Sin la presencia del presidente de la comisión de Pesca, Antonio Horvath, la semana pasada los senadores oficialistas intentaron aprobar la idea de legislar de la llamada “Ley Longueira”, con lo que se volvía innecesario seguir escuchando los reparos de las distintas organizaciones sociales, de trabajadores y los pueblos indígenas.

Esto generó una respuesta inmediata, ante lo que el senador Horvath desechó la propuesta y abrió la posibilidad de dirigirse a provincias para sesionar, y así acercar la discusión a las comunidades locales. Se fijaron incluso como puntos de destino la primera región, la quinta, la región del Biobío, Los Lagos, Magallanes y Aysén.

A esta medida se suma la generación de un proceso de Consulta a los pueblos originarios. Un proceso que responde, según el Senador Horvath, a un desafío “en el sentido positivo, pues como poder del Estado, podríamos ser lo suficientemente creativos para generar instancias de participación”. Este será “un proceso piloto para recabar sus opiniones”, el que sin embargo tendrá que realizarse “dentro de los plazos que exige la ley, pues de aquí a fin de año tenemos que tener una ley modificada”, detalló el parlamentario.

Horvath añadió que la cámara alta está desarrollando un documento de fácil comprensión, que contextualiza la actividad pesquera desde los orígenes hasta el día de hoy, donde se detallan las distintas leyes y en especial la que está en vías de modificación, lo que facilitaría el proceso que se está acordando.

Este plebiscito sería una especie de prototipo, ya que –recordemos- la Consulta no ha sido definida aún por el Ejecutivo, que quiere regularla a través de un decreto, a lo que se oponen los indígenas, quienes argumentan que está establecida en el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Ante esto, los dirigentes manifestaron su desconfianza a la medida. El Representante del Comité por la Defensa del Mar, Boris Hualme, se declaró dubitativo ante este escenario, ya que “están haciendo las cosas como siempre las han hecho, con mucha mentira, con mucho engaño”, refiriéndose a este proceso de consulta anunciado por Horvath.  “Hemos tenido que presionar para que pudieran acceder a hacerlo, entonces no hay nada claro”, aseguró Hualme.

Por otro lado, la ONG Ecoceanos recordó que anteriormente este proyecto fue discutido y aprobado en la cámara de diputados en tiempo record, con la presión del ministro de Economía y que ahora hay un nuevo contexto y una nueva dinámica, marcada por la entrada de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

Recordemos también que, desde distintas organizaciones sociales, han denunciado que esta legislación sólo favorece a siete grandes familias y que podría significar el fin de la pesca artesanal en nuestro país. Así lo expresó Alfredo Irarrázaval, gerente de Pymepes, agrupación que reúne a las pequeñas empresas pesqueras, quien asegura que estamos ante “una ingeniería política para sacar una ley lo más rápido posible, lo menos consensuada posible y que beneficie solo a los grandes grupos económicos de este país”.

A raíz de esto, según Alfredo Irarrázaval, “la pesca artesanal no se ve mejorada por este proyecto de ley, ya que los pequeños empresarios estamos subyugados a lo que la gran industria quiera entregar. Ellos tienen concentrado el sector de pesca, tienen la mayor cantidad de cuotas de pesca”, precisó.

El dirigente sindical también manifestó su desconfianza ante el actuar de los parlamentarios e hizo un llamado a todas las organizaciones a incorporarse al debate, señalando que “La ley de Pesca no es un tema sólo de las pequeñas o grandes empresas pesqueras, sino que es un asunto de interés Nacional”, ya que “si llegan privatizar el agua, estarán privatizando la vida”.