El pleno de la Corte Suprema se pronunció acerca de los dichos de la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, respecto del fallo contra la central Termoeléctrica Castilla.

La postura del máximo tribunal, fue entregada a través de una declaración pública, por el ministro vocero de la corte, Hugo Dolmestch, quien recalcó que “la secretaria de Estado sobrepasó la crítica, y desconoció las atribuciones que le corresponden a los tribunales de justicia”.

En este sentido, el ministro Dolmestch señaló que “constituyen una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia. En este contexto, el pleno de la Corte Suprema manifiesta su total y decidido rechazo a las declaraciones de la señora ministra del Medio Ambiente que han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales para el mantenimiento de la estabilidad democrática y el estado de derecho”.

En esa materia, la senadora DC, Soledad Alvear, llamó a respetar la institucionalidad y los poderes del Estado, con independencia y sin intromisión.

Asimismo, Alvear sostuvo que le “llama la atención” el respaldo que los ministros de Justicia y del Interior, Teodoro Ribera y Rodrigo Hinzpeter, realizaron a la postura de la ministra Benítez.

En esa línea, la senadora de la DC indicó que “no corresponde emitir opiniones respecto de los fallos, ni corresponde analizar o dar a conocer opiniones técnicas sobre los mismos y menos revivir procesos fenecidos, sino que corresponde acatarlos. Me llama la atención que esta opinión expresada por la ministra Benítez haya sido avalada, además, por otros ministros del Gobierno, incluyendo el propio ministro del Interior, que es abogado, pero en el funcionamiento del estado de derecho los fallos se acatan”.

En tanto, Lucio Cuenca, miembro del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que “es necesario resguardar el sistema democrático de Chile”, manifestando que “luego de sus dichos, la permanencia de Benítez en el cargo pone en riesgo la convivencia democrática del país”.

En esa perspectiva, el dirigente ambientalista señaló que “aquí lo que se requiere es un juicio político del actuar del Gobierno y particularmente de la ministra. Creo que lo coherente sería que el Gobierno le exija la renuncia o que ella por la situación creada renuncie a su cargo. Si esto no es así, bienvenidas serían otras medidas como una interpelación o una acusación constitucional, porque ella está poniendo en riesgo nuestro sistema democrático”.

Respecto de las sanciones políticas que le corresponden a la ministra Benítez, Alfonso de Urresti, diputado socialista y miembro de la Comisión de Medioambiente de la Cámara Baja, recalcó que “el Presidente Piñera deberá tomar medidas luego del categórico rechazo emitido por la Corte Suprema”, de lo contrario “será citada a declarar al Parlamento para evaluar su posible renuncia”.

Esta medida fue adoptada por un grupo de parlamentarios de oposición, quienes solicitaron al Ejecutivo que tome la decisión, antes de que sea el Poder Legislativo quien actúe.

“Los dichos de la ministra constituyen una afectación de la independencia y autonomía de los tribunales de justicia y eso la  coloca al margen de la legalidad y la pone en un entredicho para seguir ocupando su cargo. La vamos a invitar a declarar a la comisión, pero junto con eso se van a redoblar los esfuerzos para ver si procede una acusación constitucional y esperamos hacerla mañana cuando funcione la comisión de Medio Ambiente, sin perjuicio de eso estudiar las implicancias constitucionales de estos desafortunados comentarios de la ministra”, indicó Alfonso de Urresti.

Pese a las declaraciones del Máximo Tribunal, parlamento y sociedad civil organizada; la secretaria de Medioambiente no quiso referirse al pronunciamiento público emitido por la Corte Suprema, ni a la sugerida inhabilitación de su cargo, quedando pendiente la ratificación de sus dichos luego del vehemente rechazo manifestado por el Poder Judicial.

Gobierno defiende “legítimo derecho” de la ministra a opinar

En relación al pronunciamiento emitido por la Corte Suprema acerca de la “intromisión” de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, sobre el fallo que frenó la instalación de la Termoeléctrica Castilla, el Gobierno ratificó su apoyo irrestricto a la secretaria de Estado.

En palabras del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, el Ejecutivo  recalcó que “los comentarios realizados por Benítez se enfocaron en aspectos técnicos y con posterioridad al fallo del Máximo  Tribunal”.

En este sentido, Ribera argumentó que “todo ciudadano o autoridad pública tiene el legítimo derecho de emitir su opinión respecto de las actuaciones del cualquier poder del Estado, siempre y cuando lo haga con debido respeto”

“El Gobierno entiende que las opiniones emitidas por la ministra encargada de velar por el correcto funcionamiento del sistema institucional medio ambiental han sido expresadas en su calidad técnica, con total respeto hacia la Corte Suprema y no han tenido ninguna intención de afectar la independencia del Poder judicial”, agregó el titular de Justicia.

No obstante, Pablo Ruiz-Tagle, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aclaró que “si bien todos tiene la facultad de opinar, parte del respeto consiste en emitir juicios fundamentados y con conocimiento”, recalcando que la ministra Benítez es ingeniera y “no tiene por qué saber los fundamentos legales de lo que está criticando”.

El abogado explicó que “en estas materias sería bueno que opinaran abogados o derechamente el ministro Ribera, por qué le parece equivocada la sentencia y que opine con conocimiento  porque la propia ministra declara que no es abogada y que no entiende alguna de las cosas de la sentencia”, dijo.

Además, Ruiz-Tagle sostuvo que “las palabras del ministro vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch son muy graves”, en tanto señalan que “los dichos de la ministra de Medio Ambiente desconocen las atribuciones de los tribunales y que atentan contra la institucionalidad”, por lo que resulta necesario que Benítez declare ante el Parlamento y explique qué quiso decir específicamente con sus comentarios.

“Y que también citen e interpelen al ministro de Justicia por este mismo asunto, de manera que el Gobierno pueda refinar su posición con una seriedad mayor que buscando golpes comunicacionales que ellos mismos dicen no entender”, agregó el jurista.

A esta opinión se suma entonces la arremetida de parlamentarios de oposición que exigen la renuncia de la ministra Benítez, o bien su interpelación.