A través de una declaración pública el Claustro Académico del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile manifestó su preocupación por “por los graves hechos de violencia hacia los estudiantes secundarios en el contexto del desalojo de las tomas de algunos liceos de Santiago, lo que ha derivado en un gran número de detenidos y denuncias de golpes y vejaciones”.
Ante esto, los profesores universitarios hacen un llamado a “respetar el derecho constitucional de los jóvenes a expresarse y protestar, y a velar por la integridad y el cuidado de los estudiantes” y exhortan a las autoridades de Gobierno a “escuchar lo que hoy plantean los estudiantes secundarios y demás actores del sistema educativo”.
El texto añade que las demandas son bien conocidas, ya que se arrastran desde el movimiento estudiantil de 2006, y subraya que “existe una mayoría nacional que aspira al reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental, de igual calidad para todos, gratuito y sin fines de lucro, que integre y no segregue socialmente, que contribuya a afianzar la ciudadanía y la democracia en nuestro país”, solicitando al Estado que reasuma su rol al respecto.
Los académicos del DEP manifiestan además su rechazo al proyecto de Reforma Tributaria que pretende reunir fondos para la educación, que califican de insuficiente y que profundizará la segregación escolar, y a la denominada Ley Hinzpeter por tratarse de “una severa restricción a la libertad constitucional de expresión, y un intento de traspasar a los ciudadanos y sus organizaciones las responsabilidades que debe cumplir la fuerza pública”.
Finalmente, la declaración hace un llamado a restablecer el diálogo.
A través de una declaración pública el Claustro Académico del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile manifestó su preocupación por “por los graves hechos de violencia hacia los estudiantes secundarios en el contexto del desalojo de las tomas de algunos liceos de Santiago, lo que ha derivado en un gran número de detenidos y denuncias de golpes y vejaciones”.
Ante esto, los profesores universitarios hacen un llamado a “respetar el derecho constitucional de los jóvenes a expresarse y protestar, y a velar por la integridad y el cuidado de los estudiantes” y exhortan a las autoridades de Gobierno a “escuchar lo que hoy plantean los estudiantes secundarios y demás actores del sistema educativo”.
El texto añade que las demandas son bien conocidas, ya que se arrastran desde el movimiento estudiantil de 2006, y subraya que “existe una mayoría nacional que aspira al reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental, de igual calidad para todos, gratuito y sin fines de lucro, que integre y no segregue socialmente, que contribuya a afianzar la ciudadanía y la democracia en nuestro país”, solicitando al Estado que reasuma su rol al respecto.
Los académicos del DEP manifiestan además su rechazo al proyecto de Reforma Tributaria que pretende reunir fondos para la educación, que califican de insuficiente y que profundizará la segregación escolar, y a la denominada Ley Hinzpeter por tratarse de “una severa restricción a la libertad constitucional de expresión, y un intento de traspasar a los ciudadanos y sus organizaciones las responsabilidades que debe cumplir la fuerza pública”.
Finalmente, la declaración hace un llamado a restablecer el diálogo.
A través de una declaración pública el Claustro Académico del Departamento de Estudios Pedagógicos (DEP) de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile manifestó su preocupación por “por los graves hechos de violencia hacia los estudiantes secundarios en el contexto del desalojo de las tomas de algunos liceos de Santiago, lo que ha derivado en un gran número de detenidos y denuncias de golpes y vejaciones”.
Ante esto, los profesores universitarios hacen un llamado a “respetar el derecho constitucional de los jóvenes a expresarse y protestar, y a velar por la integridad y el cuidado de los estudiantes” y exhortan a las autoridades de Gobierno a “escuchar lo que hoy plantean los estudiantes secundarios y demás actores del sistema educativo”.
El texto añade que las demandas son bien conocidas, ya que se arrastran desde el movimiento estudiantil de 2006, y subraya que “existe una mayoría nacional que aspira al reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental, de igual calidad para todos, gratuito y sin fines de lucro, que integre y no segregue socialmente, que contribuya a afianzar la ciudadanía y la democracia en nuestro país”, solicitando al Estado que reasuma su rol al respecto.
Los académicos del DEP manifiestan además su rechazo al proyecto de Reforma Tributaria que pretende reunir fondos para la educación, que califican de insuficiente y que profundizará la segregación escolar, y a la denominada Ley Hinzpeter por tratarse de “una severa restricción a la libertad constitucional de expresión, y un intento de traspasar a los ciudadanos y sus organizaciones las responsabilidades que debe cumplir la fuerza pública”.
Finalmente, la declaración hace un llamado a restablecer el diálogo.
