Hoy se cumple el día 29 de la ocupación a la sede chilena de la Unicef que realizan los representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago. Esto, después del fracaso de una mesa de diálogo donde se podría haber gestado una solución pacífica que significara deponer la medida de presión.
Cabe recordar que los comuneros en toma solicitan que el organismo internacional intervenga directamente para terminar con la violación a los derechos de niños y niñas en La Araucanía. Sin embargo, aseguran que la Unicef no ha actuado con el sentido de urgencia que se requiere cuando, según indicó la vocera Mewlén Huencho, “se está disparando a quemarropa a los niños”.
Según la werkén, a la reunión llegaron dos funcionarios menores sin capacidad de resolución, los que no pudieron aceptar la solicitud de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas visite la zona de Ercilla, lo que plantean como el principal requisito para deponer la toma.
La vocera Maulén Hunencho señaló que el objetivo es “que vaya a la comunidad, hay que ir al lugar, al territorio, que vea la situación y la realidad de cómo se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado el lugar. Ahora, si no puede ser el Alto Comisionado, puede ser otra persona de Naciones Unidas, pero que tenga un peso, que tenga poder de decidir. No solamente los técnicos, que sea un peso político para parar la violencia que se está viviendo”.
Por otro lado, siguen los procesos judiciales a distintos dirigentes mapuche. Para hoy a las 13 horas se espera que el Tribunal en lo Penal de Angol dicte veredicto en el juicio contra el werkén Mijael Carbone, en que la Fiscalia y el Gobierno están solicitando más de 15 años de cárcel por homicidio frustrado a Carabineros.
Ayer se desarrolló la segunda jornada del llamado caso Quino, donde se juzga a diez mapuches en un proceso cuya investigación se realizó bajo Ley Antiterrorista y donde se piden más de diez años de cárcel. En este caso hay involucrados dos menores de edad, por lo que se separó el proceso debido a la última modificación de esta ley.
A cargo de la defensa de uno de los menores está la jefa de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, quien está en proceso de revisión de los antecedentes de la causa.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la defensora explicó que “eventualmente pueden haber pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público que se obtuvieron al amparo de la Ley Antiterrorista. Es precisamente lo que esta defensora tiene que revisar en la carpeta: cada una de las pruebas, de dónde venían. Y hacer las alegaciones pertinentes en la preparación de juicio oral, en el sentido de excluir pruebas en el evento de que hayan sido obtenidas al amparo de la Ley Antiterrorista”.
Este juicio comenzará el próximo 9 de octubre, después de que fuera aplazado ante la ausencia de uno de los defensores privados. En las mismas condiciones, la jurista asumió también la defensa de diez mapuches procesados por la toma de la Intendencia de La Araucanía, en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la muerte de Matías Catrileo, y afirmó que en este caso el contexto de protesta social debe ser considerado.
Todo esto, después de días de allanamientos violentos donde varios comuneros resultaron heridos, entre ellos tres menores que sufrieron disparos de balines.
Esto, además de la sentencia de la Corte Marcial que dejó sin efecto la pena al autor del disparo que cobró la vida a Jaime Mendoza Collío, por lo que hoy desde el mundo mapuche se levantan fuertes cuestionamientos a la justicia civil y militar.
Hoy se cumple el día 29 de la ocupación a la sede chilena de la Unicef que realizan los representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago. Esto, después del fracaso de una mesa de diálogo donde se podría haber gestado una solución pacífica que significara deponer la medida de presión.
Cabe recordar que los comuneros en toma solicitan que el organismo internacional intervenga directamente para terminar con la violación a los derechos de niños y niñas en La Araucanía. Sin embargo, aseguran que la Unicef no ha actuado con el sentido de urgencia que se requiere cuando, según indicó la vocera Mewlén Huencho, “se está disparando a quemarropa a los niños”.
Según la werkén, a la reunión llegaron dos funcionarios menores sin capacidad de resolución, los que no pudieron aceptar la solicitud de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas visite la zona de Ercilla, lo que plantean como el principal requisito para deponer la toma.
La vocera Maulén Hunencho señaló que el objetivo es “que vaya a la comunidad, hay que ir al lugar, al territorio, que vea la situación y la realidad de cómo se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado el lugar. Ahora, si no puede ser el Alto Comisionado, puede ser otra persona de Naciones Unidas, pero que tenga un peso, que tenga poder de decidir. No solamente los técnicos, que sea un peso político para parar la violencia que se está viviendo”.
Por otro lado, siguen los procesos judiciales a distintos dirigentes mapuche. Para hoy a las 13 horas se espera que el Tribunal en lo Penal de Angol dicte veredicto en el juicio contra el werkén Mijael Carbone, en que la Fiscalia y el Gobierno están solicitando más de 15 años de cárcel por homicidio frustrado a Carabineros.
