Después de un año de discusión en torno al tema, la comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto que busca poner fin al lucro con fondos públicos en la educación básica y media de nuestro país, con lo que ahora la iniciativa tendrá que ser discutida en detalle por la sala de la Cámara Alta.
De esta manera, los sostenedores de establecimientos, independiente de que éstos tengan o no fines de lucro, tendrán que destinar “íntegra y exclusivamente” las subvenciones que reciban del Estado al cumplimiento de “fines educativos”, entendidos como cualquier inversión destinada a mejorar la calidad del servicio, teniendo que rendir cuenta de sus gastos.
La iniciativa también contempla que los colegios que se establezcan como sociedades comerciales o anónimas tendrán que pagar impuestos, pero tendrán la opción de transformarse en corporaciones educacionales o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro.
El proyecto no es visto con buenos ojos desde el Gobierno, tal como lo señaló el titular del Mineduc, Harald Beyer, quien considera que la propuesta “genera una tensión en los establecimientos escolares y afecta potencialmente a 1, 3 millones de niños y jóvenes sin ningún efecto sobre la calidad de la educación”.
Beyer reiteró que el planteamiento del Ejecutivo, que intentará que el proyecto sea rechazado en el Senado, “es que es mucho más razonable regular a través de la Superintendencia y la Agencia de Calidad los desempeños de esos establecimientos, pues esta institucionalidad lo que hace es levantar la calidad”.
Pese a que reconocen que se trata de un avance y que ya se comienza a debatir realmente sobre el problema del lucro, desde el movimiento estudiantil el proyecto también genera desconfianza, no solo en la forma, sino también por la discusión que generará al interior del Parlamento, sobre todo por parte del oficialismo, según dijo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Gabriel Gonzalez.
En tanto, para el dirigente del Liceo Manuel Barros Borgoño, Xavier Delgado, una de las peores señales que entrega la iniciativa es que, finalmente, no impide la entrega de subsidios estatales a establecimientos que tienen fines de lucro: “No se puede permitir que teniendo el sistema municipal tantas falencias, aún se siga desperdiciando dinero para llenar el bolsillo de un pequeño grupo de empresarios. Es un desacierto tremendo en la política económica y educacional del Gobierno y está en contra de lo que la ciudadanía y el movimiento estudiantil han planteado en las calles. Se debería avanzar en la prohibición efectiva del lucro en todos sus niveles”, aseguró.
Por su parte, el investigador de la Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) de nuestra casa de estudios, Juan González, planteó que “implementar medidas para fiscalizar e ir viendo que no se lucre y que todo sea invertido en educación, generará más costos que financiar preferencialmente la educación pública, que es lo que se tiene que hacer”.
Según González, la verdadera solución al lucro es fortalecer la educación pública, pues “si eso se hace, las iniciativas empresariales disfrazadas en sociedades anónimas o fundaciones disminuirían, porque el interés de invertir ahí sería mucho menor, al haber escuelas del Estado gratuitas que briden un mejor servicio que el de las instituciones privadas”.
Durante esta jornada, la comisión de Educación también despachó el proyecto del Gobierno que rebajaría la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de un 5, 7 por ciento a 2 por ciento anual, además de limitar el valor de la cuota mensual de este crédito a un 10 por ciento del sueldo. La iniciativa beneficiaría a 375 mil jóvenes y ahora pasará a la comisión de Hacienda del Senado para continuar con su discusión.
Después de un año de discusión en torno al tema, la comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto que busca poner fin al lucro con fondos públicos en la educación básica y media de nuestro país, con lo que ahora la iniciativa tendrá que ser discutida en detalle por la sala de la Cámara Alta.
De esta manera, los sostenedores de establecimientos, independiente de que éstos tengan o no fines de lucro, tendrán que destinar “íntegra y exclusivamente” las subvenciones que reciban del Estado al cumplimiento de “fines educativos”, entendidos como cualquier inversión destinada a mejorar la calidad del servicio, teniendo que rendir cuenta de sus gastos.
La iniciativa también contempla que los colegios que se establezcan como sociedades comerciales o anónimas tendrán que pagar impuestos, pero tendrán la opción de transformarse en corporaciones educacionales o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro.
El proyecto no es visto con buenos ojos desde el Gobierno, tal como lo señaló el titular del Mineduc, Harald Beyer, quien considera que la propuesta “genera una tensión en los establecimientos escolares y afecta potencialmente a 1, 3 millones de niños y jóvenes sin ningún efecto sobre la calidad de la educación”.
Beyer reiteró que el planteamiento del Ejecutivo, que intentará que el proyecto sea rechazado en el Senado, “es que es mucho más razonable regular a través de la Superintendencia y la Agencia de Calidad los desempeños de esos establecimientos, pues esta institucionalidad lo que hace es levantar la calidad”.
Pese a que reconocen que se trata de un avance y que ya se comienza a debatir realmente sobre el problema del lucro, desde el movimiento estudiantil el proyecto también genera desconfianza, no solo en la forma, sino también por la discusión que generará al interior del Parlamento, sobre todo por parte del oficialismo, según dijo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Gabriel Gonzalez.
