Funcionarios del SII crítican actuar del Consejo de Defensa del Estado en el Caso Johnson’s
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados realizó una nueva sesión por el Caso Johnsons, en la que declaró el ex subdirector jurídico del SII, además de los funcionarios vinculados a la negociación con Cencosud. Esto se suma a los cuestionamientos que realizaron las asociaciones laborales del organismo, contra el Consejo de Defensa del Estado, cual ratificara las potestades que tiene el SII en materia de negociaciones directas con los contribuyentes, sin aportar antecedentes relevantes a la investigación.
Jueves 6 de septiembre 2012 9:40 hrs.
Una nueva sesión llevó a cabo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acerca de la eventual evasión tributaria en el caso Johnsons.
Al Parlamento acudieron para comparecer los ocho funcionarios del SII acusados de estar relacionados en el desfalco tributario, además del entonces subdirector jurídico de la entidad, Mario Vila.
Carlos Inzunza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), manifestó la confianza en sus ocho compañeros acusados, indicando que “no son ellos, sino las máximas autoridades quienes deben asumir la responsabilidad en el fraude”.
“La dirección del Servicio, en una actitud absolutamente evasiva, trató de adjudicar la responsabilidad de una operación de esta magnitud, que no puede sino tener su núcleo central de decisión en las máximas autoridades del Servicio. Cuál fue el rol que le cupo a cada uno y cuáles fueron las intervenciones que tuvieron las máximas autoridades de la institución, que son las que deben resolver en esta materia y están siendo cuestionadas por los gravísimos conflictos de interés que mantienen con Johnson’s y Cencosud y su anterior vinculación con la auditora Prive Waterhouse Coopers”, cuestionó.
No obstante, Inzunza recalcó que “existe molestia y dudas respecto de la tibia participación del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, en la Cámara Baja”, señalando que “éste evidenció un desconocimiento absoluto de los litigios discutidos en la Corte Suprema” realizados antes de concretar la negociación interna entre el SII y Cencosud.
“La nula información entregada por Urrejola se reflejó desde el principio de su comparecencia”, reiteró Inzunza.
Respecto del espaldarazo entregado por el presidente del CDE al SII, Sergio Urrejola, aclaró que éste “cuenta con las atribuciones legales para negociar paralelamente con los contribuyentes, que busquen y requieran una salida distinta a la que pudiera ser la resolución judicial; sin necesidad de consulta”.
Además, Urrejola sostuvo que “el CDE se aboca a los juicios tributarios en una segunda instancia, es decir, a nivel de las Cortes de Apelaciones”.
Por lo mismo, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, criticó la comparecencia de la autoridad máxima del CDE, a través de sus comités Tributario y Penal: “Lo que está en cuestión es cuál era el rol del CDE, el rol que le corresponde en defensa de los recursos fiscales, el seguimiento de los casos en tribunales, particularmente de dos casos que estaban en la Corte Suprema. Y no fue capaz de responder frente a ninguna de ellas porque permanentemente argumentó que no tenía conocimiento específico de ninguno de ellos. Me parece que eso es una actitud inadecuada para una autoridad de un organismo tan relevante para el orden institucional frente a una situación que, mientras más se avanza en la investigación, evidencia los visos de irregularidades e ilegalidades que pudieron haber ocurrido”, dijo.
En tanto, el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, señaló que con las declaraciones de Sergio Urrejola “cabe la posibilidad de que los organismos involucrados en el caso Johnson’s estén obstaculizando la entrega de información, a fin de no poder realizar un informe concluyente”.
“Hay una intención concertada de distintas instituciones públicas de aportar los mínimos de información para que nosotros no tengamos todos los antecedentes para ser categóricos en nuestra investigación. Eso lo ratificamos con la visita del presidente del CDE, que fue muy superficial, muy generalista, sin ningún detalle de lo que era este caso, a pesar de que está en la opinión pública hace tanto tiempo. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno cambie esta actitud y entregue mayores antecedentes. Y si no, ver cómo ordenamos los antecedentes para entregarlos al Ministerio Público como último camino para ver si hubo o no delito”, declaró.
Respecto de la información recabada, los dirigentes de las asociaciones de funcionarios y fiscalizadores del SII instaron a la comisión investigadora de la Cámara Baja a seguir recopilando los antecedentes y llamar a comparecer a las máximas autoridades involucradas en la negociación con Cencosud.