Ayer se desarrolló la segunda jornada del llamado caso Quino, donde se juzga a diez mapuches en un proceso cuya investigación se realizó bajo Ley Antiterrorista y donde se piden más de diez años de cárcel. En este caso hay involucrados dos menores de edad, por lo que se separó el proceso debido a la última modificación de esta ley.
A cargo de la defensa de uno de los menores está la jefa de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, quien está en proceso de revisión de los antecedentes de la causa.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la defensora explicó que “eventualmente pueden haber pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público que se obtuvieron al amparo de la Ley Antiterrorista. Es precisamente lo que esta defensora tiene que revisar en la carpeta: cada una de las pruebas, de dónde venían. Y hacer las alegaciones pertinentes en la preparación de juicio oral, en el sentido de excluir pruebas en el evento de que hayan sido obtenidas al amparo de la Ley Antiterrorista”.
Este juicio comenzará el próximo 9 de octubre, después de que fuera aplazado ante la ausencia de uno de los defensores privados. En las mismas condiciones, la jurista asumió también la defensa de diez mapuches procesados por la toma de la Intendencia de La Araucanía, en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la muerte de Matías Catrileo, y afirmó que en este caso el contexto de protesta social debe ser considerado.
Todo esto, después de días de allanamientos violentos donde varios comuneros resultaron heridos, entre ellos tres menores que sufrieron disparos de balines.
Esto, además de la sentencia de la Corte Marcial que dejó sin efecto la pena al autor del disparo que cobró la vida a Jaime Mendoza Collío, por lo que hoy desde el mundo mapuche se levantan fuertes cuestionamientos a la justicia civil y militar.
Hoy se cumple el día 29 de la ocupación a la sede chilena de la Unicef que realizan los representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago. Esto, después del fracaso de una mesa de diálogo donde se podría haber gestado una solución pacífica que significara deponer la medida de presión.
Cabe recordar que los comuneros en toma solicitan que el organismo internacional intervenga directamente para terminar con la violación a los derechos de niños y niñas en La Araucanía. Sin embargo, aseguran que la Unicef no ha actuado con el sentido de urgencia que se requiere cuando, según indicó la vocera Mewlén Huencho, “se está disparando a quemarropa a los niños”.
Según la werkén, a la reunión llegaron dos funcionarios menores sin capacidad de resolución, los que no pudieron aceptar la solicitud de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas visite la zona de Ercilla, lo que plantean como el principal requisito para deponer la toma.
La vocera Maulén Hunencho señaló que el objetivo es “que vaya a la comunidad, hay que ir al lugar, al territorio, que vea la situación y la realidad de cómo se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado el lugar. Ahora, si no puede ser el Alto Comisionado, puede ser otra persona de Naciones Unidas, pero que tenga un peso, que tenga poder de decidir. No solamente los técnicos, que sea un peso político para parar la violencia que se está viviendo”.
Por otro lado, siguen los procesos judiciales a distintos dirigentes mapuche. Para hoy a las 13 horas se espera que el Tribunal en lo Penal de Angol dicte veredicto en el juicio contra el werkén Mijael Carbone, en que la Fiscalia y el Gobierno están solicitando más de 15 años de cárcel por homicidio frustrado a Carabineros.
Ayer se desarrolló la segunda jornada del llamado caso Quino, donde se juzga a diez mapuches en un proceso cuya investigación se realizó bajo Ley Antiterrorista y donde se piden más de diez años de cárcel. En este caso hay involucrados dos menores de edad, por lo que se separó el proceso debido a la última modificación de esta ley.
A cargo de la defensa de uno de los menores está la jefa de la Defensoría Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, quien está en proceso de revisión de los antecedentes de la causa.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la defensora explicó que “eventualmente pueden haber pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público que se obtuvieron al amparo de la Ley Antiterrorista. Es precisamente lo que esta defensora tiene que revisar en la carpeta: cada una de las pruebas, de dónde venían. Y hacer las alegaciones pertinentes en la preparación de juicio oral, en el sentido de excluir pruebas en el evento de que hayan sido obtenidas al amparo de la Ley Antiterrorista”.
Este juicio comenzará el próximo 9 de octubre, después de que fuera aplazado ante la ausencia de uno de los defensores privados. En las mismas condiciones, la jurista asumió también la defensa de diez mapuches procesados por la toma de la Intendencia de La Araucanía, en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la muerte de Matías Catrileo, y afirmó que en este caso el contexto de protesta social debe ser considerado.
Todo esto, después de días de allanamientos violentos donde varios comuneros resultaron heridos, entre ellos tres menores que sufrieron disparos de balines.
Esto, además de la sentencia de la Corte Marcial que dejó sin efecto la pena al autor del disparo que cobró la vida a Jaime Mendoza Collío, por lo que hoy desde el mundo mapuche se levantan fuertes cuestionamientos a la justicia civil y militar.