En tanto, para el dirigente del Liceo Manuel Barros Borgoño, Xavier Delgado, una de las peores señales que entrega la iniciativa es que, finalmente, no impide la entrega de subsidios estatales a establecimientos que tienen fines de lucro: “No se puede permitir que teniendo el sistema municipal tantas falencias, aún se siga desperdiciando dinero para llenar el bolsillo de un pequeño grupo de empresarios. Es un desacierto tremendo en la política económica y educacional del Gobierno y está en contra de lo que la ciudadanía y el movimiento estudiantil han planteado en las calles. Se debería avanzar en la prohibición efectiva del lucro en todos sus niveles”, aseguró.
Por su parte, el investigador de la Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) de nuestra casa de estudios, Juan González, planteó que “implementar medidas para fiscalizar e ir viendo que no se lucre y que todo sea invertido en educación, generará más costos que financiar preferencialmente la educación pública, que es lo que se tiene que hacer”.
Según González, la verdadera solución al lucro es fortalecer la educación pública, pues “si eso se hace, las iniciativas empresariales disfrazadas en sociedades anónimas o fundaciones disminuirían, porque el interés de invertir ahí sería mucho menor, al haber escuelas del Estado gratuitas que briden un mejor servicio que el de las instituciones privadas”.
Durante esta jornada, la comisión de Educación también despachó el proyecto del Gobierno que rebajaría la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de un 5, 7 por ciento a 2 por ciento anual, además de limitar el valor de la cuota mensual de este crédito a un 10 por ciento del sueldo. La iniciativa beneficiaría a 375 mil jóvenes y ahora pasará a la comisión de Hacienda del Senado para continuar con su discusión.
Después de un año de discusión en torno al tema, la comisión de Educación del Senado aprobó el proyecto que busca poner fin al lucro con fondos públicos en la educación básica y media de nuestro país, con lo que ahora la iniciativa tendrá que ser discutida en detalle por la sala de la Cámara Alta.
De esta manera, los sostenedores de establecimientos, independiente de que éstos tengan o no fines de lucro, tendrán que destinar “íntegra y exclusivamente” las subvenciones que reciban del Estado al cumplimiento de “fines educativos”, entendidos como cualquier inversión destinada a mejorar la calidad del servicio, teniendo que rendir cuenta de sus gastos.
La iniciativa también contempla que los colegios que se establezcan como sociedades comerciales o anónimas tendrán que pagar impuestos, pero tendrán la opción de transformarse en corporaciones educacionales o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro.
El proyecto no es visto con buenos ojos desde el Gobierno, tal como lo señaló el titular del Mineduc, Harald Beyer, quien considera que la propuesta “genera una tensión en los establecimientos escolares y afecta potencialmente a 1, 3 millones de niños y jóvenes sin ningún efecto sobre la calidad de la educación”.
Beyer reiteró que el planteamiento del Ejecutivo, que intentará que el proyecto sea rechazado en el Senado, “es que es mucho más razonable regular a través de la Superintendencia y la Agencia de Calidad los desempeños de esos establecimientos, pues esta institucionalidad lo que hace es levantar la calidad”.
Pese a que reconocen que se trata de un avance y que ya se comienza a debatir realmente sobre el problema del lucro, desde el movimiento estudiantil el proyecto también genera desconfianza, no solo en la forma, sino también por la discusión que generará al interior del Parlamento, sobre todo por parte del oficialismo, según dijo el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Gabriel Gonzalez.
En tanto, para el dirigente del Liceo Manuel Barros Borgoño, Xavier Delgado, una de las peores señales que entrega la iniciativa es que, finalmente, no impide la entrega de subsidios estatales a establecimientos que tienen fines de lucro: “No se puede permitir que teniendo el sistema municipal tantas falencias, aún se siga desperdiciando dinero para llenar el bolsillo de un pequeño grupo de empresarios. Es un desacierto tremendo en la política económica y educacional del Gobierno y está en contra de lo que la ciudadanía y el movimiento estudiantil han planteado en las calles. Se debería avanzar en la prohibición efectiva del lucro en todos sus niveles”, aseguró.
Por su parte, el investigador de la Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) de nuestra casa de estudios, Juan González, planteó que “implementar medidas para fiscalizar e ir viendo que no se lucre y que todo sea invertido en educación, generará más costos que financiar preferencialmente la educación pública, que es lo que se tiene que hacer”.
Según González, la verdadera solución al lucro es fortalecer la educación pública, pues “si eso se hace, las iniciativas empresariales disfrazadas en sociedades anónimas o fundaciones disminuirían, porque el interés de invertir ahí sería mucho menor, al haber escuelas del Estado gratuitas que briden un mejor servicio que el de las instituciones privadas”.
Durante esta jornada, la comisión de Educación también despachó el proyecto del Gobierno que rebajaría la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado (CAE) de un 5, 7 por ciento a 2 por ciento anual, además de limitar el valor de la cuota mensual de este crédito a un 10 por ciento del sueldo. La iniciativa beneficiaría a 375 mil jóvenes y ahora pasará a la comisión de Hacienda del Senado para continuar con su discusión.
