Una serie de parlamentarios del PPD ingresaron una reforma constitucional que crea la Defensoría de la Infancia, debido al retraso del Gobierno en presentar un proyecto de ley de este tipo, tal como lo anunció el Presidente Sebastián Piñera hace más de un mes.
Así lo señaló la diputada Adriana Muñoz, quien dijo que el proyecto pretende solucionar, “de alguna forma”, la dispersión de marcos normativos relacionados con los derechos de los niños y adolescentes.
“Existe un marco regulatorio, normativo, muy débil en relación a la infancia y es urgente crear esta figura que venga a resguardar los derechos y que sea una figura permanente y de compañía y una señal clara desde el Estado que la infancia es un tema central de las políticas públicas”, explicó la parlamentaria.
La propuesta establece un organismo autónomo, con atributos legales para representar ante todas las magistraturas públicas, con carácter vinculante, las acciones del sector público y privado que atenten contra los derechos de la infancia.
Sin embargo, la moción parlamentaria, que deberá ingresar a la comisión de Constitución de la Cámara para su estudio, fue criticada por Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename)
El dirigente manifestó que la medida es una “solución parche”, al igual que la propuesta del Gobierno de dividir el Sename: “Podemos ser muy creativos en inventar una serie de elementos que se vea en la práctica que se avanza en torno a profundizar el trabajo de los derechos de los niños y de los jóvenes, pero si no tenemos una ley que sea el marco regulador y que permita decir para dónde apuntan estas instituciones, estas iniciativas que se están presentando, no sirve de nada”, denunció.
Arancibia dirigió sus críticas hacia la Concertación y el actual Gobierno, por no avanzar en una nueva institucionalidad de la infancia y sólo responder a hechos puntuales de manera mediática “sin avanzar en prevención, protección y promoción de los niños.
“Si se quiere se quiere hablar de institucionalidad de la infancia se tiene que avanzar en ejes rectores que tienen que ser leyes claras y que, además, den responsabilidades concretas a todo el Estado en torno al trabajo con la infancia y la adolescencia, tanto en protección de derechos como los chiquillos que han tenido conflictos con la ley”, añadió el dirigente.
Por su parte, Gloria Requena, directora de la ONG Activa, dijo que, tanto el proyecto de Defensoría de la Infancia como la posible división del Sename, no resuelven las falencias del sistema de cuidado de los niños y que lo que requiere, es que “las actuales instancias funcionen”.
“No necesitaríamos una defensoría para la infancia si los organismos públicos del Estado estuvieran preocupados en defender los derechos de la infancia y hoy aplicaran lo que establece la Convención de Derechos del niño ratificada por Chile. Lo que necesitamos es que los organismos públicos apliquen su rol, más que crear instancias en paralelo o como lo que se ha hecho con el Sename, dividirlo en dos organismos que solamente va aumentar más burocracia”, aseguró la directora de Activa.
Gloria Requena enfatizó en que es necesaria voluntad política de las autoridades, “para generar los cambios y provocar las transformaciones necesarias”, con la idea de avanzar hacia verdadero sistema de protección de la infancia.
Una serie de parlamentarios del PPD ingresaron una reforma constitucional que crea la Defensoría de la Infancia, debido al retraso del Gobierno en presentar un proyecto de ley de este tipo, tal como lo anunció el Presidente Sebastián Piñera hace más de un mes.
Así lo señaló la diputada Adriana Muñoz, quien dijo que el proyecto pretende solucionar, “de alguna forma”, la dispersión de marcos normativos relacionados con los derechos de los niños y adolescentes.
“Existe un marco regulatorio, normativo, muy débil en relación a la infancia y es urgente crear esta figura que venga a resguardar los derechos y que sea una figura permanente y de compañía y una señal clara desde el Estado que la infancia es un tema central de las políticas públicas”, explicó la parlamentaria.
La propuesta establece un organismo autónomo, con atributos legales para representar ante todas las magistraturas públicas, con carácter vinculante, las acciones del sector público y privado que atenten contra los derechos de la infancia.
Sin embargo, la moción parlamentaria, que deberá ingresar a la comisión de Constitución de la Cámara para su estudio, fue criticada por Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename)
El dirigente manifestó que la medida es una “solución parche”, al igual que la propuesta del Gobierno de dividir el Sename: “Podemos ser muy creativos en inventar una serie de elementos que se vea en la práctica que se avanza en torno a profundizar el trabajo de los derechos de los niños y de los jóvenes, pero si no tenemos una ley que sea el marco regulador y que permita decir para dónde apuntan estas instituciones, estas iniciativas que se están presentando, no sirve de nada”, denunció.
