Después de que en enero distintas organizaciones ciudadanas de Valparaíso enviaran una solicitud a la Unesco para pedirle que se pronunciara sobre el controvertido proyecto del grupo Plaza, el órgano internacional determinó que se debe estudiar su impacto Patrimonial.
Frente a esto, Pablo Andueza, abogado de la Asamblea Ciudadana por Valparaíso y especialista en temas patrimoniales, criticó la postura de la municipalidad del puerto que, a través de un informe, determinó que Puerto Barón no afectaba en absoluto el sitio Patrimonio Mundial.
Por esto, el abogado Andueza explicó que “la municipalidad ha insistido en un error al decir que Puerto Barón está alejado de la zona Unesco. Eso no resiste el menor análisis y lo que está pidiendo la Unesco es que se evalúe patrimonialmente el proyecto Puerto Barón. Eso significa que incide directamente, y no es para menos, porque la bahía es un sistema y lo que se haga en un lugar afecta directamente lo que se haga en otros”.
Por su parte, Atilio Caorsi, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la ciudad porteña, señaló que es incomprensible que se levante un centro comercial en el puerto, afectando a los trabajadores portuarios y del comercio, cuando hay tantos terrenos baldíos en la ciudad.
En este sentido, el dirigente de los arquitectos señaló que hay otros intereses por parte del municipio: “Yo creo que hay una motivación económica, lo hemos visto en otros temas de estacionamientos subterráneos que no se justifican en sectores donde no hay una saturación absoluta. Parece que el municipio está tratando de conseguir recursos de cualquier manera y a cualquier costo, para esta administración que ya se acaba, o sea, estamos nuevamente hipotecando el presente con promesas de ingreso que no nos aseguran mucho el futuro”.
Con esto coincidió Loreto González, presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, quien consideró espantoso que las autoridades avalen este tipo de medidas, desprotegiendo a los ciudadanos ya que, sostuvo “esto no permite el desarrollo del puerto e incide directamente sobre el empleo. Con esto Valparaíso muere”, afirmó.
En tanto, Paz Undurraga de “Ciudadanos por Valparaíso”, afirmó que, con el pronunciamiento de la Unesco, se abre un nuevo escenario en la oposición de la ciudadanía a este proyecto.
En esa línea, la dirigente social señaló “lo que abre la posibilidad de que esto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, habían autoridades que decían que no era pertinente y ahora con lo que envió la Unesco, se ratifica nuestra postura, tiene que ingresar al sistema de evaluación y nosotros tenemos los argumentos suficientes para decir que no, como estudio de impacto ambiental o que finalmente todos se den cuenta de que este proceso está viciado, que la ciudad de Valparaíso no merece sacrificar su borde portuario por un borde comercial inmobiliario”.
La mujer añadió que aquí falta una política de Estado respecto al desarrollo portuario y la protección del patrimonio en Valparaíso.
Además, los ciudadanos contemplan realizar una serie de acciones legales y afirmaron que, en el caso de que se llegara a comenzar a ejecutar algo del proyecto, recurrirán de inmediato a los tribunales de justicia con la finalidad de frenar las obras, hasta que no se realicen los estudios correspondientes.
Después de que en enero distintas organizaciones ciudadanas de Valparaíso enviaran una solicitud a la Unesco para pedirle que se pronunciara sobre el controvertido proyecto del grupo Plaza, el órgano internacional determinó que se debe estudiar su impacto Patrimonial.
Frente a esto, Pablo Andueza, abogado de la Asamblea Ciudadana por Valparaíso y especialista en temas patrimoniales, criticó la postura de la municipalidad del puerto que, a través de un informe, determinó que Puerto Barón no afectaba en absoluto el sitio Patrimonio Mundial.
Por esto, el abogado Andueza explicó que “la municipalidad ha insistido en un error al decir que Puerto Barón está alejado de la zona Unesco. Eso no resiste el menor análisis y lo que está pidiendo la Unesco es que se evalúe patrimonialmente el proyecto Puerto Barón. Eso significa que incide directamente, y no es para menos, porque la bahía es un sistema y lo que se haga en un lugar afecta directamente lo que se haga en otros”.
Por su parte, Atilio Caorsi, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la ciudad porteña, señaló que es incomprensible que se levante un centro comercial en el puerto, afectando a los trabajadores portuarios y del comercio, cuando hay tantos terrenos baldíos en la ciudad.
En este sentido, el dirigente de los arquitectos señaló que hay otros intereses por parte del municipio: “Yo creo que hay una motivación económica, lo hemos visto en otros temas de estacionamientos subterráneos que no se justifican en sectores donde no hay una saturación absoluta. Parece que el municipio está tratando de conseguir recursos de cualquier manera y a cualquier costo, para esta administración que ya se acaba, o sea, estamos nuevamente hipotecando el presente con promesas de ingreso que no nos aseguran mucho el futuro”.