Según Inzunza y Apablaza, estas declaraciones “serán de vital importancia para dirimir el caso, ya sea por vía de la Contraloría General de la República o por el Ministerio Público, en caso de que el Parlamento se declare incompetente en la materia”.
Una nueva sesión llevó a cabo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acerca de la eventual evasión tributaria en el caso Johnsons.
Al Parlamento acudieron para comparecer los ocho funcionarios del SII acusados de estar relacionados en el desfalco tributario, además del entonces subdirector jurídico de la entidad, Mario Vila.
Carlos Inzunza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), manifestó la confianza en sus ocho compañeros acusados, indicando que “no son ellos, sino las máximas autoridades quienes deben asumir la responsabilidad en el fraude”.
“La dirección del Servicio, en una actitud absolutamente evasiva, trató de adjudicar la responsabilidad de una operación de esta magnitud, que no puede sino tener su núcleo central de decisión en las máximas autoridades del Servicio. Cuál fue el rol que le cupo a cada uno y cuáles fueron las intervenciones que tuvieron las máximas autoridades de la institución, que son las que deben resolver en esta materia y están siendo cuestionadas por los gravísimos conflictos de interés que mantienen con Johnson’s y Cencosud y su anterior vinculación con la auditora Prive Waterhouse Coopers”, cuestionó.
No obstante, Inzunza recalcó que “existe molestia y dudas respecto de la tibia participación del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, en la Cámara Baja”, señalando que “éste evidenció un desconocimiento absoluto de los litigios discutidos en la Corte Suprema” realizados antes de concretar la negociación interna entre el SII y Cencosud.
“La nula información entregada por Urrejola se reflejó desde el principio de su comparecencia”, reiteró Inzunza.
Respecto del espaldarazo entregado por el presidente del CDE al SII, Sergio Urrejola, aclaró que éste “cuenta con las atribuciones legales para negociar paralelamente con los contribuyentes, que busquen y requieran una salida distinta a la que pudiera ser la resolución judicial; sin necesidad de consulta”.
Además, Urrejola sostuvo que “el CDE se aboca a los juicios tributarios en una segunda instancia, es decir, a nivel de las Cortes de Apelaciones”.
Por lo mismo, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, criticó la comparecencia de la autoridad máxima del CDE, a través de sus comités Tributario y Penal: “Lo que está en cuestión es cuál era el rol del CDE, el rol que le corresponde en defensa de los recursos fiscales, el seguimiento de los casos en tribunales, particularmente de dos casos que estaban en la Corte Suprema. Y no fue capaz de responder frente a ninguna de ellas porque permanentemente argumentó que no tenía conocimiento específico de ninguno de ellos. Me parece que eso es una actitud inadecuada para una autoridad de un organismo tan relevante para el orden institucional frente a una situación que, mientras más se avanza en la investigación, evidencia los visos de irregularidades e ilegalidades que pudieron haber ocurrido”, dijo.
En tanto, el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, señaló que con las declaraciones de Sergio Urrejola “cabe la posibilidad de que los organismos involucrados en el caso Johnson’s estén obstaculizando la entrega de información, a fin de no poder realizar un informe concluyente”.
“Hay una intención concertada de distintas instituciones públicas de aportar los mínimos de información para que nosotros no tengamos todos los antecedentes para ser categóricos en nuestra investigación. Eso lo ratificamos con la visita del presidente del CDE, que fue muy superficial, muy generalista, sin ningún detalle de lo que era este caso, a pesar de que está en la opinión pública hace tanto tiempo. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno cambie esta actitud y entregue mayores antecedentes. Y si no, ver cómo ordenamos los antecedentes para entregarlos al Ministerio Público como último camino para ver si hubo o no delito”, declaró.
Respecto de la información recabada, los dirigentes de las asociaciones de funcionarios y fiscalizadores del SII instaron a la comisión investigadora de la Cámara Baja a seguir recopilando los antecedentes y llamar a comparecer a las máximas autoridades involucradas en la negociación con Cencosud.
Según Inzunza y Apablaza, estas declaraciones “serán de vital importancia para dirimir el caso, ya sea por vía de la Contraloría General de la República o por el Ministerio Público, en caso de que el Parlamento se declare incompetente en la materia”.
