padres a los tres años, recuerda que cuando tenía doce años su profesor de inglés estaba organizando un viaje a Europa, pero que ella, sin entender los motivos, no podía ir. Luego, cuenta, escuchó una conversación de su madre quien decía que como no tenía papeles no podía salir del país.
Sin embargo, el gobierno ha advertido que el trámite, que tiene un costo de 465 dólares, puede demorar algunos meses. Asimismo, ha dejado claro que este proceso no otorga un estatuto legal ni es un primer paso hacia una residencia permanente o hacia la ciudadanía.
Obama anunció la directiva luego de que los proyectos de reforma migratoria no avanzaran en el Congreso, causando revuelo en la oposición republicana, que acusó al mandatario de brindar una “amnistía” a indocumentados.
Los republicanos acusan a Obama de tener motivaciones políticas, cuando tanto el mandatario como su rival Mitt Romney intentan seducir al cada vez más importante voto hispano para las elecciones presidenciales de noviembre.
En Estados Unidos viven unos 11,5 millones de indocumentados, la mayoría de ellos latinoamericanos.
Los beneficiados, llamados comúnmente Dreamers por el proyecto de ley Dream Act, que fue rechazado por el Congreso, verán su deportación diferida por dos años, renovable, y podrán recibir un permiso de trabajo temporal.
Todos los solicitantes deben haber entrado a Estados Unidos con menos de 16 años y tener menos de 30 el pasado 15 de junio, carecer de antecedentes penales, residir en EE UU desde hace cinco años de manera continuada, ser estudiante o haberse graduado recientemente de la universidad, o pertenecer al Ejército.
La directiva, si bien no es una amnistía y tiene carácter temporal, es el mayor cambio en la política migratoria estadounidense en décadas y podría beneficiar a hasta 1,7 millones de jóvenes en el país.
La medida firmada por el presidente Barack Obama hace dos meses fue reconocida como uno de los esfuerzos más positivos para los inmigrantes y, desde entonces, decenas de organizaciones celebran sesiones informativas con abogados para asesorar a los futuros solicitantes.
Así, desde el miércoles los llamados “dreamers” llenaron centros comunitarios, iglesias y recintos de varias ciudades del país para informarse, hablar con abogados y rellenar largas solicitudes que esperan les abra las puertas hacia un futuro mejor.
La emoción entre los jóvenes estudiantes era palpable. Muchos de ellos hablan poco español y crecieron en Estados Unidos sin saber que eran indocumentados, y recuerdan claramente el día en el que se enteraron de que no tenían los mismos derechos que sus amigos estadounidenses.
Mario, un estudiante universitario en matemáticas, recuerda el día en el que le pidió a su madre su número de seguridad social. A Mario le cuesta aún creer la respuesta negativa de su madre. “¿Quiere decir que soy un clandestino?”, le preguntó.
Como Mario, miles de jóvenes descubrieron un día que no podían trabajar legalmente, salir del país ni tener un permiso de conducir.
Janet Martínez, una mexicana que creció en Arizona tras llegar a Estados Unidos con sus padres a los tres años, recuerda que cuando tenía doce años su profesor de inglés estaba organizando un viaje a Europa, pero que ella, sin entender los motivos, no podía ir. Luego, cuenta, escuchó una conversación de su madre quien decía que como no tenía papeles no podía salir del país.
Sin embargo, el gobierno ha advertido que el trámite, que tiene un costo de 465 dólares, puede demorar algunos meses. Asimismo, ha dejado claro que este proceso no otorga un estatuto legal ni es un primer paso hacia una residencia permanente o hacia la ciudadanía.
Obama anunció la directiva luego de que los proyectos de reforma migratoria no avanzaran en el Congreso, causando revuelo en la oposición republicana, que acusó al mandatario de brindar una “amnistía” a indocumentados.
Los republicanos acusan a Obama de tener motivaciones políticas, cuando tanto el mandatario como su rival Mitt Romney intentan seducir al cada vez más importante voto hispano para las elecciones presidenciales de noviembre.
En Estados Unidos viven unos 11,5 millones de indocumentados, la mayoría de ellos latinoamericanos.
Los beneficiados, llamados comúnmente Dreamers por el proyecto de ley Dream Act, que fue rechazado por el Congreso, verán su deportación diferida por dos años, renovable, y podrán recibir un permiso de trabajo temporal.
Todos los solicitantes deben haber entrado a Estados Unidos con menos de 16 años y tener menos de 30 el pasado 15 de junio, carecer de antecedentes penales, residir en EE UU desde hace cinco años de manera continuada, ser estudiante o haberse graduado recientemente de la universidad, o pertenecer al Ejército.
La directiva, si bien no es una amnistía y tiene carácter temporal, es el mayor cambio en la política migratoria estadounidense en décadas y podría beneficiar a hasta 1,7 millones de jóvenes en el país.
La medida firmada por el presidente Barack Obama hace dos meses fue reconocida como uno de los esfuerzos más positivos para los inmigrantes y, desde entonces, decenas de organizaciones celebran sesiones informativas con abogados para asesorar a los futuros solicitantes.
Así, desde el miércoles los llamados “dreamers” llenaron centros comunitarios, iglesias y recintos de varias ciudades del país para informarse, hablar con abogados y rellenar largas solicitudes que esperan les abra las puertas hacia un futuro mejor.
La emoción entre los jóvenes estudiantes era palpable. Muchos de ellos hablan poco español y crecieron en Estados Unidos sin saber que eran indocumentados, y recuerdan claramente el día en el que se enteraron de que no tenían los mismos derechos que sus amigos estadounidenses.
Mario, un estudiante universitario en matemáticas, recuerda el día en el que le pidió a su madre su número de seguridad social. A Mario le cuesta aún creer la respuesta negativa de su madre. “¿Quiere decir que soy un clandestino?”, le preguntó.
Como Mario, miles de jóvenes descubrieron un día que no podían trabajar legalmente, salir del país ni tener un permiso de conducir.
Janet Martínez, una mexicana que creció en Arizona tras llegar a Estados Unidos con sus padres a los tres años, recuerda que cuando tenía doce años su profesor de inglés estaba organizando un viaje a Europa, pero que ella, sin entender los motivos, no podía ir. Luego, cuenta, escuchó una conversación de su madre quien decía que como no tenía papeles no podía salir del país.
Sin embargo, el gobierno ha advertido que el trámite, que tiene un costo de 465 dólares, puede demorar algunos meses. Asimismo, ha dejado claro que este proceso no otorga un estatuto legal ni es un primer paso hacia una residencia permanente o hacia la ciudadanía.
Obama anunció la directiva luego de que los proyectos de reforma migratoria no avanzaran en el Congreso, causando revuelo en la oposición republicana, que acusó al mandatario de brindar una “amnistía” a indocumentados.
Los republicanos acusan a Obama de tener motivaciones políticas, cuando tanto el mandatario como su rival Mitt Romney intentan seducir al cada vez más importante voto hispano para las elecciones presidenciales de noviembre.
En Estados Unidos viven unos 11,5 millones de indocumentados, la mayoría de ellos latinoamericanos.
