La Ley General de Educación (LGE) estableció que desde el 12 de septiembre del 2011 ningún liceo o colegio puede estar en manos de personas naturales, sino de personalidades jurídicas que tengan además un solo giro. Sin embargo, a esa fecha, los sostenedores de más de mil establecimientos no habían realizado el trámite.
Frente a este incumplimiento, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto para que se extendiera el plazo dos años más, que fue aprobado en la Cámara Alta, pero fue rechazado por el Tribunal Constitucional, organismo que consideró que esta iniciativa violaba la igualdad ante la ley, el derecho a la educación básica obligatoria y la libertad de enseñanza.
El senador PPD, Eugenio Tuma, uno de los autores de la iniciativa sostuvo que estudiará el fallo del TC “toda vez que el espíritu con el que solicitamos esa ampliación del plazo, precisamente, es para darle la oportunidad a las agrupaciones de Iglesias, que administraban establecimientos educacionales y que tenían más de un giro. La ley establece que tienem que tener un giro único y los establecimientos educacionales que son de Iglesias tenían también otras actividades, han tenido serias dificultades en modificar sus sociedades”.
El parlamentario consideró que ampliar el plazo es una necesidad, por lo que afirmó que “vamos a tener que modificar la ley para darle la posibilidad a estos colegios de recibir la subvención y que no tengan que cerrar” y añadió que “me parece muy dañino para la educación que se tome ese camino”.
Mirada con la que coincidió Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), que agrupa principalmente a colegios de la Iglesia Católica, quien calificó de “preocupante” la medida que, sostuvo, afectaría con más fuerza a los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro.
Por otro lado, Mario Sobarzo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), indicó que esto va en la línea de dar manga ancha a quien tiene poder y manga corta a quienes están pidiendo derecho a la Educación, ya que según afirmó que “acá quedará claro como los grupos de poder ligados a la Iglesia Católica van a pasar por encima de la Constitución y no va a pasar absolutamente nada”.
“¿Qué van a hacer? ¿Les van a quitar la administración de las escuelas a los actuales sostenedores? Pensemos nada más en quiénes son esos sostenedores, pongámosle nombre y apellido, veamos cómo operan sus intereses y vamos a ver que son los mismos que operan en otras áreas de la Economía y que han tenido una protección del sistema estatal en poder transgredir la ley y que no les pasa nada. ¿Por qué ahora podría ser distinto? ¿Quién podría esperar que en este sistema como está hoy podamos tener una respuesta distinta de lo que es el aparato judicial o el aparato político?”, cuestionó el experto.
Sobarzo aseguró que aquí se presentará una apelación ante el tribunal o se modificará, incluso, la ley para permitir que sigan manteniendo sus escuelas. “Sabemos cómo opera esto, y es muy poco probable que esta decisión cambie las cosas”, mientras no se escuchen las demandas ciudadanas y se siga con un sistema educacional, estructurado sobre la base de una democracia sin representatividad e ilegítima, aseguró.
La Ley General de Educación (LGE) estableció que desde el 12 de septiembre del 2011 ningún liceo o colegio puede estar en manos de personas naturales, sino de personalidades jurídicas que tengan además un solo giro. Sin embargo, a esa fecha, los sostenedores de más de mil establecimientos no habían realizado el trámite.
Frente a este incumplimiento, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto para que se extendiera el plazo dos años más, que fue aprobado en la Cámara Alta, pero fue rechazado por el Tribunal Constitucional, organismo que consideró que esta iniciativa violaba la igualdad ante la ley, el derecho a la educación básica obligatoria y la libertad de enseñanza.
El senador PPD, Eugenio Tuma, uno de los autores de la iniciativa sostuvo que estudiará el fallo del TC “toda vez que el espíritu con el que solicitamos esa ampliación del plazo, precisamente, es para darle la oportunidad a las agrupaciones de Iglesias, que administraban establecimientos educacionales y que tenían más de un giro. La ley establece que tienem que tener un giro único y los establecimientos educacionales que son de Iglesias tenían también otras actividades, han tenido serias dificultades en modificar sus sociedades”.
El parlamentario consideró que ampliar el plazo es una necesidad, por lo que afirmó que “vamos a tener que modificar la ley para darle la posibilidad a estos colegios de recibir la subvención y que no tengan que cerrar” y añadió que “me parece muy dañino para la educación que se tome ese camino”.