Una nueva sesión llevó a cabo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acerca de la eventual evasión tributaria en el caso Johnsons.
Al Parlamento acudieron para comparecer los ocho funcionarios del SII acusados de estar relacionados en el desfalco tributario, además del entonces subdirector jurídico de la entidad, Mario Vila.
Carlos Inzunza, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), manifestó la confianza en sus ocho compañeros acusados, indicando que “no son ellos, sino las máximas autoridades quienes deben asumir la responsabilidad en el fraude”.
“La dirección del Servicio, en una actitud absolutamente evasiva, trató de adjudicar la responsabilidad de una operación de esta magnitud, que no puede sino tener su núcleo central de decisión en las máximas autoridades del Servicio. Cuál fue el rol que le cupo a cada uno y cuáles fueron las intervenciones que tuvieron las máximas autoridades de la institución, que son las que deben resolver en esta materia y están siendo cuestionadas por los gravísimos conflictos de interés que mantienen con Johnson’s y Cencosud y su anterior vinculación con la auditora Prive Waterhouse Coopers”, cuestionó.
No obstante, Inzunza recalcó que “existe molestia y dudas respecto de la tibia participación del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Sergio Urrejola, en la Cámara Baja”, señalando que “éste evidenció un desconocimiento absoluto de los litigios discutidos en la Corte Suprema” realizados antes de concretar la negociación interna entre el SII y Cencosud.
“La nula información entregada por Urrejola se reflejó desde el principio de su comparecencia”, reiteró Inzunza.
Respecto del espaldarazo entregado por el presidente del CDE al SII, Sergio Urrejola, aclaró que éste “cuenta con las atribuciones legales para negociar paralelamente con los contribuyentes, que busquen y requieran una salida distinta a la que pudiera ser la resolución judicial; sin necesidad de consulta”.
Además, Urrejola sostuvo que “el CDE se aboca a los juicios tributarios en una segunda instancia, es decir, a nivel de las Cortes de Apelaciones”.
Por lo mismo, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, criticó la comparecencia de la autoridad máxima del CDE, a través de sus comités Tributario y Penal: “Lo que está en cuestión es cuál era el rol del CDE, el rol que le corresponde en defensa de los recursos fiscales, el seguimiento de los casos en tribunales, particularmente de dos casos que estaban en la Corte Suprema. Y no fue capaz de responder frente a ninguna de ellas porque permanentemente argumentó que no tenía conocimiento específico de ninguno de ellos. Me parece que eso es una actitud inadecuada para una autoridad de un organismo tan relevante para el orden institucional frente a una situación que, mientras más se avanza en la investigación, evidencia los visos de irregularidades e ilegalidades que pudieron haber ocurrido”, dijo.
En tanto, el diputado DC y miembro de la comisión investigadora, Patricio Vallespín, señaló que con las declaraciones de Sergio Urrejola “cabe la posibilidad de que los organismos involucrados en el caso Johnson’s estén obstaculizando la entrega de información, a fin de no poder realizar un informe concluyente”.
“Hay una intención concertada de distintas instituciones públicas de aportar los mínimos de información para que nosotros no tengamos todos los antecedentes para ser categóricos en nuestra investigación. Eso lo ratificamos con la visita del presidente del CDE, que fue muy superficial, muy generalista, sin ningún detalle de lo que era este caso, a pesar de que está en la opinión pública hace tanto tiempo. Por lo tanto, esperamos que el Gobierno cambie esta actitud y entregue mayores antecedentes. Y si no, ver cómo ordenamos los antecedentes para entregarlos al Ministerio Público como último camino para ver si hubo o no delito”, declaró.
Respecto de la información recabada, los dirigentes de las asociaciones de funcionarios y fiscalizadores del SII instaron a la comisión investigadora de la Cámara Baja a seguir recopilando los antecedentes y llamar a comparecer a las máximas autoridades involucradas en la negociación con Cencosud.
Según Inzunza y Apablaza, estas declaraciones “serán de vital importancia para dirimir el caso, ya sea por vía de la Contraloría General de la República o por el Ministerio Público, en caso de que el Parlamento se declare incompetente en la materia”.
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