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Ministerio de Desarrollo Social reintegra a funcionaria luego de fallo de la Corte de Apelaciones

Cristián Zúñiga

  Lunes 3 de septiembre 2012 15:17 hrs. 
Radio-Uchile

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Acompañada de la directiva de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (ASOFUMI), y del presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, Patricia Castillo Agostino-Valer fue reincorporada el viernes 31 de agosto a sus funciones, luego que en junio fuera destituida de su cargo por no encontrarse en Lista 1 de Calificación como lo establece su cargo.

La Octava Sala del tribunal de alzada acogió de manera unánime el recurso presentado por la Asociación Gremial en julio, ordenando reincorporar a sus funciones a Patricia Castillo, presidenta de la ASOFUMI Región Metropolitana, y pagarle las remuneraciones correspondientes a julio y agosto, mientras estuvo fuera de su trabajo.

Para el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, este es un triunfo más para los empleados públicos de Chile –especialmente para sus dirigentes- gracias a las insistentes actuaciones de la directiva de ASOFUMI, quienes presentaron acciones legales para impedir un  despido injusto.

Por su parte, la dirigenta Patricia Castillo estaba muy emocionada por este logro de la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, volviendo contenta a su puesto de trabajo después de permanecer por casi dos meses fuera.

Cabe señalar, que la Corte de Apelaciones tuvo que reiterar la orden de reingreso de Castillo luego que  miércoles 1 de agosto, le fue negado la entrada a su puesto de trabajo, por lo que el gremio volvió a recurrir a la Corte, la que el 24 de agosto determinó nuevamente por unanimidad,  la orden del reingreso de la funcionaria añadiendo “que de no cumplirse la orden dentro de los próximos cinco días e informar de dicho cumplimiento, se expone a sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión en las funciones del Ministro Lavín por 4 meses”.

Para la presidenta nacional de ASOFUMI, Delia Arneric, este fallo no hace más que confirmar la vocación antisindical de las autoridades del ministerio Social.

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