Mirada con la que coincidió Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), que agrupa principalmente a colegios de la Iglesia Católica, quien calificó de “preocupante” la medida que, sostuvo, afectaría con más fuerza a los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro.
Por otro lado, Mario Sobarzo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), indicó que esto va en la línea de dar manga ancha a quien tiene poder y manga corta a quienes están pidiendo derecho a la Educación, ya que según afirmó que “acá quedará claro como los grupos de poder ligados a la Iglesia Católica van a pasar por encima de la Constitución y no va a pasar absolutamente nada”.
“¿Qué van a hacer? ¿Les van a quitar la administración de las escuelas a los actuales sostenedores? Pensemos nada más en quiénes son esos sostenedores, pongámosle nombre y apellido, veamos cómo operan sus intereses y vamos a ver que son los mismos que operan en otras áreas de la Economía y que han tenido una protección del sistema estatal en poder transgredir la ley y que no les pasa nada. ¿Por qué ahora podría ser distinto? ¿Quién podría esperar que en este sistema como está hoy podamos tener una respuesta distinta de lo que es el aparato judicial o el aparato político?”, cuestionó el experto.
Sobarzo aseguró que aquí se presentará una apelación ante el tribunal o se modificará, incluso, la ley para permitir que sigan manteniendo sus escuelas. “Sabemos cómo opera esto, y es muy poco probable que esta decisión cambie las cosas”, mientras no se escuchen las demandas ciudadanas y se siga con un sistema educacional, estructurado sobre la base de una democracia sin representatividad e ilegítima, aseguró.
La Ley General de Educación (LGE) estableció que desde el 12 de septiembre del 2011 ningún liceo o colegio puede estar en manos de personas naturales, sino de personalidades jurídicas que tengan además un solo giro. Sin embargo, a esa fecha, los sostenedores de más de mil establecimientos no habían realizado el trámite.
Frente a este incumplimiento, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto para que se extendiera el plazo dos años más, que fue aprobado en la Cámara Alta, pero fue rechazado por el Tribunal Constitucional, organismo que consideró que esta iniciativa violaba la igualdad ante la ley, el derecho a la educación básica obligatoria y la libertad de enseñanza.
El senador PPD, Eugenio Tuma, uno de los autores de la iniciativa sostuvo que estudiará el fallo del TC “toda vez que el espíritu con el que solicitamos esa ampliación del plazo, precisamente, es para darle la oportunidad a las agrupaciones de Iglesias, que administraban establecimientos educacionales y que tenían más de un giro. La ley establece que tienem que tener un giro único y los establecimientos educacionales que son de Iglesias tenían también otras actividades, han tenido serias dificultades en modificar sus sociedades”.
El parlamentario consideró que ampliar el plazo es una necesidad, por lo que afirmó que “vamos a tener que modificar la ley para darle la posibilidad a estos colegios de recibir la subvención y que no tengan que cerrar” y añadió que “me parece muy dañino para la educación que se tome ese camino”.
Mirada con la que coincidió Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), que agrupa principalmente a colegios de la Iglesia Católica, quien calificó de “preocupante” la medida que, sostuvo, afectaría con más fuerza a los colegios particulares subvencionados sin fines de lucro.
Por otro lado, Mario Sobarzo del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), indicó que esto va en la línea de dar manga ancha a quien tiene poder y manga corta a quienes están pidiendo derecho a la Educación, ya que según afirmó que “acá quedará claro como los grupos de poder ligados a la Iglesia Católica van a pasar por encima de la Constitución y no va a pasar absolutamente nada”.
“¿Qué van a hacer? ¿Les van a quitar la administración de las escuelas a los actuales sostenedores? Pensemos nada más en quiénes son esos sostenedores, pongámosle nombre y apellido, veamos cómo operan sus intereses y vamos a ver que son los mismos que operan en otras áreas de la Economía y que han tenido una protección del sistema estatal en poder transgredir la ley y que no les pasa nada. ¿Por qué ahora podría ser distinto? ¿Quién podría esperar que en este sistema como está hoy podamos tener una respuesta distinta de lo que es el aparato judicial o el aparato político?”, cuestionó el experto.
Sobarzo aseguró que aquí se presentará una apelación ante el tribunal o se modificará, incluso, la ley para permitir que sigan manteniendo sus escuelas. “Sabemos cómo opera esto, y es muy poco probable que esta decisión cambie las cosas”, mientras no se escuchen las demandas ciudadanas y se siga con un sistema educacional, estructurado sobre la base de una democracia sin representatividad e ilegítima, aseguró.