Arancibia dirigió sus críticas hacia la Concertación y el actual Gobierno, por no avanzar en una nueva institucionalidad de la infancia y sólo responder a hechos puntuales de manera mediática “sin avanzar en prevención, protección y promoción de los niños.
“Si se quiere se quiere hablar de institucionalidad de la infancia se tiene que avanzar en ejes rectores que tienen que ser leyes claras y que, además, den responsabilidades concretas a todo el Estado en torno al trabajo con la infancia y la adolescencia, tanto en protección de derechos como los chiquillos que han tenido conflictos con la ley”, añadió el dirigente.
Por su parte, Gloria Requena, directora de la ONG Activa, dijo que, tanto el proyecto de Defensoría de la Infancia como la posible división del Sename, no resuelven las falencias del sistema de cuidado de los niños y que lo que requiere, es que “las actuales instancias funcionen”.
“No necesitaríamos una defensoría para la infancia si los organismos públicos del Estado estuvieran preocupados en defender los derechos de la infancia y hoy aplicaran lo que establece la Convención de Derechos del niño ratificada por Chile. Lo que necesitamos es que los organismos públicos apliquen su rol, más que crear instancias en paralelo o como lo que se ha hecho con el Sename, dividirlo en dos organismos que solamente va aumentar más burocracia”, aseguró la directora de Activa.
Gloria Requena enfatizó en que es necesaria voluntad política de las autoridades, “para generar los cambios y provocar las transformaciones necesarias”, con la idea de avanzar hacia verdadero sistema de protección de la infancia.
Una serie de parlamentarios del PPD ingresaron una reforma constitucional que crea la Defensoría de la Infancia, debido al retraso del Gobierno en presentar un proyecto de ley de este tipo, tal como lo anunció el Presidente Sebastián Piñera hace más de un mes.
Así lo señaló la diputada Adriana Muñoz, quien dijo que el proyecto pretende solucionar, “de alguna forma”, la dispersión de marcos normativos relacionados con los derechos de los niños y adolescentes.
“Existe un marco regulatorio, normativo, muy débil en relación a la infancia y es urgente crear esta figura que venga a resguardar los derechos y que sea una figura permanente y de compañía y una señal clara desde el Estado que la infancia es un tema central de las políticas públicas”, explicó la parlamentaria.
La propuesta establece un organismo autónomo, con atributos legales para representar ante todas las magistraturas públicas, con carácter vinculante, las acciones del sector público y privado que atenten contra los derechos de la infancia.
Sin embargo, la moción parlamentaria, que deberá ingresar a la comisión de Constitución de la Cámara para su estudio, fue criticada por Walter Arancibia, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio Nacional de Menores (Sename)
El dirigente manifestó que la medida es una “solución parche”, al igual que la propuesta del Gobierno de dividir el Sename: “Podemos ser muy creativos en inventar una serie de elementos que se vea en la práctica que se avanza en torno a profundizar el trabajo de los derechos de los niños y de los jóvenes, pero si no tenemos una ley que sea el marco regulador y que permita decir para dónde apuntan estas instituciones, estas iniciativas que se están presentando, no sirve de nada”, denunció.
Arancibia dirigió sus críticas hacia la Concertación y el actual Gobierno, por no avanzar en una nueva institucionalidad de la infancia y sólo responder a hechos puntuales de manera mediática “sin avanzar en prevención, protección y promoción de los niños.
“Si se quiere se quiere hablar de institucionalidad de la infancia se tiene que avanzar en ejes rectores que tienen que ser leyes claras y que, además, den responsabilidades concretas a todo el Estado en torno al trabajo con la infancia y la adolescencia, tanto en protección de derechos como los chiquillos que han tenido conflictos con la ley”, añadió el dirigente.
Por su parte, Gloria Requena, directora de la ONG Activa, dijo que, tanto el proyecto de Defensoría de la Infancia como la posible división del Sename, no resuelven las falencias del sistema de cuidado de los niños y que lo que requiere, es que “las actuales instancias funcionen”.
“No necesitaríamos una defensoría para la infancia si los organismos públicos del Estado estuvieran preocupados en defender los derechos de la infancia y hoy aplicaran lo que establece la Convención de Derechos del niño ratificada por Chile. Lo que necesitamos es que los organismos públicos apliquen su rol, más que crear instancias en paralelo o como lo que se ha hecho con el Sename, dividirlo en dos organismos que solamente va aumentar más burocracia”, aseguró la directora de Activa.
Gloria Requena enfatizó en que es necesaria voluntad política de las autoridades, “para generar los cambios y provocar las transformaciones necesarias”, con la idea de avanzar hacia verdadero sistema de protección de la infancia.