Con esto coincidió Loreto González, presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, quien consideró espantoso que las autoridades avalen este tipo de medidas, desprotegiendo a los ciudadanos ya que, sostuvo “esto no permite el desarrollo del puerto e incide directamente sobre el empleo. Con esto Valparaíso muere”, afirmó.
En tanto, Paz Undurraga de “Ciudadanos por Valparaíso”, afirmó que, con el pronunciamiento de la Unesco, se abre un nuevo escenario en la oposición de la ciudadanía a este proyecto.
En esa línea, la dirigente social señaló “lo que abre la posibilidad de que esto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, habían autoridades que decían que no era pertinente y ahora con lo que envió la Unesco, se ratifica nuestra postura, tiene que ingresar al sistema de evaluación y nosotros tenemos los argumentos suficientes para decir que no, como estudio de impacto ambiental o que finalmente todos se den cuenta de que este proceso está viciado, que la ciudad de Valparaíso no merece sacrificar su borde portuario por un borde comercial inmobiliario”.
La mujer añadió que aquí falta una política de Estado respecto al desarrollo portuario y la protección del patrimonio en Valparaíso.
Además, los ciudadanos contemplan realizar una serie de acciones legales y afirmaron que, en el caso de que se llegara a comenzar a ejecutar algo del proyecto, recurrirán de inmediato a los tribunales de justicia con la finalidad de frenar las obras, hasta que no se realicen los estudios correspondientes.
Después de que en enero distintas organizaciones ciudadanas de Valparaíso enviaran una solicitud a la Unesco para pedirle que se pronunciara sobre el controvertido proyecto del grupo Plaza, el órgano internacional determinó que se debe estudiar su impacto Patrimonial.
Frente a esto, Pablo Andueza, abogado de la Asamblea Ciudadana por Valparaíso y especialista en temas patrimoniales, criticó la postura de la municipalidad del puerto que, a través de un informe, determinó que Puerto Barón no afectaba en absoluto el sitio Patrimonio Mundial.
Por esto, el abogado Andueza explicó que “la municipalidad ha insistido en un error al decir que Puerto Barón está alejado de la zona Unesco. Eso no resiste el menor análisis y lo que está pidiendo la Unesco es que se evalúe patrimonialmente el proyecto Puerto Barón. Eso significa que incide directamente, y no es para menos, porque la bahía es un sistema y lo que se haga en un lugar afecta directamente lo que se haga en otros”.
Por su parte, Atilio Caorsi, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la ciudad porteña, señaló que es incomprensible que se levante un centro comercial en el puerto, afectando a los trabajadores portuarios y del comercio, cuando hay tantos terrenos baldíos en la ciudad.
En este sentido, el dirigente de los arquitectos señaló que hay otros intereses por parte del municipio: “Yo creo que hay una motivación económica, lo hemos visto en otros temas de estacionamientos subterráneos que no se justifican en sectores donde no hay una saturación absoluta. Parece que el municipio está tratando de conseguir recursos de cualquier manera y a cualquier costo, para esta administración que ya se acaba, o sea, estamos nuevamente hipotecando el presente con promesas de ingreso que no nos aseguran mucho el futuro”.
Con esto coincidió Loreto González, presidenta de la Junta de Vecinos del Cerro Concepción, quien consideró espantoso que las autoridades avalen este tipo de medidas, desprotegiendo a los ciudadanos ya que, sostuvo “esto no permite el desarrollo del puerto e incide directamente sobre el empleo. Con esto Valparaíso muere”, afirmó.
En tanto, Paz Undurraga de “Ciudadanos por Valparaíso”, afirmó que, con el pronunciamiento de la Unesco, se abre un nuevo escenario en la oposición de la ciudadanía a este proyecto.
En esa línea, la dirigente social señaló “lo que abre la posibilidad de que esto ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, habían autoridades que decían que no era pertinente y ahora con lo que envió la Unesco, se ratifica nuestra postura, tiene que ingresar al sistema de evaluación y nosotros tenemos los argumentos suficientes para decir que no, como estudio de impacto ambiental o que finalmente todos se den cuenta de que este proceso está viciado, que la ciudad de Valparaíso no merece sacrificar su borde portuario por un borde comercial inmobiliario”.
La mujer añadió que aquí falta una política de Estado respecto al desarrollo portuario y la protección del patrimonio en Valparaíso.
Además, los ciudadanos contemplan realizar una serie de acciones legales y afirmaron que, en el caso de que se llegara a comenzar a ejecutar algo del proyecto, recurrirán de inmediato a los tribunales de justicia con la finalidad de frenar las obras, hasta que no se realicen los estudios correspondientes.
