El ministro de Educación, Harald Beyer, dio a conocer durante la semana pasada el segundo Informe de Estados Financieros de las universidades chilenas, el que se basó en la información que entregaron las mismas casas de estudio por requerimiento de la secretaría de Estado.

El documento establece que de un total de 59 universidades, 53 instituciones informan relación con empresas, lo que se da en el 100 por ciento de los establecimientos del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y el 80 por ciento en el caso de las privadas.

Sin embargo, en muchos de estos casos, sobre todo en las universidades estatales, las empresas relacionadas tienen que ver con instituciones descentralizadas de los plantelesdestinadas a colaborar con las instituciones, tal como lo denunció el rector (s) de la Universidad Austral de Chile, Juan Omar Cofré, a través de una carta publicada en diversos medios.

La institución figura con 19 empresas relacionadas “aparentemente independientes y dedicadas a diversos negocios extrauniversitarios”, que según Cofré, finalmente son “entidades cumplen objetivos estrictamente universitarios, carecen de fines de lucro, y reinvierten todos sus excedentes en tareas y funciones académicas o estudiantiles”, rechazando que se trate de “sociedades comerciales ‘espejo’ dedicadas a realizar transacciones comerciales con fines de lucro y a generar ganancias”.

Para la periodista y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen (Icei) de la Universidad de Chile, María Olivía Mönckeberg, autora del libro “La privatización de las universidades en Chile”, el documento presenta cifras generales “donde puede caber de todo bajo el mismo rubro de empresa, como la relación que pueda tener la Universidad Alberto Hurtado con la Compañía de Jesús, porque es de los jesuitas, hasta una inmobiliaria vinculada a una corporación como en el caso de muchas universidades privadas que lucran y siguen lucrando bajo esta fórmula”.

La investigadora advierte que para que el informe entregue claves sobre el lucro en las instituciones de educación superior se requiere más estudio y detalle, establecer quiénes son los dueños de estas empresas, cruzar los datos con quienes dirigen las instituciones e identificar los nexos monetarios, pues como ahora se presenta el documento “comunicacionalmente uno podría pensar que esto de juntar peras con manzanas, puede servir para quienes quieren hacer pensar que todas las universidades son iguales, se le baja el perfil al problema del lucro”.

La opinión de la académica fue compartida por el director de la Fundación Educación 2020, Mario Waissbluth, quien aseguró que “que a mí me digan que una universidad tiene una y otra veinte asociaciones derivadas de ellas, dice cero, porque la que tiene una podría estar retirando todas las utilidades que tiene y la que tiene más podría estar haciendo todo bien, porque su propósito sería llevar recursos a la universidad”.

Para Waissbluth, mientras el Mineduc no audite los vínculos que se identifican con empresas no se permite concluir nada, por ello más grave aún considera las informaciones reveladas a partir de la renuncia del secretario general de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, pues “tenemos un par de casos en que ya hay violación flagrante, a través de estados auditados, que estaban en conocimiento del Gobierno desde junio y no se han iniciado las acciones judiciales al respecto”.

Por su parte, el presidente de la Feuc, Noam Titelman, calificó de “engañoso” el informe, ya que a su juicio “hay una manipulación de los datos, se trata de ser más serios en la presentación de las cifras y no caer en estos juegos estadísticos, que tratan de difuminar el significado del lucro, de las instituciones que tienen un rol público de aquellas que no la tienen, lo que evidencia una agenda política detrás”.

El dirigente estudiantil también advirtó que “a través de estados financieros nunca se van a poder encontrar a quiénes están   lucrando, porque una institución que está violando la ley no va a entregar eso”, por lo que llamó al Mineduc a asumir su rol fiscalizador y no quedarse solamente en la elaboración de estos informes, “como si fueran un gran ejemplo de transparencia”.

Asimismo, tanto para Mönckeberg, como para Waissbluth y Titelman, la Superintendencia que la secretaría de Estado plantea como la gran solución a este problema no es la respuesta, debido a que no existe un marco regulatorio para terminar con el lucro en las universidades.

Consultados por Radio Universidad de Chile, desde el Mineduc no quisieron ahondar  en el informe, según dijeron debido “a la contingencia y a que la información se irá entregando de forma parcializada”.